-Hugo Eduardo Beteta / PUERTAS ABIERTAS–

Juan Alberto Fuentes Knight trabajó por más de 20 años para las Naciones Unidas desde Costa Rica, Chile, México y Guatemala en posiciones de responsabilidad y alcance hemisférico. Fui su supervisor en una etapa de trabajo conjunto en México. En su trayectoria profesional y personal, Juan Alberto invariablemente evidenció gran integridad y apego a los valores fundacionales de la ONU. Recuerdo especialmente su resistencia a ceder ante presiones políticas de autoridades de un país del cono sur para adoptar cifras oficiales manipuladas de inflación. Juan Alberto defendió tenazmente las cifras independientes con imparcialidad, dominio técnico, profesionalismo e integridad y su informe final así lo reflejó .

Como su amigo, puedo confirmar que Juan Alberto nunca buscó avanzar su carrera o beneficiarse personalmente de los puestos que ocupó ni a través de los proyectos o fondos que manejó. Las múltiples muestras de solidaridad de sus colaboradores hoy evidencian su aprecio generalizado. Al contrario, su libro Rendición de cuentas, que inéditamente transparentó delicados problemas de la gestión pública del Gobierno, le acarreó costos personales e interminables problemas con poderosas figuras políticas en Guatemala.

Sus amigos reconocemos en Juan Alberto gran persistencia y tenacidad para enfrentar los más difíciles problemas. El asesinato y legado de su padre lo animaron a trabajar por el desarrollo y democratización de Guatemala y a convertirse en servidor público. Al regresar a Guatemala, como funcionario de la ONU, Juan Alberto dirigió la articulación de un tortuoso pacto fiscal y la elaboración de seis informes de desarrollo humano para Guatemala. Sus capacidades profesionales y personales lo convirtieron en un referente entre una generación de funcionarios, académicos y ciudadanos interesados en la construcción de la paz en el país.

La forma en que Juan Alberto y otros fueron conducidos por el Ministerio de Gobernación a comparecer ante la justicia me hizo revivir momentos oscuros de la represión. Su conducción me pareció una afrenta a su dignidad y trayectoria, especialmente cuando el MP ha permitido a otros indiciados a comparecer ante el juzgado para resolver su situación jurídica. Juan Alberto, después de todo, ya había prestado varias declaraciones voluntarias al MP, informaba escrupulosamente de sus salidas del país y no representaba una amenaza pública. La imagen indeleble de personas de gran trayectoria como el Dr. Luis Ferraté, el expresidente Álvaro Colom y del propio Juan Alberto entre otros, rodeados de un círculo amenazante de hombres vestidos de negro portando fusiles de asalto sin un juez a la vista me obligó a preguntarme: ¿hace esto parte de la justicia que tanto hemos anhelado?

A quienes se regocijan porque el caso Transurbano finalmente alcance a «personas de izquierda», los invito a reflexionar si esa mirada que distingue entre «izquierda y derecha» y que persigue un perverso balance de cálculos políticos se corresponde con nuestras aspiraciones de justicia. ¿Buscamos un sistema de justicia imparcial o uno que esté permeado del maniqueísmo que ha dominado nuestra sociedad como un legado indeleble del enfrentamiento armado interno?

La Cicig es una innovación institucional que gozaba de apoyos crecientes entre las autoridades del ejecutivo y de amplios segmentos de la sociedad a partir de su primer diseño como CIICIACS en el 2003, de la firma del Acuerdo que dio vida a la Cicig (rediseñada para evitar inconstitucionalidades) entre el Gobierno de presidente Oscar Berger y la ONU en diciembre de 2006 y de su ratificación por el Congreso en agosto de 2007. Aunque la Cicig nunca estuvo exenta de controversias con las autoridades y del rechazo de algunos segmentos de la sociedad, pasa hoy por un momento crítico, cuando existe la percepción de que sus mayores apoyos parecieran ser exógenos o de grupos domésticos crecientemente fragmentados. A mi parecer, la Cicig presenta un balance inmensamente positivo para Guatemala, especialmente bajo la conducción del comisionado Iván Velásquez. Pero su trabajo y legado demandan mantener un amplio apoyo endógeno en Guatemala.

Ciertamente, la efectividad del MP para afrontar casos difíciles en el futuro también dependerá del apoyo y acompañamiento de la ciudadanía guatemalteca. Me causó gran sorpresa enterarme en la conferencia de prensa de este caso que medio millón de personas están bajo investigación actualmente en el MP. Y entiendo que el riesgo de restauración de las estructuras delictivas incrustadas en los aparatos del Estado es aún muy alto. Los desafíos son descomunales. Pero la capacidad de nuestro sistema de justicia de garantizar los derechos fundamentales de los sindicados es uno de los pilares de la legitimidad de este esfuerzo impostergable para la nación.

No albergo ninguna duda de que Juan Alberto enfrentará el proceso legal para determinar el alcance de su responsabilidad, si la hubiere, con la altura con que siempre se ha conducido. Quienes conocemos a Juan Alberto estamos seguros de que saldrá fortalecido en su liderazgo y convicciones democráticas de este triste episodio.

Fotografía tomada de El Independiente.

Hugo Eduardo Beteta

Secretario de Planificacion y ministro de Finanzas de Guatemala, secretario general del Banco Interamericano de Desarrollo y desde hace 8 años director de la Sede Subregional de la Cepal para México, Cuba, Centroamérica, Haití y República Dominicana. También fue decano de la Facultad de Economía de la URL. Estudios de doctorado del MIT, de maestría en la Universidad de Michigan y de licenciatura en Ingeniería en la URL.

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