Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

El cuadro dibujado por los funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ofreciendo su informe final, al mismo tiempo que se producía la abusiva irrupción de sectores, básicamente de ultraderecha, que han objetado la labor de dicha entidad por todos los medios, ilustra el drama de enfrentamiento polarizado que padece nuestro país y que amenaza con agravarse en el futuro.

Obviamente, cuando un tema presenta matices maniqueístas, resulta complicada toda referencia al respecto, porque nunca se quedará bien con ninguna de las partes enfrascadas en la pugna. No obstante, el trabajo desarrollado por la Comisión, a pocos días de su retiro del país, debe empezar a examinarse seriamente y al margen de extremismos o sentimentalismos, abarcando las distintas aristas que han caracterizado su labor.

En lo particular, me queda la impresión de que fue una labor con luces y sombras, como cualquier otra institución humana, sobre todo, tratándose de una instancia sin antecedentes en el mundo, que vino a trabajar en un ambiente hostil y montaraz, donde hasta el más profano se presta para descalificar cualquier esfuerzo de romper con el sistema instituido.

Así que es justo decir que la Cicig tuvo acciones tremendamente positivas y algunas increíblemente desacertadas, cuya valoración debe servir, no para incentivar aún más la torpe polarización Cicig versus anti Cicig, sino para extraer y aprovechar las experiencias que nos pudo dejar como sociedad, de cara al destino de la justicia en el país.

Veamos algunos de sus principales aciertos.

Para mí, lo más importante de su misión no se encuentra en los diversos casos de corrupción llevados ante los tribunales, independientemente de si las acusaciones fueron debidamente fundamentadas o no. Y es importante porque, aunque parezca un resultado nimio, dichas acciones obligaron a afinar los controles en la administración pública y motivaron a fortalecer la auditoría social.

Los casos de corrupción aún están muy lejos de extinguirse, pero tampoco se puede negar que muchos funcionarios o empresarios (recordemos que la corrupción tiene al menos dos actores) ahora lo pensarán mucho antes de exigir u ofrecer una coima, y sin duda las plazas fantasmas dejarán de ser parte del botín que a muchos animaba a sacrificarse en aras del «servicio» a la ciudadanía.

Igualmente, un producto grandioso de Cicig fue el haber despertado la conciencia ciudadana, sin duda para siempre, de que es posible combatir el flagelo de la corrupción y que muchos poderosos ya no se sienten tan confiados de disfrutar impunemente de las transacciones oscuras que se han hecho al amparo de las vulnerabilidades del Estado.

Igualmente positivo me pareció el esfuerzo de contribuir a la construcción de un mejor y más sólido sistema de justicia, y aunque infortunadamente dicho propósito fue utilizado como pretexto por los defensores de los corruptos para acusar a dicho ente de «intromisión» en las decisiones del país, la propuesta está planteada, definida y consensuada como parte de las reformas constitucionales al sector, y tarde o temprano las circunstancias obligarán a retomar su discusión.

Algunos desaciertos.

La Cicig, pero especialmente el comisionado Iván Velásquez, debieron cuidar un poco más la forma, porque a pesar de lo que se diga, su accionar no fue el más cristalino esperado. Si se trataba de una Comisión destinada a ayudarnos a superar las deficiencias en materia de justicia, ese esfuerzo debió ser impecable, transparente y al margen de cualquier desdoro político. Nunca se entenderá, por ejemplo, por qué con Dionisio Gutiérrez no se hizo siquiera el amago de investigarle, pese a que fue un financista confeso de Otto Pérez Molina y de Jimmy Morales, aunque sus aportes nunca aparecieron registrados ante la autoridad electoral y solo cuando la tormenta se avecinaba, declaró su apoyo financiero al partido Encuentro por Guatemala.

Esa vulnerabilidad fue aprovechada por la ultraderecha para alegar irrespeto a la soberanía (en la cual jamás han creído) o violación del derecho esencial de presunción de inocencia (el cual siempre les causó desdén) y armaron una terrible campaña de desprestigio cuyo peor resultado no fueron las acciones desesperadas del presidente Jimmy Morales para apresurar el fin de la Cicig, sino el haber logrado que el apoyo ciudadano decayera de 93 % (encuestas de 2016) a 72 % en 2018.

Un caso cuestionable es que la denominada «lucha contra la corrupción» se centrara básicamente en la persecución de corruptos, o presuntos corruptos, pero no se hiciera mayores aportes para superar las causas de la corrupción y, entonces sí, darle a esa labor el carácter de lucha integral.

Otro tema que presenta dudas es el del Registro de la Propiedad, pero no me refiero al asunto recientemente resuelto en que se involucró al hijo y hermano del presidente, sino al hecho de que la Cicig jamás investigó las transacciones ilegales de bienes inmuebles, de las cuales se conocen abundantes casos. Ahí existió (y probablemente aún existe) una verdadera mafia de abogados con las características de los CIACS (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad) que sin duda fueon conocidos por la exdirectora Annabella de León, absuelta ridículamente del asunto de las canastas navideñas.

Pese a todo, considero que el balance es favorable a la Cicig y se debe hacer cualquier esfuerzo para su retorno. Es falso de toda falsedad que tengamos un sistema de justicia incuestionable, como falso es que las acciones de la Comisión atentaran contra la soberanía e institucionalidad. Ojalá se pudiera hacer de lado la polarización y sentarse a analizar esta posibilidad al margen de cualquier apasionamiento. La corrupción, aunque es efecto y no causa, se debe acabar de una vez por todas.

Fotografía principal tomada de Con Criterio.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

Democracia vertebral

Correo: edgar.rosales1000@gmail.com