Carlos Figueroa Ibarra | Política y sociedad / LA TRAVESÍA DEL SALMÓN

El 20 y 21 de noviembre de 2015, Morena realizó su Congreso Nacional y eligió a los 300 integrantes del Consejo Nacional y a los 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Además de eso, el Congreso aprobó lo que podría llamarse la estrategia para enfrentar el proceso electoral de 2018. La estrategia electoral de Morena puede resumirse en una suerte de búsqueda de los antídotos para contrarrestar el fraude. Resulta revelador para lo que estamos sosteniendo en este trabajo que en su discurso al Congreso López Obrador dijera: «No podemos confiarnos, 2018 no va a ser un día de campo… En especial debemos cuidarnos del manejo tendencioso de los medios de comunicación y de la compra del voto». En otras palabras, de la propaganda negra y del fraude electoral. Y en ese Congreso se aprobó lo que ya era una práctica habitual entre la militancia de Morena, algo sobre lo cual López Obrador venía insistiendo desde la campaña electoral de 2006: la necesidad de hacer trabajo «a ras de tierra», de ir «casa por casa, puerta por puerta» para convencer a la población de la necesidad de un cambio de régimen. En esta ocasión la campaña de «casa por casa, puerta por puerta» tenía un objetivo adicional: la organización de comités seccionales en cada una de las más de 68 mil secciones electorales que constituyen a los 300 distritos electorales en las cinco circunscripciones nacionales.

La organización de los comités seccionales tiene un valor estratégico para contrarrestar al fraude. Como se dijo líneas atrás, una parte importante del mismo se observa en las casillas electorales a través de la adulteración de las actas electorales, de convertir votos favorables a Morena en votos nulos, de contar indebidamente los votos, el acarreo de votantes, la inducción del voto en las afueras de los centros de votación y otras prácticas indebidas. Los comités seccionales tendrían la función de organizar la promoción del voto para Morena en cada una de las secciones electorales, de movilizar a votantes a través de la exhortativa de salir a votar el día de las elecciones (uno de los elementos del fraude es la promoción del abstencionismo). Lo más importante: la organización de la estructura de la defensa del voto con representantes de Morena en las casillas electorales. En los procesos electorales observados en 2006 y después de ese año, la oposición de izquierda mostró una falencia importante en lo que se refiere a la presencia de sus representantes de casilla en los lugares de votación. Todavía en fechas tan recientes como la del 4 de junio de 2017 en el estado de México, Morena mostró deficiencias importantes en el cubrimiento de las casillas electorales. El autor de este trabajo no ha podido tener información fidedigna sobre el porcentaje de casillas cubiertas en dicha elección, pero dirigentes y activistas de Morena le han dado testimonio de que se habría dejado de cubrir al menos 40 % de las casillas. Esto resultó crucial para el triunfo de la coalición encabezada por el PRI por apenas 2.78 % de diferencia.

Las falencias en lo que se refiere al cubrimiento de representantes del partido en las casillas electorales nos lleva al segundo elemento de la estrategia electoral de Morena para el 2018, que es la política de alianzas. En el Congreso Extraordinario de junio de 2017, López Obrador propuso los tres ejes de la política de alianzas del partido, las cuales fueron aprobadas no sin trabajos por los congresistas. Esta política de alianzas se había venido llevando a la práctica con la firma de los Acuerdos de Unidad por la Prosperidad y el Renacimiento de la Nación en las 32 entidades del país. La firma de tales acuerdos llevó a los templetes de los mítines de Morena a personajes hasta hacía poco tiempo impensables al lado de Andrés Manuel López Obrador. Morena definió en ese congreso que las alianzas de Morena comprenderían la coalición con un partido político, el Partido del Trabajo (PT). En el contexto del proceso electoral del estado de México, López Obrador respondió a los llamados del PRD a hacer una coalición electoral en las elecciones de 2018, instando al PT y al propio PRD a que declinaran sus candidaturas a la gubernatura de dicho estado para poder considerar tal alianza. Como es sabido, el candidato del PT Oscar González Yañez declinó mientras que el del PRD, Juan Zepeda Hernández, no lo hizo. Estos hechos definieron que, a diferencia de 2006 y 2012, no se efectuara la alianza del lopezobradorismo con el PRD y tampoco con Movimiento Ciudadano (MC). Por ello, pese a la oposición de una parte importante del Congreso, la cual motivó que López Obrador hiciera una intervención adicional, los congresistas por mayoría terminaron aprobando este primer eje de la política de alianzas. En el Consejo Nacional del 9 de julio de 2017, fue aprobada una moción presentada por Bertha Luján (presidenta del Consejo) en el sentido de otorgarle facultades al Comité Ejecutivo Nacional para vislumbrar alianzas con otros institutos políticos. Con esa facultad, Morena logró llegar a una alianza electoral con un naciente partido de protestantes conservadores, el Partido de Encuentro Social (PES) el cual en 2015 obtuvo 1 319 203 votos (3.32 %). EL PES viene de una historia de alianzas con el PRI y de posiciones conservadoras en relación al matrimonio igualitario y el derecho de la mujer a decidir (Plumas Atómicas, 2017). Se declaran juaristas y partidarios de la separación entre la Iglesia y el Estado, lo cual es explicable porque fue el presidente Benito Juárez quien con la Ley de Libertad de Cultos (1860) permitió la entrada al protestantismo a México. No obstante ello, el ingreso del PES a la coalición Juntos Haremos Historia, generó indignación en los sectores de izquierda de Morena y particularmente en la comunidad LGBTIA de dentro y fuera del partido.

El segundo eje de la política de alianzas fue el de aquellas con todos los sectores de base de los distintos partidos políticos del país. Con ello se le daba legitimación a lo que ya se estaba observando en todo el país: la traslación de sectores importantes del PRI, PRD, PAN y de otros partidos hacia las filas de Morena. Esta traslación no solamente ha incluido a los militantes, afiliados o simpatizantes de base sino también a dirigentes medios y altos, algunos de gran relevancia, de dichos partidos. En medio de grandes descontentos en las bases y aun dirigencias de Morena, en todos los estados de la República durante 2017 y 2018 han aparecido políticos profesionales de alto y mediano calibre que súbitamente han comprendido que «habían estado equivocados» o que «las condiciones han cambiado» y en el contexto de las encuestas electorales favorables a López Obrador (Camacho, 2018) han migrado a Morena y rápidamente han ocupado candidaturas a puestos de elección popular. Estos personajes llegan a Morena con diversas experiencias en el manejo de estructuras de organización y movilización del voto, con capital económico, social y simbólico. Por ello han resultado fácilmente ganadores en las encuestas, método definido por el partido para tomar decisiones sobre candidaturas a puestos de elección popular. A los políticos profesionales procedentes de otros partidos hay que agregar figuras famosas en el mundo artístico o deportivo.

Finalmente, el tercer eje de alianzas aprobado en el Congreso de junio de 2017 fue el de las que se realizarían con «todos los sectores sociales». Con ello se formalizaba en un acuerdo la búsqueda de una alianza con un sector importante del empresariado y la búsqueda del apoyo de las clases medias. En general, puede decirse que en 2017, Morena ya había terminado de cooptar todo el espacio de la izquierda y centro izquierda propiamente política. La debacle del PRD a nivel nacional, la traslación de bases del PT y del Movimiento Ciudadano (MC), así como de buena parte de los activistas de base de los movimientos sociales, revelaban que esa parte de la acumulación de fuerzas ya se había cumplido. Era necesario también conseguir apoyo del centro hacia la derecha del espectro político. En el plano de los partidos políticos, esto se logró con la realización del segundo eje de alianzas que hemos mencionado líneas atrás. En la esfera social, la alianza con el centro y parte de la derecha implicó el acuerdo con sectores empresariales. Evidenciaron ese puente hacia un sector del capital del país, no solamente la presencia del prominente empresario regiomontano Alfonso Romo y de Esteban Moctezuma Barragán en la coordinación del programa de gobierno para el 2018-2024. También lo hizo la misma composición del gabinete que acompañaría a López Obrador en la eventualidad de que ganara las elecciones de julio de 2018. En el posible gabinete presentado por el líder de Morena el 13 de diciembre de 2017, solamente 4 integrantes del mismo podían pensarse como de trayectoria de izquierda: María Luisa Albores, Luisa María Alcalde, Irma Eréndira Sandoval y Rocío Nahle. Entre casi todos los demás integrantes encontramos a personas que difícilmente podemos colocar en la izquierda. No cabe duda que el posible gabinete de gobierno de López Obrador proviene de las entrañas del establishment neoliberal de México.

Finalmente, hay un tercer elemento en la estrategia electoral de Morena para el 2018, es el uso intensivo y masivo de las redes sociales por su equipo de campaña, pero sobre todo por los seguidores de López Obrador. Si la estructura territorial y la política de alianzas fueron pensadas para contrarrestar el fraude electoral, la política de alianzas y las redes sociales lo fueron para neutralizar la propaganda negra y el linchamiento mediático al que ha estado sometido López Obrador. El propio López Obrador se ha referido a la utilidad que han tenido el Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube en alguno de los videos que por dichos medios se reproducen millones de veces. Ha dicho «¡benditas redes sociales!» y las ha valorado por desactivar la feroz propaganda de la derecha neoliberal en su contra. Contrariamente a lo que se ha dicho, el uso de redes sociales es algo que ya no solamente compete a las clases y capas más altas de la sociedad mexicana. Una firma de análisis revelaba que durante el segundo semestre de 2016, el número de usuarios había crecido en un 18.9 % respecto al mismo período en 2015. Esto implicaba que los usuarios de las distintas plataformas ascendían en ese momento a 64.5 millones de internautas (López, 2016). Otro estudio hecho en 2017 por una asociación llamada Asociación de Internet Mx (antes llamada Amipici), elevaba el número de usuarios de internet en México a 70 millones de personas (57 % de la población total). Un dato muy importante de este estudio es que afirmaba que en 2006, el año en el cual la derecha declaró que vivíamos en peligro a causa de López Obrador, el número de usuarios de internet era de 20 millones (18 % de la población total), es decir 50 millones menos de lo que en la actualidad sucede. Además, el 90 % de los usuarios accedían a las redes a través del teléfono celular, por lo que la información, cualquiera que esta sea, corría rápidamente y sin obstáculos mayúsculos (Rebolledo, 2017).

Con una población de usuarios de internet y redes sociales que pasó de 18 % en 2006 a 57 % en 2017, no cabe duda que el uso de redes fue una sabia decisión de los estrategas electorales de López Obrador y, reiteramos, de los millones de sus simpatizantes. En este proceso electoral de 2018, las redes sociales son ya un notable campo de batalla.

Carlos Figueroa Ibarra

Sociólogo. Profesor investigador en el Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP. Actualmente secretario nacional de Derechos Humanos, Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

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