Nery R. Villatoro Robledo | Política y sociedad / HECHOS E IDEAS DE NUESTRO TIEMPO

Con bombos y platillos, una nutrida delegación oficial, encabezada por el presidente Morales, acudió a Israel para oficializar la apertura de la sede diplomática guatemalteca en Jerusalén, cuya ubicación se traslada desde Tel Aviv como consecuencia de una decisión que, desde mi perspectiva, puede explicarse al menos por dos razones y que, además, deja mucho que desear de la «política exterior», si es que la hay, de la administración actual.

La primera es que la decisión del Ejecutivo se da como «efecto rebote» de la que adoptó la Casa Blanca en el mismo sentido, pero, en su caso, en el contexto de una política exterior dictada por los intereses geopolíticos del imperialismo estadounidense en una zona en la que Israel, dominado por el sionismo expansionista y guerrerista, es su principal aliado en el Medio Oriente.

En cambio, para el Gobierno guatemalteco, la decisión se relaciona, en las condiciones políticas del momento, no con una política exterior coherente con los intereses del país, sino, por el contrario, con una «política exterior» que está condicionada por la «lucha anticorrupción» que impulsa y apoya el Gobierno de los Estados Unidos con el viejo cuento de la defensa de la democracia. Esto hace pensar que en Guatemala se ha instalado de manera descarada lo que podría denominarse, sin tapujos, como una «política exterior de servilismo interesado» sin zanahoria de por medio.

Ya desde el 2015, en el marco de la crisis política, no fuimos pocos los que advertimos que Guatemala se había convertido en un protectorado de Estados Unidos, de cuya embajada salieron o se consultaron las principales decisiones políticas desde antes que se destapara el caso La Línea, incluso la celebración de las elecciones generales de ese año, pese a la exigencia de buena parte de la ciudadanía que salió a manifestar para, por lo menos, posponer el evento electoral y así dar tiempo a reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de manera que se garantizara una mejor representación y un efectivo control del financiamiento electoral, entre otras reformas.

Sin embargo, la embajada, la burguesía, los partidos, pactaron para que las elecciones se celebraran; incluso la «izquierda» electoral que argumenta que es mejor estar dentro que afuera, se inclinó por la realización de las elecciones en la fecha programada. Dicho sea de paso, a Estados Unidos le interesaba que se destapara la cloaca de la corrupción para poder limpiar lo que flota, pero no lo que está en las profundidades, porque limpiar hasta el fondo implica poner el riesgo este sistema que al capital transnacional y local le es funcional.

El protectorado funcionó sin problemas (se dice que varios ministros fueron nombrados con el visto bueno de la embajada), hasta que el corazón de la oligarquía se sintió amenazado por la solicitud de antejuicio a Álvaro Arzú, el alcalde muerto. Hoy, el punto de la discordia entre la embajada, y lo más nefasto de la oligarquía/burguesía, políticos, funcionarios y las mafias, articulados en el Pacto de Corruptos, es la continuidad de la Cicig y, particularmente, del comisionado Iván Velásquez. De manera que, plegarse a una decisión del Gobierno de Estados Unidos y decidir trasladar la embajada guatemalteca de Tel Aviv a Jerusalén parece tener el propósito de lograr el apoyo de Trump para retirar del cargo al actual comisionado.

Hay una segunda razón para el traslado de la embajada. Israel fue uno de los principales apoyos del Estado en su lucha contrainsurgente. Cuando el Gobierno de Carter, en una supuesta defensa de los derechos humanos, quitó la ayuda militar a Guatemala, ya estaba decidido el canal a través del cual fluiría: Israel. El Gobierno israelí canalizó todo tipo de ayuda militar a los gobiernos contrainsurgentes de la dictadura militar, incluso entrenamiento y asesoría en técnicas de tortura e interrogatorio. Desde hace muchas décadas, el sionismo israelí y la extrema derecha guatemalteca han sido fieles aliados. Hay, por así decirlo, una vieja deuda de la extrema derecha oligárquica y militar para con Israel.

De suerte que, al trasladar la embajada hacia Jerusalén, el Gobierno guatemalteco, por un lado, reafirma esos vínculos con el sionismo israelí y muestra su «gratitud» por el apoyo que el Estado judío dio a la contrainsurgencia guatemalteca; mientras, por otro, acude a Israel con la esperanza de que el Gobierno encabezado por Netanyaju interceda ante el de Estados Unidos para frenar a la Cicig.

No importa si el traslado de la embajada a Jerusalén sea una violación al derecho internacional, incumpliendo resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el estatuto de esa ciudad. Hay que recordar que, por resolución de la ONU, Jerusalén fue divida en dos, correspondiendo la parte oeste a Israel y la del este a Palestina. Sin embargo, en 1980 Israel aprobó la Ley Jerusalén, intentando anexionarse la parte del este, declarando a esa ciudad como su «capital eterna e indivisible». La resolución 478 del Consejo de Seguridad, del 20 de agosto de ese año, condenó ese intento anexionista y afirma que Israel incumplía resoluciones como la 476. Asimismo, el Consejo de Seguridad no reconoció la Ley Jerusalén y pidió a los Estados miembros de la ONU retirar sus misiones diplomáticas de Jerusalén y trasladarlas a Tel Aviv, como medida de castigo.

La decisión del Gobierno guatemalteco entraña una clara violación del derecho internacional, particularmente incumple resoluciones de las Naciones Unidas referidas al estatuto de Jerusalén. No solo eso. Se convierte, al igual que Estados Unidos, en responsable de las consecuencias que esa decisión traiga consigo, especialmente en la agudización del conflicto palestino-israelí y sus efectos en la población palestina.

El día de la apertura oficial de la sede diplomática en Jerusalén, la respuesta del pueblo palestino no se hizo esperar, con resultado de varias personas asesinadas, niños incluidos. Una nueva intifada es el único camino que le queda al pueblo palestino. Y a nosotros nos demanda la más amplia solidaridad para con su lucha.

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa. Ejerce el periodismo de opinión desde hace 25 años. Es autor de estudios sobre la cuestión agraria, la tenencia y mecanismos de acceso a la tierra, y la seguridad alimentaria. Autor de varios ensayos políticos en revistas especializadas, y de más de mil artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita.

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