La crisis política por el presupuesto y DACA

-Francisco Villagrán de León / MIRADA SOBRE ESTADOS UNIDOS: ¿HACIA DÓNDE VA TRUMP?

El Gobierno federal tuvo que suspender sus servicios y funciones no esenciales el viernes pasado a la media noche, al no haberse aprobado en el Congreso una resolución para que pudiera continuar funcionando temporalmente mientras se autoriza la adjudicación de fondos para los gastos de las instituciones y agencias del Estado. El tema más contencioso que impidió un acuerdo entre republicanos y demócratas fue la prórroga del programa de Acción Diferida para Menores Indocumentados (DACA, por sus siglas en inglés). Ayer lunes, el Senado votó de nuevo y se aprobó la resolución que permite que el Gobierno continúe funcionando hasta el 8 de febrero. La Cámara de Representantes también votó ayer en la tarde a favor de una resolución en el mismo sentido, y posteriormente se remitió a la Casa Blanca para la firma del presidente. Esta vez, republicanos y demócratas acordaron negociar una solución para los que se han acogido al DACA, pero se anticipa una negociación muy complicada.

El procedimiento legislativo que trataron de usar los republicanos el viernes y se acordó ayer para darle continuidad a la ejecución presupuestaria (stopgap, por su denominación en inglés) es el de una substitución temporal ante la falta de una autorización legislativa para erogar fondos. Esto ha dejado de ser una medida extraordinaria y se ha convertido en un procedimiento habitual en los Estados Unidos de América. Una resolución de este tipo, que permite que el Gobierno federal siga funcionando, es una práctica que tiene muchos años en Washington. De hecho, se utilizó tres veces en el último trimestre del 2017; la última el 21 de diciembre que fijó un plazo de 30 días para que se aprobara una resolución normal conforme con el presupuesto.

El presidente Trump decidió en septiembre del año pasado dar por terminado el programa de Acción Diferida para Menores Indocumentados (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals), que llegaron a Estados Unidos antes del 2012 siendo menores de edad. Acción diferida es la facultad discrecional que tiene el Gobierno federal para detener por un periodo determinado la deportación de personas indocumentadas. Trump le dió al Congreso hasta marzo para definir el futuro del programa, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre ese asunto. La mayoría de republicanos preferirían que DACA no se prorrogue y encuentran argumentos técnicos o de procedimiento legislativo para rehusarse a aprobar cualquier ley que pueda favorecer a los inmigrantes, sobre todo los que provienen de México y Centro América, y los que sean musulmanes.

Ante esa posición de los republicanos (un reflejo del sentimiento de los blancos racistas que apoyan a Trump), los demócratas en el Senado consideraron que debían buscar la oportunidad y la vía legislativa para lograr una definición del estatus incierto en el que se encuentran 800 000 personas (los dreamers o jóvenes soñadores) que estudian o trabajan (y pagan impuestos) en Estados Unidos. El 87 % de los estadounidenses están a favor de permitir que los beneficiarios de DACA puedan permanecer en este país. Por eso mismo los senadores demócratas propusieron introducir el tema en la resolución que daría continuidad al financiamiento del Gobierno federal que se sometió a votación el viernes pasado. La resolución de la Cámara de Representantes pasó unos días antes -sin ninguna referencia a DACA- con el voto de los republicanos (todos los demócratas votaron en contra). La del Senado no: 44 demócratas y 5 republicanos votaron en contra (estos por otras razones distintas a DACA).

El voto del viernes en el Senado provocó el cierre del Gobierno y causó una conmoción política. Trump y los líderes republicanos acusaron a los demócratas de anteponer el interés de los inmigrantes al bienestar y la seguridad de los estadounidenses. Para hacerles el voto en contra más difícil, incluyeron en el texto de la resolución el financiamiento que corresponde a sostener las tropas en el extranjero, así como un seguro de salud para menores de edad. Con eso buscaban dañar la imagen del partido de oposición y esperaban que este voto tuviera un efecto adverso para los republicanos en las elecciones de medio periodo que se llevaran a cabo en noviembre de este año. Pero esta maniobra política de cerrar el Gobierno no es la primera vez que ocurre; los republicanos se lo hicieron al presidente Clinton en 1995 y al presidente Obama en 2013. Ellos han usado este mecanismo parlamentario con mayor frecuencia, en los últimos 20 años se han vuelto intransigentes como bloque legislativo, y tienen una aversión a concretar acuerdos con los demócratas. Habrían podido incluir una prórroga o una referencia a los inmigrantes que se benefician de DACA, pero no quisieron hacerlo. Ha quedado la impresión de que los republicanos querían compartir el costo político del rechazo a ese programa.

Esta crisis, que como otras similares ha sido temporal, puso en relieve la disfuncionalidad del sistema político. Ha habido grandes cambios en el ambiente político estadounidense, y el más visible es la polarización ideológica (sobre todo del Partido Republicano). Esto se observa en la forma en la que el Congreso lleva a cabo su trabajo; si bien el proceso legislativo conlleva posiciones contrapuestas y negociaciones difíciles, así fue concebido desde un principio en el sistema constitucional. Pero en años recientes se ha deteriorado el sistema de gobierno, el Congreso ha distorsionado o ignorado las reglas establecidas con el objeto de marginar el espacio de discusión y negociación en las comisiones legislativas (como ocurrió hace una semana con la reforma fiscal) y se ha negado al partido minoritario la oportunidad de proponer enmiendas a los proyectos de ley en el pleno de la Cámara de Representantes o del Senado. Las deliberaciones sobre el presupuesto y sobre otras cuestiones importantes se han desvirtuado y como consecuencia las instituciones se han debilitado y han ido perdiendo la confianza de los ciudadanos. Esto fue más notorio durante la Presidencia de Obama, el primer presidente afroamericano en la historia de los Estados Unidos. ¿Habrá sido por eso? En todo caso la tendencia era visible desde años atrás, y se vio acentuada con el surgimiento del Partido del Té (Tea Party) que arrastró al Partido Republicano más a la derecha y desplazó a los políticos conservadores que se formaron dentro de una cultura política de tolerancia a la diversidad de opiniones y de aceptar la negociación y el compromiso como parte esencial de la democracia. El futuro de la democracia como sistema de gobierno (el peor, a excepción de todos los demás, como dijo Churchill) enfrenta nuevos desafíos, pero tendrá que superarlos.

Francisco Villagrán de León

Diplomático retirado, ahora en la Universidad George Washington, en Washington DC. Sigue siempre con preocupación y con mucho interés los acontecimientos en nuestro país. Mantiene la esperanza que se fortalezcan sus instituciones y se consolide la democracia, consciente que eso tomará tiempo. Hay que contribuir a ese propósito desde espacios como gAZeta, y sobre todo hay que apoyar a los jóvenes que quieran asumir con convicciones democráticas el reto y la responsabilidad de lograrlo.

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