Virgilio Álvarez Aragón | Política y sociedad / PUPITRE ROTO
Auxiliar de enfermería, la señorita Raymundo tenía apenas veinticinco años cuando la secuestraron, torturaron y asesinaron. Dirigente local de Codeca, era parte del esfuerzo por conformar el partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos –MLP–.
Según sus familiares, residentes en Bijolom I, ella debía viajar el viernes 27 a Nebaj, pero llegada la noche no lograron saber más de ella. Su cadáver, con señales de tortura, apareció al día siguiente a la orilla de un río, en las proximidades de Nebaj. Si la muerte violenta de cualquier persona debe convocar a las autoridades para desentrañar cuanto antes el crimen, que la víctima sea una joven mujer, indígena y militante de una organización política de oposición debe serlo aún más, pues la existencia y resguardo de los opositores es lo que da sentido y contenido a una democracia. El aparecimiento de su cadáver con señales de tortura crea honda preocupación, pues es evidencia clara que se le quiso atormentar para, supuestamente, extraerle información. Todo ocurre como en los años en que el terrorismo de Estado se ensañó contra supuestos opositores.
En el ya desesperante y delincuencial Gobierno de Jimmy Morales se han asesinado, entre los meses de mayo y julio, a siete dirigentes sociales más, todos vinculados de manera activa a Codeca y a la constitución del MLP. Hasta ahora no hay noticias sobre las investigaciones de esos crímenes, lo que hace suponer que el asesinato de Juana Raymundo, la octava víctima de esa organización en menos de tres meses, correrá igual suerte.
La irresponsable displicencia con la que el actual Gobierno y jefatura del Ministerio Público están actuando sobre estos casos hace suponer que los crímenes han contado no solo con el desinterés de las autoridades, sino, lo más espantoso, con su cómplice aquiescencia.
El desmantelamiento de la Policía Nacional Civil, así como la vocación militarista del presidente Morales, que le ha llevado a vestirse de militar sin serlo, dejan ya de ser una simple comedia, en la que el actual jefe del Ejecutivo más que manifestar su afición por los disfraces, como cuando era profesional de los chistes baratos en su segmento La tropa loca, devela su propósito por volver a los tenebrosos años de la desaparición forzada. Su atracción por la vestimenta militar parece indicar que no solo suspira y añora por las prácticas más ilegales, antidemocráticas y criminales de los militares, sino que está dispuesto a actuar en consonancia.
De esa cuenta, no parece fortuito que los crímenes contra los líderes de Codeca se intensificaran, de manera más que selectiva, a partir del 9 de mayo, cuando fue asesinado en Jalapa Luis Arturo Marroquín, apenas siete días después de que el presidente criminalizara las protestas de Codeca en su discurso de agitación ante los comerciantes del mercado La terminal, cuando maliciosamente mintió diciendo que esta organización «tiene más de 2 mil denuncias penales y ninguna investigada». Nada dijo sobre los cobros que Energuate hace a los pobladores por un alumbrado público que no ofrece, ni por qué las municipalidades no hacen nada para instalarlo. Tampoco ha condenado ninguno de los siete asesinatos posteriores, dedicándose más bien a lucir cada vez más autoritario y prepotente, al grado de inventarse un uniforme de combate con cinco inexplicables estrellas.
Según el último informe del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, el MLP ha sobrepasado ya la cifra de firmas de adherentes para convertirse en partido político, contando para el 26 de julio con 23 353 firmas válidas, por lo que está ya en condiciones de realizar sus asambleas municipales y departamentales. Las bases del MLP son fundamentalmente indígenas y ubicadas en territorios donde la disputa contra las empresas hidroeléctricas y mineras se han intensificado. Es innegable que es allí donde una conciencia política y social ha comenzado a desarrollarse, alejada totalmente del clientelismo político tradicional.
Preocupa, por decir lo mínimo, que los crímenes perpetrados hayan sucedido en regiones donde, además, predomina el cacicazgo de las viejas estructuras políticas, arraigadas en el más autoritario militarismo y vinculadas de una u otra forma al desaparecido FRG. La conversión de Codeca en partido político, y la posible participación electoral de estos nuevos dirigentes, podría poner en riesgo ese predominio.
Morales, y los políticos que oriundos de esas estructuras le apoyan, saben que de consolidarse el MLP como opción política electoral sus negocios ilícitos y la impunidad con la que los practican estaría en riesgo, por lo que la eliminación selectiva de estos dirigentes puede bien achacárseles, si no se investiga con celeridad y responsabilidad.
Juana Raymundo no estaba en su lucha para buscar ser asesinada. Trabajaba, desde su visión de mundo y cultura política, porque en el país, como afirmara Boaventura de Sousa, todos tengan derecho a la diferencia, cuando la igualdad los invisibilice, y a la igualdad, cuando las diferencias les discriminen. Su organización propone un nuevo modelo de país y nación que llevará al debate y disputa electoral, y deberá ser allí, ¡y solo allí!, donde se les enfrente y cuestione.
Nada ganará Guatemala si, con la mirada puesta en el pasado, el presidente, transmutado en dictador militar, desata una criminal persecución contra sus opositores, quienes, como los jóvenes nicaragüenses, se animan a gritar: ¡Patria libre, y vivir!
Fotografía principal, Juana Raymundo, tomada de Prensa Comunitaria.
Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.
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