-gAZeta-

Ciento once congresistas quisieron darle un obsequio al pueblo como conmemoración de las fiestas patrias. Quizá asumieron que, así como ellos, el pueblo tendría un asueto largo y que entre desfiles y antorchas pasaría desapercibida su aberrante acción.

Las condiciones estaban dadas y formaban parte de su estrategia para aferrarse al poder y legalizar la corrupción. Los acontecimientos más evidentes vienen sumándose a partir de que se filtrara la noticia de que el presidente Morales viajaría a la ONU para pedir la remoción definitiva del comisionado Iván Velásquez. El consiguiente anuncio de renuncia que hiciera la fiscal general Thelma Aldana, en el caso de que el comisionado Velásquez fuera expulsado del país, era el combo soñado de los corruptores del Estado. Dos por el precio de uno.

El Ministerio Público junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad –Cicig– presentó la solicitud de antejuicio contra el presidente de la República, por considerar que la evidencia para continuar una investigación por financiamiento anónimo o ilícito del partido FCN-Nación durante la campaña electoral de 2015, tiempo en el que el presidente figuraba como secretario general, tenía el sustento suficiente.

La Corte envió la solicitud de antejuicio al Congreso de la República, quien debió conformar una Comisión Pesquisidora para que entregara su recomendación al pleno. Desde las audiencias se percibía una resistencia a la objetividad de las evidencias y se intentaba reiterar que era una solicitud política y no sustentada en la falta de procedimientos establecidos en los reglamentos del Tribunal Supremos Electoral, así como en los avisos que la IVE generó por movimientos sospechosos en las cuentas del partido, designadas para la campaña electoral. En varias oportunidades se hizo alusión a que la contadora era la única responsable. En medio de una maniobra y luego de cambiar su agenda del último día de trabajo, la Comisión Pesquisidora terminó su informe a puertas cerradas y lo entregó a la Dirección Legislativa del Congreso de la República a las 22:20 del domingo 10 de septiembre, sin medios presentes y asegurando que darían una conferencia de prensa a la mañana siguiente.

Al mediodía del lunes 11, únicamente el presidente de la Comisión, Julio Ixcamey, declaraba que se recomendaba retirar la inmunidad al presidente. Él fue el único de los cinco integrantes de la Comisión que votó a favor durante la sesión plenaria, la cual se llevó a cabo más tarde.

En la sesión plenaria programada para ese día, se aceleró la votación para retirar o no la inmunidad del presidente Morales, en los escasos 35 segundos que la Junta Directiva le dio al pleno para votar, solo 25 diputados pudieron marcar la luz verde en sus tableros electrónicos, de ellos únicamente dos mujeres.

Sin embargo, las fuerzas del mal que se habían configurado en alianza lograron solamente 99 votos, sin alcanzar los 105 necesarios para que se archivara definitivamente la petición, por lo que la solicitud seguirá en Dirección Legislativa, a la espera de que la correlación de fuerzas entre la impunidad y la legitimidad cambien y se saque de nuevo para poder, finalmente, retirar la inmunidad e investigar a Jimmy Morales. La reconfiguración dentro del Congreso no es una idea descabellada en tanto que varios de los congresistas tienen procesos pendientes de aclarar. La inmunidad en estos casos es un obstáculo para la justicia.

El miércoles 13 se tenía programada una sesión solemne para conmemorar el 196 aniversario de la Independencia del país y, posterior a ella, otra sesión para avanzar en iniciativas pendientes.

Esa primera seción sería la primera aparición del presidente ante los medios, luego de sus evasivas ante la crisis provocada por sus desesperadas acciones y después de que esa mañana el medio digital Nómada publicara en sus redes sociales la investigación que realizó, en la que encontró que el presidente había recibido durante nueve meses un bono de Q 50 000 de parte del Ministerio de la Defensa, el cual fue calificado de ilegal por expertos en administración del Estado. Posteriormente, la Contraloría General de Cuentas recomendó al presidente a devolver el sobresueldo recibido.

El cerco perimetral era suficiente para disuadir las manifestaciones que, debido a las decisiones tomadas por el Congreso, se han presentado y lanzado consignas entre la octava y novena avenida de la zona uno. Se advirtió a la prensa que debía contar con acreditación especial para ese día, los equipos de comunicación de las bancadas no tendrían acceso al palco del segundo nivel. La transmisión en vivo de las breves y vacías palabras del presidente, quien tuvo el descaro de agradecer al pleno por haberle conservado la inmunidad, transcurrió sin problemas. Pero, para cuando se inició la sesión agendada, tanto la página oficial del Congreso de la República, como la de su cuenta de Facebook fueron irregulares y presentaban problemas de audio. La población estaba incomunicada, ignoraba que dentro del Congreso se fraguaba una acelerada y sin precedente aprobación del paquete de la impunidad, por “urgencia nacional”.

Ante la mirada atónita de periodistas presentes y de una docena de congresistas congruentes, la bancada oficial, junto a las de UNE y MR presentaron una moción privilegiada para aprobar dos iniciativas que ese mismo día había recibido la Dirección que, como cosa rarísima, hasta número les había asignado.

Algunos diputados se manifestaron en contra de votar algo que no era del conocimiento del pleno y que, aunque existe un procedimiento para aprobación urgente, no guardaba el procedimiento habitual, en el que se le permite a los congresistas conocer, enmendar, apoyar o rechazar las iniciativas, menos aún no contaba con la aprobación de especialistas reconocidos, ni la de organizaciones que se dedican a esos temas.

La primera enmienda que se presentó, seguramente por estrategia, antes de que Guatemala se enterara y pegara el grito en el cielo, fue la que reforma a los delitos electorales, que en resumen buscaba desligar de toda responsabilidad a los secretarios generales de los partidos por los financiamientos anónimos o ilícitos que recibieran, así como a quienes generosamente den esos aportes.

Solo 14 congresistas se opusieron en todo el proceso, otros pocos optaron por la cosmética decisión de votar a favor de todo, menos de la redacción final, seguramente para aparecer en las fotos y listados de los que votaron en contra. Algunos más decidieron ausentarse para evadir responsabilidades.

Pero la madre de todas los insultos a la población fue la enmienda que presentaron después, en la que se buscaba conmutar penas y que abriría la puerta para que personas que han cometido graves delitos salieran en libertad o, peor aún, ni siquiera ingresaran a prisión.

El artículo 50 del Código Penal reza: “Son Conmutables: 1º. La prisión que no exceda de cinco años, la conmuta se regulará entre un mínimo de cinco quetzales y un máximo de cien quetzales por cada día atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas del penado”. En la reforma propuesta el artículo 50, se modificaba el número de años: “La prisión que no exceda de diez años”.

Resultó evidente el doble discurso de los diputados que incluso han convocado a plantones de oración en la Plaza Central para abogar por la pena de muerte y que ahora, en cuestión de minutos, aprobaban una ley que permitiría que delitos como la extorsión, violación, producción de pornografía con menores de edad, trámite irregular de adopción, enriquecimiento ilícito, testaferrato, tuvieran conmutación de sus penas, incluso por instigación al genocidio, un delito que no tiene derecho a amnistía.

Esto sí, y a diferencia de los argumentos de quienes quieren fuera al comisionado Iván y la Cicig, representa un grave debilitamiento de los reducidos avances que Guatemala ha tenido en materia de justicia, en los últimos años.

Constata, además, las afirmaciones de algunos diputados oficialistas, de que trabajarían de la mano con el presidente, pasando por alto la independencia de poderes. Estas aprobaciones no solo benefician al presidente y otros diputados por el financiamiento de su campaña, sino que libera de condenas a personas que están siendo juzgadas por los mismos delitos y por el robo incalculable que hicieron al Estado.

Por la tarde del miércoles se especulaba en redes sociales, o más bien se temía, que en este contexto otras iniciativas que restringieran derechos y otorgaran más poder a órganos que no los tienen, precisamente para salvaguardar el estado de derecho, y que fueran presentadas y aprobadas en próximas sesiones plenarias. Por lo que la ciudadanía, organizaciones, movimientos y estudiantado se aproximó al Congreso a manifestar su repudio, quienes en turnos diferentes han permanecido en las puertas, para exigir a diputados que renuncien.

La oportuna acción de dos amparos que se presentaron por la tarde del miércoles, provocaron que la Corte de Constitucionalidad presentara al Congreso la solicitud de un informe circunstanciado, dándole cuatro horas para entregar el mismo. Horas más tarde, la Corte otorogó un amparo provisional, lo que de momento dejó sin efecto tales decretos.

Las presiones de diversos sectores parecieron tocar por fin los oídos o quizá intereses de algunos ponentes del paquetazo de la impunidad, por lo que la mañana del jueves la Junta Directiva del Congreso convocó a sesión de jefes de bloques. En ella, diferentes bancadas hicieron uso de su derecho a objetar una ley y acordaron convocar a sesión plenaria para el 15 de septiembre a las 14:00.

La presencia de la población, pero más aún, de su articulación era necesaria. La indignación ha sido tal que la población con toda dignidad tomó la Plaza Central y tomó la tarima que estaba destinada a los actos de la celebración oficial de conmemoración de la Independencia. Esto y el temor a participar en público, motivó al presidente a anunciar que se cancelaban los actos de conmemoración de la Independencia, no sin antes victimizarse y victimizar a estudiantes que participarían en el desfile anual. Tampoco perdió la oportunidad para criminalizar la protesta y tacharla de violenta, lo cual, parece más bien, preparar las condiciones mediáticas para la represión de la protesta legìtima y pacífica de la población, que no ha incurrido, hasta el momento en hechos de violencia.

En la Plaza, en la octava y la novena avenida había de todo menos violencia. El pueblo exigía, como es su derecho, a que diputados y presidencia trabajen según su mandato y para el pueblo. Artistas aportaban con su arte, niñas y niños soplaban sus pitos y vuvucelas. Estas escenas de reivindicación se repetían en Antigua, Totonicapán, Escuintla, Xela, Cobán, por mencionar algunos lugares.

A la convocatoria para archivar definitivamente ambos decretos aprobados, en un evento inesperado, se presentaron 130 diputados, los 14 que desde un inicio se opusieron, estuvieron presentes para reiterar su postura en contra. El resto, se justificó y algunos más afirmaron que no habían cometido un error.

Continuará.

Fotografías por gAZeta