Jacobo Vargas-Foronda | Política y sociedad / BÚHO DE OCOTE

Estas reflexiones inquietan a partir de que en Guatemala los motores del próximo proceso electoral general (alcaldías, Congreso y Presidencia), a realizarse en el 2019, ya se están calentando. El síntoma para su ejecución son los prolongados debates, ires y venires de las propuestas a la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral, de la inconclusa y mal lograda reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEPP, el deambular en el pasillo de los pasos perdidos, los regateos privados en las camarillas oligárquico-empresariales y su bolsillo para determinar qué partido político y candidaturas financiar.

La ilusión de que los fraudes electorales, golpes de Estado e invasiones extranjeras imperiales en Nuestra América, eran mecanismos fácticos del pasado, está llegando a su forzado prematuro colapso, sin que la «democracia», elecciones libres y limpias hayan llegado a ser una ruta viable en la pequeña América Central, importante parte de Nuestra América. Otra utopía en la sala de espera de los Pueblos por la que habrá sendas batallas políticas al interior y exterior de la región.

Honduras vuelve a ser el escenario, laboratorio, de los estamentos políticos reacios en lo nacional e internacional a cualquier cambio, socioeconómico y político, por pequeño que sea. El Estado hondureño refirma su papel de bastión imperial en la zona. Ya el 28 de junio de 2009 el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, como mecanismo político, reaparecía. Y ahora, en el 2017, el fraude electoral como mecanismo político «preventivo» a cualquier posible triunfo de una corriente política con las más mínimas aspiraciones de cambio para terminar con el oprobioso régimen golpista de 2009, con Juan Orlando Hernández, ha sido toda una nueva modalidad como una «humanitaria operación quirúrgico-profiláctica» para impedirlo.

«Curiosamente», el cuasimandatario guatemalteco se apresuró, el 18 de diciembre de 2017, a reconocer su triunfo, cuando incluso el TSE de Honduras no había dado los resultados oficiales finales, los cuales se estaban alterando con la «inesperada caída» del sistema electrónico de cómputo y difusión de datos. Con el reconocimiento estadounidense al régimen de JOH, la cúpula empresarial y elites del Gobierno guatemalteco se sintieron tranquilos, contentos, ya que han enviado claras señales a Donald Trump de su sometimiento y aplausos de su regreso para volver a mandar, saquear y gobernar en su patio trasero. El tal Jimmy, con ese movimiento y el tema de la embajada de Guatemalandia en Israel, se ha ganado concluir su período de mandadero.

Pesimismo, simplicidad, mecanicismo. No, es frialdad analítica en las condiciones geopolíticas y geoestratégicas que el imperio estadounidense está proyectando en su desesperada, ilegal, carrera por regresar a dominar su patio. Sumándose ahora, el regreso del cerebro gris de los golpes de Estado e intervención directa, Henry Kissinger, tal como el organizado contra Salvador Allende, 1973, promotor de la teoría del dominó, dominando, y tata de los planes de una guerra regional en América Central contra el otrora Gobierno sandinista de Nicaragua, 1979. En este ignominioso panorama, vemos al desnudo, el retorno de fraudes electorales, golpes de Estado y planes de intervenciones militares estadounidenses en la región.

En este escenario de la política estadounidense, el fraude electoral se convierte en el mecanismo de control político profiláctico, preventivo, anticipado, más fácil para orquestar y lograr el sincronizado apoyo de la reacción internacional. Le sigue, el montaje de golpes de Estado, tal como lo han expresado, primero, el secretario de Estado, Rex Tillerson, al mencionar la posibilidad de que los militares venezolanos impulsen lo que calificó de «transición pacífica» y una semana después, el senador Marco Rubio, el 6 de febrero de 2018, indicaría que «el mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas en Venezuela si deciden proteger al pueblo y restaurar la democracia removiendo al dictador».

De no darse, ya la armada estadounidense se apresta a lanzar una intervención militar directa contra Venezuela Bolivariana y está a la espera de la gritería y suma que debe lanzar el llamado Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía), en la VIII Cumbre de las Américas, 13 y 14 de abril de 2018, en Lima, Perú, para atacar a Venezuela Bolivariana y justificar esa intervención como un «acto colectivo» solicitado por un grupo de países (se vislumbran Argentina, Brasil, Colombia, Guyana y Perú), para defender y proteger «la paz amenazada y los valores democráticos en la región» al estilo estadounidense.

Hemos de recordar a Kurt Tidd, jefe del Comando Sur estadounidense, quien reclama y exige «una respuesta regional». Esta estrategia ya ha sido utilizada en Nuestra América, recordemos la invasión del 25 de octubre de 1983 en Granada, con el pretexto de «defensa colectiva» (Antigua, Barbados Dominicana, Estados Unidos, Jamaica, St. Lucía y St. Vicent). No estamos en una guerra fría, es una geopolítica y económica guerra caliente del capitalismo mundial entre las tendencias de la Europa occidental, marítima y estadounidense contra el acercamiento y crecimiento del capitalismo árabe, chino, indio y ruso.

¿Existe la posibilidad de un fraude electoral en Guatemala en el 2019? Ya hemos planteado la hipótesis de vislumbrar semejante delito en Colombia y México, este 2018. ¿Qué es un fraude electoral? Y, ¿cuáles son sus múltiples formas, mecanismos a utilizar, cubiertos en aparente democrática legalidad, en la Guatemala existente, 2018-2019? Recordemos que Guatemala tiene un largo historial de fraudes electorales a partir de la intervención estadounidense de 1954, siendo el de 1974 el más recordado, así como el golpe de Estado de marzo de 1982.

Su planificación, realización y consumación final, del fraude, no es un acto individual. Es el resultado del actuar colectivo de múltiples personajes individuales, organizaciones políticas e instituciones públicas, podemos decir, desde antes de ejecutarse el acto en sí, en el correspondiente día electoral, por parte de la institución pública responsable del proceso. La consumación práctica del fraude se da a partir de que las personas electas y el partido que llega al gobierno no cumple, en lo más mínimo, su propia demagógica oferta electoral cuyo discurso buscó convencer, ilusoriamente, al desorientado e indefinido universo social de electores.

¿Qué es un fraude electoral? Tomando la definición de Guy Goodwin-Hill, citado por el politólogo, Pedro Planas del IIDH, tenemos que: «es la conducta por la cual, a través del engaño, la manipulación, la falsificación, la distorsión, el despojo, la elusión, la obstrucción o la violencia, ejercido en cualquier fase del proceso electoral, se busca impedir la celebración de elecciones periódicas, libres y equitativas, o bien afectar el carácter universal, igual, libre y secreto del voto ciudadano» [1]. Agregamos a esa definición, el impedir la voluntaria selección de las personas y organización política a ser electas con el voto individual y secreto.

Guatemala, en esta etapa de su historia, con todas sus debilidades y ofuscaciones político-organizativas orientadas a un cambio, se encuentra en un caldo de cultivo inaudito de orientación democrática, plurinacional y transformación en donde solo falta la chispa con el correspondiente liderazgo. Por ello, las fuerzas oscurantistas, nacionales e internacionales, tienen en la mira la ejecución de un fraude electoral con las características y encubrimiento que hemos apuntado, como el mecanismo político «preventivo» a cualquier posible triunfo democrático popular, a ejecutarse por las elites reaccionarias, corruptas e impunes, nacionales e internacionales, disfrazado en la verbosidad de una humanitaria operación quirúrgica profiláctica para detener la venezualización del continente con la arremetida del fantasma chino-ruso que corretea en el hemisferio occidental.

¿Cómo se ejecuta? El mismo arranca antes de la convocatoria oficial electoral, previo a la autorización de la campaña electoral, con el disfraz de legalidad en los parámetros de la ley, el cual tiene como antecedente la guerra de la distorsión de la desinformación y desprestigio de los principales oponentes, por la radio, prensa escrita y televisión, así como los famosos net centers y las redes sociales anónimas, con especial atención a las personas de orientación política contraria al statu quo del sistema imperante que no desean se pretenda modificar.

Aquí se agrega la archiconocida práctica del comprar voluntades de determinados líderes locales y la compra del voto individual. Así como la tradicional movilización de huestes de presión psicológica y orientación silenciosa de por quiénes votar, el recurso de cuerpos de control social paralelo, como las otrora llamadas «patrullas de autodefensa», totalmente organizadas bajo el mando de la conocida Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, Avemilgua, como ocurrió en el último proceso electoral, 2015.

De esa manera se llega a la campaña con ventajas anticipadas sobre los oponentes, gracias a sus fuentes de financiamiento. Hasta el momento, no se han conformado las denominadas «unidades especializadas para fiscalizar a profundidad las finanzas de las organizaciones, evitar campaña anticipada y diseñar un sistema para distribuir la propaganda en medios de comunicación», como tampoco del control sobre los «acarreados votantes».

En el terreno práctico, el día de elecciones, ya bajo la autoridad del TSE, tenemos la descalificación de los votos hacia un partido que se declaran nulos con casi cualquier pretexto en cada mesa electoral, actividad que se facilita por la ausencia de fiscales de mesa de los partidos con casi nula capacidad económica para «contratar fiscales», en componenda con los fiscales de los partidos «fuertes» y las autoridades electorales designadas a cada mesa con escaso, por no decir ausente, compromiso cívico de respeto a la voluntad política del voto.

Esto obedece a que el proceso electoral en Guatemala sigue bajo la óptica mercantilista en donde todo es comprable. Semejante componenda queda cubierta de legalidad, desde el inicio del proceso con la inscripción de candidatos no elegibles, hasta en la elaboración de las no menos famosas «actas» que han de ser enviadas, electrónicamente, al centro nacional de cómputo total, carentes de la adecuada y oportuna fiscalización por la carencia mencionada.

Si esas tretas no funcionan, o no es posible su realización en la magnitud deseada, llegamos a los mágicos apagones, «caídas» del sistema electrónico de trasmisión de los datos registrados en las actas al centro de cómputo, y, entre confusión y confusión, el escaneo y llegada de actas con datos prefabricados realizadas a espaldas del supuesto lugar de procedencia, dando los resultados electorales que el fraude requiere, tal como ha ocurrido en México contra Andrés Manuel López Obrador, y en el último proceso electoral hondureño, contra Salvador Alejandro César Nasralla Salum, el 26 de noviembre de 2017.

El escenario que describo, toda una trágica hipotética realidad a consumarse, es un fundamentado pronóstico dada la situación que se vive en Guatemala y en el continente latinoamericano con la avalancha restauradora de las derechas sumisas al imperio, en lo nacional e internacional, que tienen toda la certeza de que sus prácticas de corrupción e impunidad seguirán siendo aceptadas en la concreta medida que no afecten los intereses del herido y maltrecho imperio del norte dispuesto a retomar el control de su considerado patio trasero con el uso de todas la formas, medios y mecanismos, incluyendo el resurgir de la orquestación de golpes de Estado. Por ello, estas reflexiones, son un llamado de atención y trabajo para evitar su potencial realización.

Pedro Planas. Fraude electoral. s/f. Internet. Cfr. Guy Goodwin-Hill. Elecciones libres y justas. Derecho internacional y práctica. Suiza: Unión Interparlamentaria, 1994.

Imagen principal tomada de Wikipedia

Jacobo Vargas-Foronda

Jurista y sociólogo. Aprendiz de escritor, analista y periodista freelance. Libre pensador y autodefinido como gitano, es decir, ciudadano universal.

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