Mario Polanco | Política y sociedad / NO MÁS IMPUNIDAD

En 1995 no se había firmado la paz, Guatemala enfrentaba un conflicto armado interno que había sido utilizado como justificación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado para cometer todo tipo de abusos, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas de personas, torturas y amenazas, además de actos de corrupción que permitieron el enriquecimiento ilícito de muchos integrantes del alto mando militar.

El 5 de octubre de 1995 se produjo la masacre de Xamán. En ella, once personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y 28 más quedaron heridas como consecuencia de acciones de intolerancia de quienes en esos momentos se sentían dueños de la vida de millones de guatemaltecos y guatemaltecas.

Los responsables habían estado patrullando las inmediaciones de la comunidad de Xamán, habitada por al menos 90 familias que habían estado refugiadas en México y habían retornado a Guatemala.

Hubo intentos por mantener ese crimen en la impunidad, primero responsabilizando a la exinsurgencia, luego intentando que los responsables fueran procesados por jueces militares. Ello provocó que once militares se fugaran y continúen gozando de libertad, algunos de ellos continuaron su carrera en el Ejército y probablemente en la actualidad hayan ascendido a rangos de alto mando, desde donde podrían estar mejor protegidos para no enfrentar juicio.

La búsqueda de la justicia fue una especie de carrera de obstáculos cuesta arriba, en la que hubo amenazas, intimidaciones, burocracia y ausencia de voluntad para lograr alcanzar algún nivel de justicia, pero sin lograr que el castigo alcanzara a la totalidad de responsables materiales, mucho menos a los intelectuales, que en la cadena de mando tuvieron conocimiento y avalaron lo ocurrido.

La información fue enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, luego de conocer, investigar y pronunciarse acerca de los hechos y de la ausencia de voluntad por parte del Estado guatemalteco, decidió enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta, de manera objetiva y veraz, emitió sentencia condenatoria contra el Estado guatemalteco, en la que determinó que debe continuarse con la investigación, con el objetivo de que ninguno de los responsables materiales e intelectuales se mantenga en impunidad.

Además, la Corte ordena al Estado que se establezcan las medidas de reparación que permitan devolver a los familiares de las víctimas y a las víctimas sobrevivientes algo del daño que se les causó. Entre esas medidas están: la construcción de un centro de salud, con medicinas y médicos, construcción de una carretera de aproximadamente siete kilómetros que comunique a la aldea con la autopista que conduce al municipio más cercano.

Han transcurrido 23 años desde la masacre, muchos podrán decir que la justicia tardía no es justicia, aunque para las víctimas esa sentencia constituye una especie de luz al final de un largo y oscuro túnel, que expresa que en medio de tanta corrupción e impunidad existe la esperanza de un cambio.

Mario Polanco

Graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con Maestría en Seguridad y Defensa por la Universidad Mariano Galvez, actualmente director del Grupo de Apoyo Mutuo. Activista de derechos humanos, haciendo esfuerzos para que no haya más impunidad.

No más impunidad