Nery R. Villatoro Robledo | Política y sociedad / HECHOS E IDEAS DE NUESTRO TIEMPO

Hace cuatro años, en 2014, cuando la estrategia de la derecha más reaccionaria se concentró en echar del Ministerio Público (MP) a la fiscal general Claudia Paz y Paz, en el contexto de una laguna legal en relación al vencimiento de su período al frente de esa institución y de una gran ofensiva por el impulso que dio a la justicia transicional, nadie hubiese imaginado que un año después se destaparía el caso La Línea con el que inició la persecución anticorrupción.

Algo pasó en el camino para que el MP, a partir de entonces y con el apoyo de una Cicig que dio un giro de 180 grados cuando asumió el actual comisionado Iván Velásquez, dirija buena parte de sus esfuerzos institucionales en la persecución de bandas criminales integradas por empresarios, funcionarios públicos y políticos para quienes la corrupción es un mecanismo de enriquecimiento ilícito y, sobre todo, de acumulación de capital; porque la corrupción es, en esencia, un fenómeno congénito y estructural del capitalismo.

La persecución a estructuras criminales, captura y proceso de más de cien personas vinculadas a casos como La Línea, IGSS-Pisa, Construcción y corrupción, Negociantes de la salud, Cooptación del Estado, etcétera, entre los que se encuentran algunos empresarios, ha puesto los pelos de punta a muchos, muchos, que han acumulado o incrementado fortunas haciendo negocios sucios con el Estado. Especialmente a grandes empresarios y miembros de grupos corporativos que temen ser alcanzados por las manos del MP y la Cicig; aunque hasta ahora solamente se ha llegado a unos pocos empresarios que, en todo caso, no son de los más grandes o de los principales grupos corporativos.

Si bien la persecución anticorrupción se ha mantenido un poco en la superficie del fenómeno, en los últimos meses la atención política ha estado puesta en la elección de quien ha de sustituir a la fiscal general Thelma Aldana y, por consiguiente, en el trabajo de la Comisión de Postulación que ya ha seleccionado al sexteto del cual el presidente Morales escogerá y nombrará a la persona que asuma la conducción del MP.

En un proceso que ha sido sumamente vigilado por diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas organizaciones projusticia, quedaron descartados personajes que se creía eran por los que apostaban los grupos y estructuras opuestas a la Cicig y a la fiscal general, aglutinados en lo que se conoce como Pacto de Corruptos, cuyas cabezas visibles son el alcalde Álvaro Arzú y el presidente del Ejecutivo, dos de los más altos funcionarios sujetos a investigación por varios delitos y que tienen detrás de ellos a personajes que dirigen estructuras criminales y de inteligencia.

Descartados los dos personajes que a simple vista aparecían como las principales opciones de esos grupos para hacer que el MP dé varios pasos atrás y neutralice el apoyo de la Cicig, es decir, descartados Roberto Molina Barreto, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y Acisclo Valladares, embajador de Guatemala en el Reino Unido, la Comisión de Postulación, que ha sido ampliamente cuestionada a lo largo del proceso, eligió un sexteto en el que puede estar el «tapado» o la «tapada».

Algo nos dice que así es. Esos grupos no juegan a una sola opción ni a dos. Tienen mucha experiencia en apostarle a varias opciones. Entre el grupo de seis, tres tienen serios cuestionamientos. La abogada Consuelo Porras tiene vínculos con grupos oscuros que han cooptado la justicia. De acuerdo con un trabajo de Nómada, la actual magistrada suplente de la CC es esposa de Gilberto Porres, militar retirado de la promoción 106, la misma del ministro de la Defensa y del jefe del Estado Mayor de la Defensa. Llegó a la CC gracias al cabildeo que hizo a favor de ella Blanca Stalling, también esposa de militar, amiga de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, procesada por su vinculación a uno de los casos de corrupción.

Brenda Dery Muñoz, si bien tiene experiencia como fiscal contra el crimen organizado en Quetzaltenango y en análisis de información en la PNC, perteneció (o pertenece) al círculo cercano del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, de quien fue asesora, vinculado a por lo menos dos casos de corrupción y solicitado en extradición por Estados Unidos por narcotráfico; trabajó con el exfiscal Juan Luis Florido en un momento en el que se desviaban evidencias e investigaciones. Otro de los finalistas, Edgar Melchor, es actualmente director de Investigaciones Criminalísticas del MP, llevado allí por la actual fiscal general. Sin embargo, de acuerdo con Nómada, Melchor viene de las bases del Partido Patriota, fue parte del Viceministerio de Gobernación con Arkel Benítez y estaba muy bien posicionado con Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti; fue, además, asesor de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla.

Hay dudas sobre la integración del sexteto. La forma de votación para seleccionar a las seis personas, supuestamente transparente, evidencia que era un listado consensuado de antemano por los miembros de la Comisión Postuladora. Esto significa que hubo, como siempre ha habido, un espacio privado y secreto donde se decide y uno público donde se «debate» y se «vota». Lo cual no es extraño. La Comisión se integra con decanos de universidades que gravitan alrededor de los grupos de poder fáctico, una amalgama de empresarios «tradicionales» y «emergentes», militares y políticos con un nexo común: las actividades ilícitas.

Desde hace años se viene planteando la necesidad de cambiar la forma de seleccionar a magistrados y fiscal general. Lo que se ha visto hasta ahora es que las comisiones de postulación son manejadas por las estructuras del poder fáctico. La actual Corte Suprema de Justicia se eligió a partir de una componenda entre los partidos Patriota y Líder. Por ello la duda: de entre el sexteto, ¿quién es la «tapada» o el «tapado»? No olvidemos que el presidente Morales es uno de los articuladores del llamado Pacto de Corruptos.

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa. Ejerce el periodismo de opinión desde hace 25 años. Es autor de estudios sobre la cuestión agraria, la tenencia y mecanismos de acceso a la tierra, y la seguridad alimentaria. Autor de varios ensayos políticos en revistas especializadas, y de más de mil artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita.

Hechos e ideas de nuestro tiempo