-Alejandro Urízar / LA FRONTERA DE VIENTO –

Una competencia justa necesita un árbitro imparcial. Imaginemos que el equipo de nuestra preferencia disputa la final nacional de fútbol, pero el árbitro es exjugador del equipo contrincante, fue escogido por su capitán y ha arbitrado otros partidos a su favor. ¿Usted creería que es una competencia justa? Probablemente no. ¿Y cuáles sería sus reacciones? Según su pasión futbolera o condición socioeconómica y cultural, las reacciones podrían variar desde apagar el televisor o no asistir al estadio, hasta protestar pacífica o violentamente. La analogía explica en esencia la actual crisis hondureña, pero la raíz del problema es mucho más profunda y extendida.

La Constitución de Honduras establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el árbitro de la competencia, es autónomo e independiente. Sin embargo, el presidente del TSE, David Matamoros, entre 1998 y 2010 fue diputado y secretario general del Partido Nacional, la organización política del candidato oficialista y autoproclamado ganador, Juan Orlando Hernández. Los otros magistrados del TSE fueron designados por partidos como el Liberal o el Democratacristiano, que juntos no suman ni el 15 % de los votos en las actuales elecciones; mientras que la Alianza del candidato opositor y también autoproclamado ganador, Salvador Nasralla, no tiene representación en el máximo órgano electoral. La falta de representatividad y sesgo del árbitro es evidente, lo que explica la crisis y justifica las reacciones ciudadanas, pero ¿cuál es la raíz del problema?

La reelección presidencial está claramente prohibida por la Constitución de Honduras, pero en el 2015 un grupo de legisladores presentaron dos apelaciones contra la prohibición constitucional. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), afín a Juan Orlando Hernández, entonces presidente de la República, decretó que las prohibiciones eran inaplicables y de esa forma dio luz verde a su candidatura. Salvando las diferencias, el político hondureño siguió el ejemplo de otro colega de derechas en la región centroamericana. La Constitución de Costa Rica también prohíbe la reelección, pero eso no detuvo a Óscar Arias, quien gracias a sus influencias ganó un recurso ante la Sala Constitucional, el cual permitió su candidatura y posterior reelección. El proceso fue calificado de golpe de Estado técnico por Luis Monje, expresidente costarricense por el Partido de Liberación Nacional, la misma organización de Arias.

¿La concentración de poder y el irrespeto a las normas e instituciones son vicios de la derecha centroamericana? La Constitución de Nicaragua prohíbe expresamente ser candidato a quien ejerce la presidencia durante las elecciones o quien la hubiere ejercido por dos periodos presidenciales anteriores. Daniel Ortega, el líder del “izquierdista” Frente Sandinista, quien cumplía con ambas prohibiciones, fue candidato presidencial y reelecto en el 2011, gracias a una resolución de la Corte Suprema, controlada por su partido. El caso de Evo Morales, reconocido líder de izquierdas latinoamericano, es más contradictorio aún. La Constitución de Bolivia, elaborada durante su gobierno, establece que una persona no puede ser presidente por más de dos periodos consecutivos. En el 2016, durante su segundo mandato, fue celebrado un referendo donde se consultó al pueblo si quería anular esa prohibición. El pueblo respondió negativamente, preservando la prohibición; pero gracias a sus influencias, el Tribunal Constitucional emitió recientemente un fallo a favor de la candidatura del mandatario.

En su acepción más práctica y esencial, la democracia es el conjunto de reglas que establecen quién toma las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Tomando como base esa definición, la raíz del problema salta a la vista: la imperante cultura política caudillista y antidemocrática en la región. La democracia se materializa en reglas e instituciones, no solo en elecciones. Lamentablemente la concentración de poder para manipular las reglas de juego y controlar las instituciones parece ser un vicio milenario que no respeta clases sociales, ideologías o fronteras. Muchos políticos latinoamericanos podrán ser populares reformadores, excelentes candidatos, expertos en mercadotecnia electoral o hábiles negociadores; pero aún están lejos de ser auténticos demócratas. En el fondo de su subconsciente aún prevalece esa idea egocéntrica, criolla y judeocristiana que el pueblo es una masa ignorante que necesita la guía de un mesías. Afortunadamente, de las crisis como la hondureña y del análisis de sus causas, saltan también a la vista las posibles soluciones.

Alejandro Urízar

Guatemalteco. Poeta. Sociólogo. Mi trabajo con movimientos sociales, organizaciones de sociedad civil y en organismos internacionales me ha dado la oportunidad de vivir en ciudades tan distintas como La Habana y Washington D.C. Actualmente trabajo en Transparencia Internacional y vivo en Berlín, Alemania.

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