Bienvenido Argueta Hernández | Política y sociedad / DANZA CÓSMICA

España acaba de culminar un proceso doloroso que resultó merecidamente en la condena severa de los responsables del Caso Gürtel, quienes participaron directamente en una extensa red de corrupción política y con implicaciones de miembros del sector empresarial. El partido en el poder, el Partido Popular, no sólo recibió financiamiento irregular, sobornos, adjudicaciones de los negocios públicos de manera ilegal, lavado de dinero, sino también engañó a la población creando una doble contabilidad de las cuentas del partido. Los marcos legales fueron violados de muchas formas con tal de saltarse las reglas de la transparencia de la cosa pública e incluso, se incumplieron normas de protección del medio ambiente y las garantías de vida de las personas en las ciudades. Como parte del vaivén de la lucha histórica de las sociedades para hacer justicia, la demanda que inició en el año 2007, trajo como consecuencia la presión hacia el sistema de justicia. De hecho, uno de los jueces españoles más reconocidos a nivel internacional, como lo es Baltasar Garzón, fue inhabilitado por 11 años al investigar este tipo de hechos.

La institucionalidad española funcionó. Los responsables finalmente fueron condenados y existieron penas de cárcel de 15, 33 y hasta 51 años. No faltaba más, las implicaciones que tiene el financiamiento ilícito para la sociedad no se puede tomar como cualquier otro delito. Es darle al fundamento de una democracia basada en la credibilidad y actuación apegada a la ley la máxima valoración posible, pues su inobservancia no sólo afecta a individuos en particular, también atenta contra la sociedad misma en su conjunto. Las consecuencias llevaron incluso a presentar una moción de censura contra el presidente de España y la votación para su dimisión.

En el caso de Guatemala acabamos de observar como un grupo de empresarios, ante las evidencias inobjetables, aceptaron haber sido parte central, conjuntamente con el partido en el poder, de una serie de actos de financiamiento electoral ilícitos. Ellos declararon públicamente la manera cómo el propio presidente solicitó que el financiamiento de los millones se hiciera fuera de la contabilidad oficial del partido. En otras palabras, no importaba quebrar las regulaciones del país, mostrar desprecio por la buena fe de los ciudadanos y la urgencia por renovar la política ante la crisis de la salida del presidente anterior por corrupción. Esto no sólo involucró a la presidencia, también implicó a casi todos los medios de comunicación, sistema de justicia, organismos legislativo y judicial, así como alcaldías.

La respuesta ciudadana ha sido temerosa e indiferente. Quienes salieron al paso de protesta y exigir las renuncias de los implicados fueron los miembros de CODECA y organizaciones campesinas. La respuesta ha sido el asesinato de líderes campesinos como si se tratara de tiempos dictatoriales o fascistas. Incluso las penas para el financiamiento electoral ilícito están siendo reguladas para ser conmutables entre 1 a 5 años.

El valor de la convivencia social demanda de la veracidad y la confianza en las acciones que se llevan a cabo en el ámbito del interés público. En otras palabras, si existe un espacio en el cual se demanda la claridad sobre los principios éticos y hasta epistemológicos del proceder, lo constituye la democracia. La ley no constituye una experiencia al margen de los órdenes de vida que se construyen en la confianza del comportamiento del otro. Tampoco son admisibles las actividades gubernamentales y de los partidos políticos incongruentes con los regímenes legales que garantizan el cumplimiento de los pactos y legitiman las decisiones de gobierno, la capacidad de legislar y de impartir justicia.

La sostenibilidad y fortaleza de la democracia ofrecen márgenes de acción a todos y cada uno de los individuos que integran una comunidad para afrontar las dificultades, emprender proyectos comunes y dirimir sus problemas por la vía pacífica. Aún más, tanto el uso de la fuerza pública como el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas tienen en la legalidad su fundamento y marco de aplicación. Por ello, el engaño, la mentira y el quebrantamiento del orden legal por parte de quienes son responsables directos de la conducción de la cosa pública producen una serie de daños de alcance inimaginable teniendo como lamentable conclusión la violencia, la pobreza y la descomposición social. Peor aún, se observan consecuencias que van en detrimento de todo sentido de humanidad dejando de manifiesto la ausencia de voluntad, la pérdida de un sentido de corresponsabilidad entre los conciudadanos, de la unidad ante la adversidad y de la seguridad social traducida en el cuidado del otro.

No cabe duda que los políticos guatemaltecos desprecian a la gente, la democracia y toda acción basada en el interés de la población. Si los guatemaltecos no somos capaces de devolver la decencia a nuestra democracia y recuperar los valores basados en el bien común, la verdad y la ética seguiremos merecidamente sufriendo los terribles males que nos aquejan.

Bienvenido Argueta Hernández

Aprendiz permanente de los relatos encantadores de las gentes y explorador de las historias que nos muestran mundos diferentes entretejidos entre poesía, cuentos y pinturas. Me gusta jugar, subir volcanes y cruzar arroyos, recorrer laberintos y ser capaz de observar estrellas, paisajes y sonrisas. Escucho jazz o rap y en los intermedios hago investigación social y escribo sobre filosofía y educación.

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