-Mario Polanco / NO MÁS IMPUNIDAD–
Aunque es exagerada la afirmación acerca de que Guatemala está siendo agitada desde sus cimientos, la realidad es que los grupos que tradicionalmente han mantenido el poder político, económico y militar están sufriendo las consecuencias de las ambiciones que provocaron su participación en corrupción o en crimen organizado.
Las investigaciones realizadas por la Cicig y el MP no han alcanzado todas las estructuras que han mantenido cooptado al Estado, no porque no exista voluntad, sino porque el cáncer que ha carcomido a esta estructura es tan grande que se requeriría de aparatos de investigación mucho más numerosos y equipados que los existentes. Pero lo que es un hecho, es que quienes forman parte o han estado vinculados a estas organizaciones criminales se encuentran atemorizados, especialmente en estos momentos en que la fiscal ha anunciado al menos diez casos esclarecidos antes que ella termine su gestión.
Como consecuencia de los avances en las investigaciones penales, quienes forman parte del denominado Pacto de Corruptos han establecido alianzas que han permitido mantener el control de espacios significativos en los tres organismos del Estado; es innegable que magistrados y jueces siguen aplicando la ley en favor de la impunidad o que a partir de la llegada de Álvaro Arzú hijo a la Presidencia del Congreso se pueda abrir una etapa en la que se establezcan líneas encaminadas a legislar contra la poca institucionalidad garante del Estado de derecho, en tanto que en el Ejecutivo, el presidente se ha convertido en un instrumento de quienes promueven el debilitamiento de las instituciones de justicia.
En condiciones adversas para la justicia y el Estado de derecho, se presentan dos elecciones importantes en 2018, la de fiscal general y jefe del Ministerio Público y la de la Contraloría General de Cuentas, se hará referencia únicamente al MP. La Comisión de Postulación está funcionando, habiendo avanzado de manera positiva en la aprobación del cronograma que establece lo que la ley mandata, en el mismo se incluyen las pruebas psicométricas y permite cumplir con los periodos ordenados por la Constitución Política de la República. Sobre el perfil de idoneidad de manera correcta se contemplan los méritos académicos, profesionales, éticos y de proyección humana, en este último se incluye la independencia, la no vinculación con el crimen organizado y el abuso de poder, además de no haber contribuido al retardo de justicia.
Preocupa sobremanera que como consecuencia de no permitir que organizaciones de la sociedad civil incidan en las decisiones de la Comisión, en tres aspectos existe algún tipo de debilidad, la primera se refiere a las normas internas de funcionamiento, se le resta importancia a las denuncias que pudieran existir, por ejemplo, ante el tribunal de honor del Colegio de Abogados y Notarios, reparos ante la CGC y en la tabla de gradación, la experiencia que pudiera tener una persona por haber participado en algún tipo de organización de la sociedad civil no es tomada en cuenta.
En segundo, la guía de entrevistas presenta desconexión con lo planteado en el perfil de idoneidad, hay ausencia de temas clave. En tercer lugar está la tabla de gradación en la que se identifican la falta de rigor, integralidad y coherencia con el perfil de idoneidad.
La Comisión de Postulación para fiscal del MP se encargará de elaborar una lista con seis profesionales del derecho, luego será el presidente de la República quien elegirá a una de esas personas; conociendo los antecedentes proimpunidad del presidente, es altamente probable que de los seis escoja al que presente condiciones de mayor permeabilidad a entorpecer los casos emblemáticos que se están conociendo ante los tribunales de justicia.
Como ya se expuso, las falencias que existen en la Comisión de Postulación son las que eventualmente podrían permitir que en el grupo de los seis profesionales pase una o varias personas que presente el perfil idóneo para hacer retroceder a Guatemala a periodos en que a los corruptos se les protegía y premiaba.
Jimmy Morales mantiene el discurso anti Cicig y anti procesos penales contra personas vinculadas con corrupción, violaciones a los derechos humanos y crimen organizado, hay que recordar que él mismo está siendo investigado y es objeto de un trámite para retirarle el derecho de antejuicio que el cargo le brinda. Además, su hijo y su hermano se encuentran ligados por delitos relacionados con corrupción, varios de los integrantes de su partido han sido señalados de pertenecer a estructuras clandestinas, entonces él mismo tiene el interés de garantizar el debilitamiento del MP y de la cancelación del convenio de creación de la Cicig.
Es importante estar alertas ante las decisiones de la Comisión de Postulación del MP, solamente con la vigilancia y el señalamiento de debilidades se puede lograr contar con un MP independiente y sin vínculos con estructuras clandestinas. 
Mario Polanco
Graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con Maestría en Seguridad y Defensa por la Universidad Mariano Galvez, actualmente director del Grupo de Apoyo Mutuo. Activista de derechos humanos, haciendo esfuerzos para que no haya más impunidad.
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