Ricardo Barrientos | Política y sociedad / MANIFIESTO

La nueva solicitud de retirar el antejuicio a Jimmy Morales es una oportunidad más para que en Guatemala la justicia prevalezca sobre la impunidad.

¡Jimmy Morales a los tribunales!, era hace un año, el clamor ciudadano que con ímpetu enorme llenó la Plaza. Entonces el Pacto de Corruptos accionó en el Congreso, manteniendo la inmunidad de Morales, y con ello, el Ministerio Público (MP) de Thelma Aldana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad den Guatemala (Cicig) quedaron imposibilitados de investigar a Morales por financiamiento electoral ilícito.

Porque no se trata de condena anticipada, sino permitir que se investigue a un dignatario o funcionario que según la Constitución y las leyes vigentes gozan del derecho de antejuicio. Solo retirando la inmunidad es que el MP y la Cicig pueden investigar, y el señalado de presuntos delitos defenderse como lo garantiza la ley.

El viernes pasado el MP de Consuelo Porras y la Cicig presentaron una nueva solicitud para retirar el antejuicio a Morales, esta vez por una nueva denuncia de financiamiento electoral ilícito. Esta acción supone un golpe contundente a quienes de manera necia continúan alegando que lo de la lucha contra la corrupción era un asunto de Aldana, y que con Porras eso pararía. Sin lugar a dudas, Porras tiene un estilo de gestión muy diferente al de Aldana, pero es solo eso, solo una diferencia de estilo: las acciones del viernes pasado invitan a pensar que los objetivos y resultados se mantienen invariantes.

Como ciudadanía, debemos ponerle mucha atención a la coyuntura actual, ya que es de esperar que el Pacto de Corruptos ya se esté preparando para proteger la impunidad de Jimmy Morales. Sobre todo porque, en esta ocasión, el MP y la Cicig cuentan con el testimonio, incluyendo una notable disculpa pública, del grupo de empresarios acusados de haber otorgado el financiamiento electoral ilícito a Morales, en calidad de secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), durante las elecciones de 2015. Esta es una pieza importantísima que no tenía la solicitud de antejuicio del año pasado.

Ya el flamante diputado Felipe Alejos nos hizo el favor de confirmar esa disposición del Pacto de Corruptos, al declarar sin pudor alguno que él trabajará para evitar que avance en el Congreso esta nueva solicitud para retirar el antejuicio a Morales. Él, a su vez acusado en el caso Traficantes de influencias, es quizá el mejor ejemplo de cómo opera el Pacto de Corruptos, al trabajar precisamente para impedir la investigación del financiamiento ilícito para FCN-Nación. Más claro no puede ser: operadores corruptos en el Congreso, protegiendo a los corruptos de la Presidencia y el Ejecutivo, con el apoyo de los corruptos en el Organismo Judicial.

Un escenario es que la ciudadanía fracase en su demanda por justicia y fin del imperio de la corrupción y la impunidad, y que esperemos hasta después de enero de 2020 para ver a Jimmy Morales enfrentar a la justicia, una vez deje la Presidencia y pierda la inmunidad (que no es para toda la vida…). En esta ruta, quizá nos toque otra vez solo lamentar los abusos ya cometidos, como con Otto Pérez, Baldetti y su gavilla, o como el caso del Palacio de la corrupción del expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca.

El otro escenario es que la ciudadanía tenga éxito y lleve a Morales y al resto del Pacto de Corruptos a los tribunales, y que se haga justicia. Que el MP y la Cicig presenten las pruebas y que acusen, y que los acusados ejerzan su derecho a defenderse.

Sin duda, yo voy por el segundo: ¡Jimmy Morales a los tribunales!

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

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