-Carlos Enrique Fuentes Sánchez / EL EDUCADOR–

Junto a otros múltiples hechos repudiables en los últimos días, vale la pena comentar dos que son muy indignantes. El primero lo constituye el descaro con que el ministro de la Defensa defiende la emisión y cobro del bono por responsabilidad. El segundo, la agresión sufrida por los nuevos dirigentes estudiantiles de la Facultad de Derecho de la USAC a manos de encapuchados. Dos ejemplos de cómo la pérdida de la práctica de valores ha afectado a la sociedad guatemalteca.

En el primer caso, es indignante ver como el ministro de la Defensa, en el interrogatorio que le hacen los diputados de Encuentro por Guatemala, no sabe ni puede responder con certeza y decisión las preguntas presentadas. Busca la manera de encontrarle un asidero legal al bono, pero no lo encuentra y dice “que no hay explicación”. Después, involucra totalmente al presidente de la República al indicar que fue el mandatario quien encontró que era legal y por eso lo aprobó y lo aceptó. ¡Vaya descaro y lealtad! Pero fuera de lo penoso de lo mostrado en la entrevista, la creación y cobro del bono, a todas luces ilegal, es además inmoral y antiético, pues un ministro de la Defensa debe saber que un bono no puede ser mayor que el salario devengado como trabajador y que dicho bono no puede crearse por una simple disposición, sino por un acuerdo ministerial el cual debe ser publicado en el Diario Oficial. Todo fue oculto, oscuro, como la mayoría de las cosas ejecutadas, desde siempre, por el Ejército Nacional. Además, ¿cómo, sabiendo las necesidades que está atravesando la mayor parte de la población pobre y muy pobre del país, se atrevió el ministro de la Defensa a emitir tal disposición? Aquí cae a lo injusto, a lo inhumano, a lo indignante.

Podrían esgrimirse muchas respuestas tontas, como las que esgrimió el ministro pero, salta a la vista fácilmente, que tal bono fue creado para enriquecerse fácilmente. Y para tener más garantías de poder gozarlo, involucraron al presidente, a su comandante general quien, de nuevo, cayó en la trampa y ahora lo paga con un posible antejuicio por enriquecimiento ilícito. El ministro de la Defensa ya pasó a retiro, pero lo justo es que él, como los demás altos mandos que han recibido el bono, lo devuelvan completo. La Contraloría General de Cuentas debe proceder judicialmente y obligarlos a devolver el dinero malhabido. Es la única forma de sentir que, en Guatemala, se empieza a hacer bien las cosas.

Por otro lado, y no menos indignante, es la actitud de los encapuchados que agredieron a los nuevos dirigentes de la Asociación de Estudiantes de Derecho. No es posible pensar que estos sean estudiantes de Derecho. Pueden ser lo que quieran, pero no estudiantes de Derecho, porque una actitud de tal naturaleza no la puede tener un estudiante y menos, aquel que algún día será abogado y notario. Más bien son delincuentes que merecen ser expulsados de la Facultad, si es que están inscritos, y ser encarcelados por agresión y daños. No es posible que en la USAC se den tales delitos y todo quede impune. Pero lo más preocupante es que tal situación se está dando en otras muchas facultades y centros universitarios, en los cuales algunos “estudiantes” tienen como propiedad la Asociación de Estudiantes y el Subcomité de Huelga de Dolores, con el único propósito de enriquecerse fácilmente.

Para nadie es un secreto las grandes cantidades de dinero que se mueven en ambas dirigencias. Son miles de quetzales que se obtienen de los otros estudiantes y muchos miles más los que se obtienen de las “talachas”. Y nadie da informe económico de tales ingresos y nadie ve, nunca, que el dinero obtenido se invierta en mejoras para los estudiantes. Cero bibliotecas, cero computadoras; cero presentaciones artístico-culturales. ¡Nada! Todo se queda en los bolsillos de los “dirigentes”. Por ello, hay encapuchados que llevan hasta 15 o 20 años sin graduarse. Por ello, algunos dirigentes no desarrollan elecciones o las desarrollan pero tuteladas o arregladas, para seguir otro y otro períodos.

Estos dos casos, como otros más que se dan tanto en el Ejército como en la Universidad y otras instituciones, deben acabar. ¡Ya basta de ilegalidades, fraudes, extorsiones, robos y violencia! Sobre todo, en las facultades de Derecho, futuro legal (¿o ilegal?) de nuestro país. Ciudadanos y estudiantes honrados y autoridades deben unirse para evitar que estas lacras humanas sigan haciendo de las suyas. “El mal avanza si los buenos dejamos que avance” dice una película. Y tiene razón. Si nadie dice o hace nada, todo seguirá igual de mal.

Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional. Surgido de los barrios pobres de la zona 6 en la ciudad capital pero formado, a partir de su adolescencia, en diferentes departamentos de la República, donde fue educado y a la vez brindó educación. Conferenciante nacional e internacional, columnista, consultor de organizaciones educativas nacionales e internacionales, participante y decisor en los procesos y redacción de documentos de mayor trascendencia en la educación nacional en los últimos 40 años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión española y últimamente de otras potencias, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, una Guatemala justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, de calidad y con calidad, para todos y todas.

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