Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

Ha transcurrido una semana desde que el país cayó en un abismo de incertidumbre, ingobernabilidad y desesperanza, las cuales son mucho mayores a las que existían para entonces. Y todo porque el viernes 31 de agosto, confirmando la imagen de tonto inútil que se ha ganado a pulso, el presidente Jimmy Morales anunció su decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuya vigencia expira en septiembre de 2019.

Desde entonces han abundado los comentarios acerca de lo chocante del mensaje visual enviado por un presidente rodeado de militares, haciendo copartícipe al Ejército de un acto político que riñe frontalmente con la condición de ente apolítico y no deliberante que le asigna la Constitución de la República. De manera inequívoca, se trata de un acto que, tarde o temprano, debería ser objeto de denuncia ante esta violación del texto fundamental.

Cabe recordar que desde 1986, año de la instauración de los gobiernos democráticos, la oficialidad castrense había sido muy cautelosa a la hora de hacer presencia en actos del Ejecutivo. Esa línea profesional se rompió con Morales, cuyo servilismo hacia la soldadesca llega a la ignominia, más aún cuando esa simpatía es factible de traducirse en forma de bono militar.

Lo peor es que algunos ideólogos del neofascismo guatemalteco han pretendido justificar la comparecencia de las fuerzas armadas con argumentos tan cargados de estolidez como ese de: «el presidente actúa junto al Ejército cuando se trata de actos en defensa de la soberanía nacional».

De paso, al hacer el anuncio le brotó el cobre de aprendiz de dictador, al pretender imponerle a la Comisión la tarea de dedicarse solo al traslado de capacidades institucionales, cercenando de un plumazo el acuerdo suscrito entre la ONU y el Estado de Guatemala, en el cual se definen las competencias de la Cicig. En el fondo, lo que dijo fue: «la Comisión no puede emprender más investigaciones ni actuar como querellante adhesivo».

Pero lo que no midieron Morales y sus soldados, fue la dimensión del gigante con el que pretendían enfrentarse. Nunca midieron o perdieron la perspectiva de que el asunto ya no era con Velásquez, ni con la Cicig. Tampoco con el procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad o los grupos pro Cicig. Ahora la cosa era con António Guterres, el mero mero de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, con la ONU misma. ¡Ah! Y con la mayoría de los países donantes, excepto Washington y su ambivalente actitud de última hora.

Como era de esperarse, la decisión presidencial desató pasiones en las redes sociales, abriendo paso a uno de esos típicos capítulos de enfrentamientos estériles, donde la ausencia de ideas suele ser suplida por andanadas de insultos y kilómetros de sandeces tan propias del «argumentario» utilizado por los todólogos que pululan por la aldea global.

Sin embargo, en las redes humanas, el ambiente no era propicio para memes ni tonterías. El retorno al pasado dio lugar a una guerra política en la que, una vez más, el tonto inútil y sus asesores castrenses salieron por la borda. Creyeron, ilusamente, que vedando el ingreso a Velásquez se terminaba el problema, cuando en realidad solo se hacía más grande e inmanejable.

La respuesta de Guterres, solicitando al comisionado continuar su función «a control remoto», no se la esperaban Morales ni los ministros Degenhart, de Gobernación, ni Ralda de la Defensa, ni nadie.

Es entonces el momento de preguntarnos: ¿quién sale ganando y quién pierde con este enfrentamiento entre Morales y Velásquez?

Para muchos, el gran perdedor es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, no puede perderse lo que nunca ha empezado. Y es que, tal y como lo he mencionado en múltiples ocasiones, aquí jamás ha existido semejante lucha. Lo que hubo es una inacabada persecución de presuntos responsables de hechos de corrupción, pero sin atenderse otros aspectos que realmente le darían el carácter de «lucha».

Es un hecho inequívoco que esos casos que han sido llevados ante la justicia no tienen -no deben tener- marcha atrás, por mucho que Pérez Molina, Roxana Baldetti y todos sus fanes estén celebrando con descorche de botellas. Y por ende, reorientar la lucha contra la corrupción e impunidad, de manera que realmente contribuya a construir un sistema de justicia, sería un elemento ganador en esta contienda.

Por otro lado, el regreso de Velásquez resulta impredecible. Incluso, hay quienes opinan que debió marcharse inmediatamente después de que la Corte de Constitucionalidad lo amparó en 2017, porque a partir de entonces su trabajo perdió brillantez y se cuestionó mucho más su imparcialidad (y no solo por parte de los libertaroides y neofachosos). Al fin y al cabo, en una pelea, más de algún rasguño se gana cada contendiente.

¿Qué garantía se tiene de que ahora sus acciones serán incuestionables y libres de señalamientos? ¿Quién asegura que el comisionado estará cómodo, desarrollando un rol en el que solo se le permite «transferir capacidades»? Por su parte, la ONU no puede sostener indefinidamente un pleito con Morales: nos guste o no, todavía es la máxima autoridad de un Estado miembro de dicha entidad.

Así que el destino de la Cicig parece sellado. A estas alturas, la única posibilidad de extender su mandato -visto el giro de la Casa Blanca que dificulta un acuerdo por la vía diplomática- sería si una inesperada presión popular sin precedentes conduce al eventual derrocamiento de Morales, bajo la condición de que su sucesor eche marcha atrás a lo actuado y se comprometa a extender el mandato nuevamente. Difícil, mas no imposible.

Por tanto, esta no es una simple batalla entre ganadores o perdedores. No es el triunfo de la derecha sobre los chairos o viceversa. Es la urgencia del país de salir del pantano presente, la disyuntiva entre regresar al pasado o finalmente encaminarnos hacia el futuro.

Fotografía tomada de Semanario Universidad.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

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