-Ricardo Barrientos / MANIFIESTO–

En Guatemala, la figura del antejuicio es ya escandalosa como defensora de la impunidad. La semana pasada quedó demostrado que en el ámbito militar es aún peor.

El antejuicio es una figura de inmunidad para proteger el ejercicio de un cargo público en el que se deben tomar decisiones que inevitablemente benefician a unos y perjudican a otros. El caso más evidente es el de los jueces y magistrados, pero también de los diputados, los ministros, alcaldes municipales, el presidente de la República y otros funcionarios y dignatarios. Pero, la ley vigente en Guatemala la define de una manera excesiva, por lo que funciona como mecanismo de impunidad.

El antejuicio impide la captura de estos funcionarios y dignatarios, a menos que una autoridad competente resuelva que procede la formación de causa. Hasta allí más o menos es lo que uno puede encontrar en otros países. Quizá la principal falencia de la versión guatemalteca es que el derecho de antejuicio impide además que se investigue al dignatario o funcionario, usualmente relegando esa tarea a un juez pesquisidor que no tendrá las mismas capacidades que el Ministerio Público (MP) y, por desgracia, en muchos casos mucho más vulnerable a la corrupción.

El impedimento para que el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) investiguen a funcionarios y dignatarios es una muestra inequívoca de un mecanismo de impunidad, el cual ha sido usado de forma intensiva. Permitir la investigación sustentaría mucho mejor las solicitudes de retiro de antejuicio, en las que la autoridad competente tendría elementos más objetivos y sólidos para decidir si procede o no la formación de causa, y con ello, si se retira o no la inmunidad.

La semana pasada quedó evidenciada otra falencia grave de impunidad que otorga el derecho a antejuicio: su aplicación en el ámbito militar. En el ahora escandaloso y vergonzoso caso de Erick Melgar Padilla, implicado en el asesinato de José Armando Melgar Moreno, su propio padre, pudimos ver con mucha indignación cómo el todavía comandante de la Guardia de Honor se burló de la justicia.

Pero no lo hizo solo. Gozó del encubrimiento del Ministro de la Defensa Nacional y de prácticamente toda la Guardia de Honor. El ministro hizo el ridículo al responder que a Melgar Padilla no se le podía localizar por estar de «descanso» o que simplemente «no respondía al teléfono». Yo me pregunto, ¿en Guatemala hay militares honestos que de verdad practiquen aquello del amor a la patria, honor, valor, lealtad, unión, deber, virtud, ciencia y fuerza y demás parafernalia nacionalista que se supone les inculcan, y que les ofenda y denuncien la cobardía y descarada defensa de la impunidad que demostraron el ministro Ralda y el delincuente Melgar Padilla?

Además del encubrimiento del ministro de la Defensa Nacional y de toda la Guardia de Honor, Erick Melgar Padilla gozó de la protección de la jueza Claudette Domínguez al reconocerle su derecho a antejuicio por presidir el tribunal militar, aún y cuando los documentos que formalizan esa calidad fueron emitidos y firmados el mismo día que se conoció la orden de captura en su contra. Pero sobre esto, resulta escandaloso que se le reconozca inmunidad ante los señalamientos de hechos que no tienen nada que ver con atribución más de carácter auxiliar, y que no ha ejercido a la fecha. Para colmo, Melgar Padilla sí se presentó en el juzgado con el mayor de los descaros, pero justo después que la jueza Domínguez había revocado la orden de captura, cuando ya todo estaba arreglado.

¿Habrá alguien que dude que esto no es impunidad pura y dura?

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

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