-Alejandro Urízar / LA FRONTERA DE VIENTO –

Llama la atención que varios empresarios centroamericanos reconocidos por sus fortunas han sido funcionarios públicos. Mario López fue gerente de la empresa estatal de comunicaciones de Guatemala y hoy es el dueño de la principal empresa de celulares del país (Tigo). Camilo Atala fue ministro de inversiones en Honduras y hoy es dueño del Grupo Financiero Ficohsa. Ricardo Martinelli, dueño de una cadena de supermercados y expresidente de Panamá, actualmente es perseguido por presuntas compras públicas sobrevaloradas de comida deshidratada durante su gobierno. La lista es larga e incrementaría aún más si incluyera a los empresarios que, aunque no han sido funcionarios, han mantenido una «relación cercana» con el poder.

Parece que en sociedades estructuralmente corruptas, los ciudadanos necesitan acceder, controlar y hasta cooptar las instituciones públicas para generar, incrementar y preservar sus fortunas. El problema es más complejo aún. En esas sociedades los ciudadanos que desean vivir dignamente, o peor aún, no morir de hambre, también necesitan relaciones corruptas con las instituciones. Conocer a las «personas adecuadas» es importante para ser atendido eficientemente en un servicio público, ingresar a un programa estatal, realizar un trámite burocrático u obtener el resultado esperado en un proceso judicial.

La relación corrupta entre ciudadanos e instituciones tiene raíces históricas. Durante la época colonial fueron creadas instituciones para generar beneficio privado a costa del interés público. La independencia y pugnas liberales posteriores solo cambiaron las instituciones en el papel, pero en la práctica continuaron sirviendo al mismo propósito. Las revoluciones del siglo XX hicieron esfuerzos por crear instituciones diferentes, pero fracasaron. La Revolución mexicana creó incluso un partido cuyo nombre aludía a la revolución «institucional», pero que luego se convirtió en el instrumento de concentración de poder en manos de una nueva élite. Con excepción de algunos procesos imperfectos e incompletos, la mayoría de revoluciones del siglo pasado solo sustituyeron unas élites por otras o crearon nuevas.

Luego de siglos de relaciones corruptas, el problema ha permeado la cultura, la forma como comprendemos el entorno e interactuamos con él; pero eso no debe conducirnos a la conclusión errónea de que la solución es esencialmente un cambio de valores, creencias o actitudes. Es una anécdota común que los latinoamericanos no tiran basura en los países desarrollados, pero la razón no es cultural. Los latinos en esos países tampoco sobornan funcionarios, ni manipulan la justicia, ni evaden impuestos, ni acumulan riquezas traficando influencias con los políticos. La razón es la existencia de instituciones que funcionan a favor del interés público y no de un grupo o persona. Las instituciones en esas latitudes tienen independencia relativa, recursos y capacidad de ofrecer oportunidades e incentivos o vigilar y sancionar, según sea el caso.

Con excepción de Costa Rica, donde preservar los logros gestados en la Revolución del 48 parece un reto estratégico, la solución para el resto de países centroamericanos es una transformación profunda que atienda la tarea pendiente de los siglos XIX y XX: construir un marco institucional que auténticamente funcione a favor del interés público. Las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han evidenciado un tipo de corrupción que invita a la acción colectiva y justifica la necesidad de un cambio radical. En cualquier caso, una transformación de esa magnitud debe surgir y consolidarse a través de la organización, lucha y triunfo de la parte de la sociedad cuyo interés inmediato es construir una nueva institucionalidad al servicio de todos y todas. Quizá muchos ciudadanos han traficado influencias o pagado un soborno para obtener un beneficio con la esperanza de vivir dignamente o evitar morir de hambre; pero no todos han amasado fortunas a costa del interés público.

La acción necesaria en esta coyuntura no es entonces una cruzada moral de los ciudadanos honrados contra los deshonestos, sino la vieja lucha entre la élite y la base de cualquier sociedad piramidal. La nueva institucionalidad esculpirá posteriormente nuevos valores y actitudes ciudadanas. Existen condiciones externas para salir del agujero histórico en que las élites han sumido a la región, falta ver si somos capaces de crear las condiciones internas necesarias o si continuaremos remendando un sistema excluyente e inequitativo.

Alejandro Urízar

Guatemalteco. Poeta. Sociólogo. Mi trabajo con movimientos sociales, organizaciones de sociedad civil y en organismos internacionales me ha dado la oportunidad de vivir en ciudades tan distintas como La Habana y Washington D.C. Actualmente trabajo en Transparencia Internacional y vivo en Berlín, Alemania.

La frontera de viento