Luis Felipe Arce | Política y sociedad / EL CASO DE HABLAR

El director argentino Andy Muschietti recientemente adaptó al cine la historia de terror más escalofriante narrada en la novela del laureado productor Stephen King. Su título, «It: capítulo 2.»

En una entrevista concedida a la agencia AFP, Muschietti -al referirse al payaso asesino que ronda por las alcantarillas, aterroriza a los niños y su tiempo lo dedica para dividir a los perdedores, poniéndolos en contra para dominarlos y debilitarlos- se refiere literalmente a que: «Esta película está conectada con los tiempos que vivimos. Vivimos en una cultura de miedo, con líderes que intentan dividir a la gente para controlarnos, dominarnos y hacer que nos enfrentemos entre nosotros».

En mi artículo publicado en gAZeta la semana anterior, «Legado de la infamia», me refería a tres desatinadas y escalofriantes historias puestas en escena y que nos ha tocado vivir a los aterrados guatemaltecos durante estos largos e interminables años del desgobierno del «It chapín». Años, de verdad, salpicados de muchas incoherencias, paradojas y contrasentidos, con el fin último de polarizar y crear conflictos de opinión

Para el día de hoy he reservado puntualizar en los últimos berrinches y pataletas de ahogado de nuestro trasnochado payaso: el «It tropical». Son dos temas trágicamente reales que han afectado y afectarán de manera directa el hacer y el sentir de nuestros conciudadanos.

No renovación del mandato de la Cicig

El 12 de diciembre de 2006, por medio de un acuerdo firmado entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, fue creada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente de carácter internacional. Contó con la opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad (mayo 2007) aprobado por el Congreso de la República (1 agosto 2007) y disuelta unilateralmente por el actual «señor presidente», al negar la renovación del mandato vencido el 3 de septiembre de 2019.

Este documento se firmó en un contexto histórico particularmente especial, con el fin primordial de crear un firme mecanismo, con respaldo de países donantes, para luchar frontalmente en contra de ese avorazado monstruo de mil cabezas llamado impunidad. Los argumentos primordiales que justificaron su creación se orientaron sobre la base de cinco ejes muy puntuales:

• Contrabando y defraudación tributaria.
• Corrupción en el sector público.
• Financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.
• Corrupción judicial.
• Narcotráfico y lavado de dinero.

Durante la dirección de sus dos primeros comisionados, el español Carlos Castresana (2007-2010) y el costarricense Francisco Dall’Anese (2010-2013), si bien no fue del todo una comisión decorativa e inoperante, no se tocaron casos de alto impacto que alarmaran -siquiera de rebote- los tentáculos de la corrupción e impunidad enquistados en los gobiernos de turno.

Con el arribo del jurista colombiano Iván Velasquez (2013) y la llegada a la jefatura del Ministerio Público de la abogada Telma Aldana, se notó un cambio radical en la forma de afrontar, atacar y perseguir a los funcionarios, empresas e intermediarios que por años se dedicaron, impunemente, a defraudar al fisco y saquear las finanzas públicas.

Los llamados «jueves de Cicig» eran esperados con mucha atención, porque, por primera vez, desfilaron ante los tribunales y la opinión pública una serie de «intachables» expresidentes, ministros de Estado, funcionarios públicos, diputados, alcaldes, empresarios, nuevos ricos y toda una serie de vividores a costa del presupuesto nacional. Las pruebas en su contra siempre fueron abrumadoras, sólidamente respaldadas, irreversibles y fuera de toda duda razonable.

Se diga lo que se diga. Le pese a quien le pese. Se juzgue como se juzgue. De una cosa sí debemos estar bien claros. La presencia de la Cicig en nuestro país dejó una profunda huella -difícil de borrar-. Puso al descubierto la cruda realidad de la aplicación de la justicia en Guatemala. La corrupción de los jueces. El manipuleo e interpretación antojadiza de las normas del derecho. La galopante corrupción abanderada por funcionarios públicos y poderes paralelos de presión. La impunidad, el nepotismo y el oportunismo de los narcogobernantes, narcomiltares, narcovividores y las élites empresariales de cuello blanco.

Para ponerle la tapa al pomo a este enojoso y fastidioso tema, nuestro innombrable «It tropical», acostumbrado a deambular erráticamente por el oscuro y retorcido laberinto de su mente -entre drogas, mujeres y licor-, ordenó a su canciller Sandra Jovel -la robusta roba niños- para que el pasado miércoles 11 de septiembre, por la tarde, informara a la nación sobre la errónea decisión de cerrar la embajada de Guatemala acreditada ante el Reino de Suecia (representación consular y diplomática de toda la región escandinava: Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia) por el «imperdonable hecho» de haber sido el principal país donante para la implementación y funcionamiento de la Cicig en el país. Argumentando, además, injerencia extranjera en los asuntos internos de Guatemala (rápido, rápido se les olvidó la impositiva injerencia de Israel y la del garrote mayor, el presidente Trump).

Con este nuevo berrinche, el país se hunde en el aislamiento internacional en un momento en el que tanto el comercio nacional y exterior necesitan -más que nunca- de la solidaridad e inversión extranjera para sobrellevar la crisis en la que nos han dejado sumergidos el insaciable Alí Baba y su banda de diligentes y ventajistas ladrones.

Tercer país seguro con estado de sitio incluido

Antes se adentrarnos en el tema, valdrá la pena posicionarnos sobre el área de influencia afectada.

Circundante a la aldea Semuy II (lugar de la tragedia) existen grandes plantaciones de palma africana (Empresa Naturaceites). A muy pocos kilómetros, en el municipio de El Estor, opera la Compañía Guatemalteca de Niquel CGN -la más grande industria extractiva del país-, además de existir más de 50 fincas invadidas y extensos territorios usurpados ilegalmente por madereros, ganaderos y el narcotráfico.

Indudablemente, es tierra de nadie, un área conflictiva y anárquica, sumamente vulnerable; de poblados pobres, con carencias de todo tipo, olvidados e ingobernables.

Ante este desolador panorama, es muy fácil encender la chispa de un conflicto social que NO se resuelve con la implantación a destiempo de un innecesario y fuera de lugar estado de sitio.

Tanto abuso, irresponsabilidad e indiferencia de las autoridades competentes ha permitido que el control del área en referencia rebase cualquier expectativa de convivencia pacífica. El temor, el miedo y la desconfianza es una bomba de tiempo a punto de estallar por cualquier provocación.

Es, más bien, el resultado de años de solo ver, dejar pasar y tolerar los abusos de poderosos comerciantes del bien común. La cosecha de la semilla sembrada desde mucho tiempo atrás por delincuentes de todo tipo, amparados por gobiernos incapaces, improvisados, impopulares, tolerantes y marcadamente corruptos… ha principiado a germinar.

Un estado se sitio por treinta días que restringe derechos y garantías constitucionales de libertad de acción, detención legal, interrogatorios a detenidos y presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y portación de armas en 22 municipios de 6 departamentos (Izabal, Petén, Zacapa, El Progreso, Alta y Baja Verapaz) esconde un oscuro propósito y una tenebrosa realidad, necesaria de estudiar.

Los problemas de fondo no se resuelven con la fuerza… se resuelven con la firme voluntad de diálogo -abierto e incluyente-, en el que participen de manera directa -lo quieran o no- todos los protagonistas sociales involucrados en este viejo conflicto agrario que ha cobrado innumerables víctimas inocentes.

Cualquier otra medida -inoportuna e impopular- no solucionará nada pero, eso si, abrirá más las heridas y destruirá -más de la cuenta- el tejido social de las comunidades involucradas. Sus consecuencias serán incuantificables y de incalculables pérdidas en vidas y otros males mayores.

No hay que echar mano de orquestadas cortinas de humo ni aprovecharse de incidentes -en apariencia aislados y provocados a propósito- para satanizar y victimizar a los involucrados en los lamentables y confusos hechos del pasado martes 3 de septiembre. No se gana nada con viralizar más el odio y la división entre los guatemaltecos. Se necesita de una buena dosis de compromiso por solucionar, de raíz, un mal aceptado, tolerado y visto de lado en todo momento por las autoridades competentes.

La seguridad, no se alcanza con decretos

No quiero cerrar este breve análisis reseñado en mis dos últimos artículos publicados en gAZeta, sobre los cinco puntos álgidos que marcaron, hasta el momento, el errático gobierno presidido por don Jimmy. Las conclusiones son contundentes. Fue un gobierno -entre trago y trago- débil, irresponsable, impopular, acomodaticio y entreguista. Se dejó llevar por las opiniones de asesores oportunistas, manipuladores e improvisados funcionarios, aduladores profesionales de tiempo completo, poderosos narcomilitares, voraces empresarios y fanáticos pastores neopentecostales. En fin… un gobierno sin juicio, ni beneficio.

El predecible resultado: un tiempo perdido y un nefasto retroceso a las viejas prácticas de ayer. Sin ninguna duda, pasará a la historia con más pena que gloria.

Como una grave y desvergonzada paradoja de esta tragicomedia, hay algo que no debe dejarse pasar sin que quede constancia.

La tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción cobró la vida de 41 menores.

La tragedia del Volcán de Fuego, cobró la vida de varios miles de guatemaltecos entre cuerpos encontrados e incontables soterrados.

En ninguno de estos casos el «señor presidente» acompañó los féretros ni se solidarizó con los deudos.

Sin embargo, cuando después de ocurrida la muerte de tres militares -en un confuso incidente en la aldea Semuy II- a ellos, se les hicieron honores póstumos y hasta un «doliente presidente» cargó los féretros… la vieja frase de «o todos hijos, o todos entenados» quedó una vez más en entredicho.

Réquiem para el grotesco It… que caiga el telón.

Imagen principal tomada de Twitter.

Luis Felipe Arce

Guatemalteco. Ingeniero civil, por varios años gerente de Producción para Centroamérica de una importante corporación mundial dedicada a la fabricación de materiales refractarios y aislantes. Actualmente, consultor independiente.

El caso de hablar

Correo: luisarcef@yahoo.com