Ricardo Barrientos | Política y sociedad / MANIFIESTO

El Pacto de Corruptos «liderado» por Jimmy Morales continúa dando pasos, cada vez más descarados, hacia una dictadura de corruptos y ladrones.

Y es que no se trata solamente de un ataque en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), sino que posiblemente ahora mucho más grave y preocupante, en contra de la Corte de Constitucionalidad. Prueba de ello son las acciones desafiantes y ataques del Ejecutivo en contra de la magistrada y los dos magistrados de la CC que no se han plegado a los caprichos e intereses espurios del Pacto de Corruptos.

La última de estas acciones es el escándalo causado por las autoridades migratorias al impedir el ingreso a Guatemala de Yilen Osorio Zuluaga, de nacionalidad colombiana e investigador de la Cicig. Osorio Zuluaga integró el equipo de investigadores que ha trabajado en los casos en contra de Jimmy Morales, razón por la cual es blanco de los ataques arteros y descarados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por esta acción la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, accionó para hacer cumplir la resolución de la CC que ordenó al Gobierno permitir el ingreso al país de los investigadores de la Cicig.

Jimmy Morales y su gavilla de corruptos y ladrones ya no tienen escrúpulos para violar de manera flagrante una orden de la CC, evidenciando su ánimo de aprendices de dictadores. Estas acciones abusivas y autoritarias tienen consecuencias múltiples que deben ser analizadas con mucha seriedad.

Por un lado, ponen en peligro el proceso electoral, invitando a sospechar la intención del Pacto de Corruptos de aferrarse al poder para perpetuar la cleptocracia y el imperio de la impunidad. Por otro, en caso el ataque en contra de la CC llegase a fraguar, se estaría terminando de quebrantar el orden constitucional y la estructura republicana de pesos y contrapesos que busca la independencia de poderes, abriendo paso a una dictadura, ya sea de facto con la mayoría de instituciones capturadas como ocurre ya en la hermana Nicaragua, o explícita vía un golpe de Estado.

En una sociedad como la guatemalteca, esto supondría una regresión peligrosísima, en la que se estaría retrocediendo lo poco logrado desde la firma de los Acuerdos de Paz, con enormes costos sociales y económicos. Además, inevitablemente un deterioro de esa magnitud necesariamente le devolvería un rol protagónico al Ejército, el cual está por verse si apoyaría la dictadura o actuaría para salvaguardar la institucionalidad democrática, en un escenario parecido al del Serranazo de 1993.

Además, golpearía aún más la ya deteriorada posición internacional de Guatemala, asilándola como un paria más en el concierto de las naciones. Pero quizá la más preocupante de las consecuencias de las estupideces de Jimmy Morales y su grupo es el riesgo de un brote de violencia. De nuevo, la vecina Nicaragua es un ejemplo demasiado cercano.

Por ello cabe recalcar el llamado a la madurez, la responsabilidad y la cordura a grupos que, por miopía o pragmatismo excesivo, están apoyando a Jimmy Morales y su gobierno en el ataque en contra de la Cicig y de la CC. Destaca un grupo de empresarios, no todos, que ve que el ataque en contra de la CC le abre oportunidades para capturarla (o recapturarla), y asegurar fallos y sentencias acordes a sus intereses. Una visión tonta, porque más temprano que tarde descubrirán que ninguna dictadura es buena para los negocios.

La historia, en particular la de Guatemala, tiene abundancia de ejemplos y lecciones aprendidas con altísimos costos económicos y sociales, incluyendo guerras y genocidios, de lo destructivo que son las dictaduras.

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

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