-Hector Leonel Aguilera Montoya / HONDURAS Y SU ACTUALIDAD–

El desfalco y corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha traído consigo problemas a la población y a los políticos tradicionales. La ciudadanía ha tratado de hacer incidencia a través de movilizaciones y presionar por el castigo a los involucrados en este gigantesco desfalco al erario público. Los partidos políticos y el Gobierno han respondido con paliativos, evitando que la comunidad internacional apoye al país como lo ha estado haciendo con la Cicig en Guatemala y que la institucionalidad cooptada funcione en el país.

El desfalco al IHSS fue de más de 350 millones de dólares y sirvió para financiar la campaña del Partido Nacional, con el que resultó electo en noviembre de 2013 el actual presidente Juan Orlando Hernández, para ejercer la Presidencia del 2014 al 2018. El IHSS estaba dirigido por Mario Zelaya, correligionario afín al Partido Nacional de Honduras y cuadro de ese instituto político. Las pruebas de todos los actos de corrupción fueron presentadas por el periodista David Romero de la TV Globo la cual fuera cerrada posteriormente. Las pruebas no solamente desnudaron el financiamiento de la anterior campaña política del partido en el poder, sino también desnudaron la complicidad del Ministerio Público, ya que dicha información en posesión del periodista Romero, es la misma que desde hacía 3 años tenía en su poder el Ministerio Publico, sin que hasta ahora haya realizado la más mínima investigación sobre los hechos. Solamente se dio la captura y sentencia de Mario Zelaya y su administrador como los ejecutores materiales del desfalco, no así a los autores intelectuales y grupos de poder detrás de Zelaya, pues se crearon varias empresas fantasmas para realizar tan desproporcional saqueo.

El movimiento social de Los Indignados surgió en Honduras en 2015, cuando jóvenes se reúnen frente al edificio de IHSS como una forma de protesta, invitando a la población a que se uniera ante los atropellos y marchara exigiendo justicia y la correcta utilización de los fondos públicos, el buen manejo de las instituciones públicas, el funcionamiento y aplicación de la legislación y la penalización de los actos de corrupción. De esa manera se fue sumando la población, manifestándose todos los viernes a las 5 de la tarde, comenzando en la capital y extendiéndose al resto de las ciudades importantes del país de manera simultánea. Una de las prioridades de este grupo de manifestantes era la instalación en el país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), como una entidad de las Naciones Unidas, y emulando a la Cicig de Guatemala. Toda la población estaba convencida que una comisión de esa naturaleza en Honduras tendría poderes legales e independientes para conducir investigaciones contra la impunidad producto de la debilidad institucional del país.

De manera tímida al inicio, el movimiento de Los Indignados exigía la renuncia inmediata del presidente Juan Orlando Hernández y el encarcelamiento de todos los políticos involucrados, pero la oposición política no acompañó al movimiento desde la institucionalidad del Estado, llámese Ministerio Publico, Congreso Nacional, Procuraduría General de la República o la Corte Suprema de Justicia, entre otras. A la par de todas estas movilizaciones, el Partido Nacional encaminaba sus pasos para imponer una reelección presidencial, la cual está prohibida por la Constitución de la República, pero ante la falta de institucionalidad y una oposición política débil, la misma está vigente y ha sido legitimada con la inscripción del actual presidente para correr por un nuevo mandato este 26 de noviembre, fecha de las elecciones generales en Honduras.

Por ello, la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras debe situarse en ese paisaje de desconfianza institucional. El gobierno del Partido Nacional, de la mano de Juan Orlando Hernández, avalado por los mismos sectores económicos y políticos, proponen la creación de un Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción, y lo presentan como un punto de agenda para dialogar con los indignados, mediando para ello la Organización de Estados Americanos (OEA) y de esa manera construir un mecanismo de combate a la corrupción y la impunidad en el país.

Los Indignados de Honduras se distinguieron por realizar movilizaciones pacíficas, donde todos los sectores de la hondureñidad se identificaban a favor del combate de la corrupción e impunidad, y a las mismas acudían profesionales, miembros de bases de las filiaciones partidistas, de diversas edades, estudiantes, empleados públicos y privados y la mayoría se manifestaba con una antorcha encendida.

De todos los diálogos, el 19 de enero de 2016 la OEA y el Gobierno de Honduras firmaron el Acuerdo para la creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), para seleccionar y, en conjunto con las autoridades nacionales, trabajar y llevar a los tribunales y a la cárcel a los implicados en los casos de corrupción y sobre todo el del Seguro Social. En vísperas de las próximas elecciones y finalizando este período de gobierno electo en 2013, la MACCIH no ha podido judicializar ninguno de los casos emblemáticos de corrupción. Consideramos que la sociedad hondureña seguirá añorando una Cicig como la que funciona en Guatemala, que trabaje de manera autónoma y pueda llevar a la cárcel a los grandes políticos, empresarios y personas de sociedad civil corruptas y que aún siguen arropadas bajo el manto de la impunidad. La MACCIH sirvió para dividir y desmantelar el movimiento de Los Indignados y las estructuras económicas y políticas en Honduras siguen intactas.

Imagen cortesía de Héctor Leonel Aguilera Montoya.

Hector Leonel Aguilera Montoya

Profesor en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), de Tegucigalpa, Honduras. Cuenta con una Maestría en Ciencias Sociales de FLACSO Guatemala y Licenciatura en Ciencias Sociales de la UPNFM. Ha sido investigador y consultor para el Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales (INIES) de la UPNFM. Ha trabajado temas sobre el sistema educativo nacional, resiliencia, violencia, así como temas culturales, y políticos. Ha trabajado la educación a distancia en el Centro Universitario de Educación a Distancia (CUED) y en el Diplomado de Formación Pedagógica en Educación Superior de la FUNDAUPN, que da formación a nivel de postgrado, impartiendo el módulo sobre la Universidad y su evolución.
Cuenta con experiencia en todos los niveles del Sistema Eucativo Nacional, básico, medio y superior, impartiendo clases de Ciencias Sociales, Educación Cívica, Sociología e Historia Nacional. Asimismo, ha trabajado en la redacción y revisión de textos escolares. En materia administrativa se ha desempeñado como coordinador del Departamento de Ciencias Sociales en el Instituto Central Vicente Cáceres de Tegucigalpa y actualmente es el secretario académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.

Honduras y su actualidad