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El jurista colombiano Iván Velásquez Gómez está desde octubre de 2013 al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Por su exitosa labor en esta Comisión recibió en Estocolmo junto a la ex fiscal general de Guatemala Thelma Aldana []el premio Right Livelihood, conocido como el Premio Nobel Alternativo.

Como comisionado de la Cicig ha tenido que enfrentarse a las autoridades guatemaltecas. La Cicig ha desvelado importantes casos de corrupción de Guatemala que salpican a cuatro expresidentes y señala al presidente actual, Jimmy Morales, por financiamiento electoral ilícito. En Colombia, vinculado a la Corte Suprema de Justicia colombiana desde el 2000, investigó como magistrado auxiliar la parapolítica en Colombia, es decir las relaciones del paramilitarismo con políticos del Congreso.

En Colombia, usted investigó y adelantó a las investigaciones sobre la parapolítica. Luego va a Guatemala y trabaja en la Cicig que abarca temas sobre la impunidad y también casos de corrupción. ¿Qué paralelos hay entre estos dos países?

Me parece que hay bastantes similitudes. Tal vez en Guatemala, porque hay una gran debilidad institucional, pueda ser todo más burdo. Es más evidente en las relaciones por ejemplo con diputados en la aprobación de leyes. En Colombia no es tan evidente. Lo que no significa que no exista. El hecho de que existan grandes extensiones territoriales con un vacío de Estado, el cual ha sido ocupado por organizaciones criminales, es algo que identifica a los dos países.

El tema del narcotráfico me parece también de gran importancia y de mucha gravedad. Guatemala es un país de tránsito tanto por el Pacífico como por el Atlántico de la cocaína proveniente de Colombia. El incremento del narcotráfico en Colombia, derivado de la ampliación de áreas cultivadas de coca, ha determinado también una mayor vinculación en Guatemala con ese fenómeno y con todo lo que trae asociado; por ejemplo la corrupción en las administraciones municipales y el control territorial que se ejerce también con connivencia de fuerza pública tanto en Guatemala como en Colombia, la vinculación con actores dedicados inclusive a actividades legales pero que empiezan a mezclarse con estas actividades ilícitas, asimismo la intromisión del narcotráfico en la política. Son elementos que muestran una gran similitud entre los dos países.

¿Qué paralelos cree que hay en términos de la obstrucción de la justicia entre los dos países?

En Guatemala, la falta de independencia judicial es mucho más evidente que en Colombia, podríamos decir que en Colombia puede llegarse a niveles superiores de independencia judicial entre otras cosas, porque se tiene carrera judicial hasta magistrados de tribunales. Estos equivalen en Guatemala a los magistrados de salas de la Corte de Apelaciones, donde no existe carrera judicial. Fue precisamente una lucha, todavía continuamos con la esperanza de que el Congreso apruebe la reforma constitucional, para establecer esa carrera judicial en todos los niveles del Organismo Judicial.

Hay una posibilidad mayor de manipulación en Guatemala que en Colombia, lo cual no excluye que en Colombia no exista. Ya lo vimos en la gran corrupción del caso del Cártel de la Toga en Colombia, que apenas es una pequeña parte de lo que debe ser seguramente la corrupción judicial, también de altas cortes porque no podría ser que solo uno o dos magistrados, en un cuerpo colegiado integrado por nueve, sean los que tomen decisiones contrarias al derecho o definidas por halagos, por prebendas o por la corrupción, desafortunadamente esa investigación no avanzó con la contundencia que debía hacerlo.

A pesar de esto, hay una mayor fortaleza institucional en el poder judicial en Colombia. En Guatemala falta mucho todavía en ese proceso de construcción del poder judicial. Colombia tiene más posibilidades de ascender en esa escala de independencia, también de idoneidad y capacidad de los jueces y magistrados.

Otro tema que une a Colombia con Guatemala es haber vivido un conflicto armado. ¿Cuál es su opinión referente a los resultados del proceso de paz en Guatemala frente a lo incipiente que es el proceso de paz en Colombia?

Guatemala firmó la paz con la guerrilla en 1996, hubo una gran expectativa. Se subscribieron muchos acuerdos para fortalecer la democracia y para lograr un Estado de derecho sólido, en donde se incluyera a la comunidad indígena que corresponde a más de la mitad de la población nacional; sin embargo, han sido permanentemente excluidos de todos los beneficios de la civilización. He escuchado todo eso y he escuchado también lamentos, las quejas de muchos guatemaltecos diciendo que todo quedó en el texto, pero que no se desarrollaron en realidad esos acuerdos.

Algo similar pasa con Colombia, donde hay una gran expectativa. Cuando se está discutiendo en La Habana, cuando se generan compromisos que tienen que ver con la tenencia de la tierra y finalmente no se cristalizan. No se ha logrado definir en Colombia ese otro proceso que tiene que estar paralelo a la reinserción de la guerrilla, ese proceso por la dignificación de la población.

Entonces, creo que las expectativas no se han cumplido. Se produce en Colombia algo similar a ese optimismo reformista que vivimos en 1991 con la nueva constitución. Se creía que era para el fortalecimiento de las instituciones, para llevar a Colombia hacia un Estado verdaderamente democrático. Se aprobó la constitución y casi de inmediato comienzan las contrarreformas para deshacer lo que se había logrado. Está la gran participación del paramilitarismo y del narcotráfico en 1990 y 1991, además con lo que significó el Cártel de Cali en la política colombiana en 1994… Y así se van viendo más frustraciones.

Creo que muchos en Colombia ven las experiencias vividas en otros países sobre sus propios procesos de paz, como en Guatemala de 1996 en adelante, y observan todos esos proyectos no realizados y promesas incumplidas. Bajo este perfil se intenta establecer bases sólidas del proceso de paz en Colombia. Por lo menos es una aspiración que se tiene.

¿Usted cree que es posible que el acuerdo, al tener tantos tropiezos, pueda no llegar a concretarse y el espiral de violencia pueda llegar a ser parecido al de otros países donde han fracasado los acuerdos?

Ya hay una experiencia grave en el país con la Unión Patriótica (UP). Lo que significó el aniquilamiento de un partido político. La muerte, el asesinato de tantos militantes de la UP. Esa experiencia me parece que debe ser también retomada en el propio país. Ahora hay, igualmente, una escalada de muertes de líderes sociales en las regiones. Entonces, esto funciona casi como una forma de control, esto a partir de la investigación criminal, frente a las dudas que existen, si esto se trata como con la UP de una acción sistemática de eliminación del disidente. E insisto, dada la experiencia anterior con la UP, se necesita que haya obviamente más presencia del Estado. Además que en los programas sociales, en el tema de la tierra y en el tema de la distribución de la riqueza, haya mayor incidencia, de manera que también los gérmenes de violencia motivados por causas sociales puedan igualmente ser disminuidos o controlados.

¿Cuál sería el papel de la comunidad internacional que está apoyando a Colombia para que se evite que haya un boicot desde la mismo Colombia al proceso de paz?

Se debe mantener una actitud vigilante. La comunidad internacional le está apostando a la democracia de América Latina. Con el cuidado permanente desde la comunidad internacional se puede impedir la desviación de recursos, la desviación de finalidades y de propósitos que resultan finalmente antidemocráticos. Esto significa que tenga también una mayor participación en los asuntos de Colombia, sin que esto se pueda tomar tampoco como una invasión a la soberanía colombiana. En cuanto a ese compromiso de Colombia con la comunidad internacional, y de la comunidad internacional con la democracia, finalmente lo que va a permitir es una construcción entre todos del Estado social y democrático de derecho que impone nuestra constitución política.

El entramado de corrupción de la empresa Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción en América Latina que involucra a por lo menos a 10 países, ha desatado una feroz batalla judicial en el continente. Autoridades judiciales, empresarios, presidentes, ministros y políticos están desfilando a la justicia acusados de obtener sobornos por parte de Odebrecht con el objetivo de beneficiarse de contrataciones públicas. Recientemente unas grabaciones del testigo principal del caso Odebrecht en Colombia, el auditor Jorge Enrique Pizano y que falleció de un infarto en noviembre, señalan al fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, como involucrado. ¿Cómo ve usted lo que se ha descubierto en Colombia sobre la vinculación del fiscal general con el caso Odebrecht?

Me parece que es un tema que tiene que investigarse con toda profundidad. No se puede buscar amparar impunidades. Hay que definir exactamente cuál ha sido el rol que ha cumplido el fiscal general en todo esto y ver cómo ha sido también la actuación de la Fiscalía General en la investigación del caso Odebrecht.

Odebrecht es solo un síntoma de la corrupción. Se sabe de otras empresas, que actualmente están obteniendo proyectos para la construcción de infraestructura, que están involucradas en enredos de coimas y sobornos. Entonces ¿es algo que está pasando también con otras empresas?

No podría decir exactamente del caso de Colombia. Aunque por investigaciones, tanto periodísticas como de la propia Fiscalía General, se ha encontrado a otras empresas. En las investigaciones en Guatemala hemos encontrado también a empresas de otros países. Por ejemplo para la adjudicación del contrato de la Terminal de Contenedores Quetzal hubo más de 30 millones de dólares de soborno que fueron pagados por la Terminal de Contenedores de Barcelona. Hay también muchos hechos de corrupción de empresas nacionales en Guatemala. Investigaciones por las que se ha vinculado a varios empresarios justamente por delito de cohecho.

Volviendo a Odebrecht. ¿Cómo ve usted que Odebrecht haya logrado permear tantos gobiernos en Latinoamérica?

Pues podría hablar de las realidades conocidas, que son Guatemala y Colombia. Si eso se puede hacer, es porque existe una base de corrupción que es utilizada. No digamos que Odebrecht generó la corrupción en Colombia o en Guatemala, aprovechó estructuras criminales que están funcionando dentro del Estado colombiano o guatemalteco, utilizando esas estructuras ya creadas logran su cometido.

Por Andrés Gómez y Francisco Contreras

Iván Velásquez: jurista y diplomático colombiano. Desde octubre de 2013 es el comisionado internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Andrés Gómez es periodista colombiano, radicado en Suecia, que ha cubierto los impactos medio ambientales del extractivismo minero y agrícola, y diferentes violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto colombiano. Francisco Contreras es sociólogo y activista social, presidente de Solidaritetshuset y coordinador del tanque de pensamiento Internationell Arena.

Fotografía principal cortesía de Juana Olsson.