Juventino Gálvez | Para no extinguirnos / KOSMOS
El riesgo a desastres y su progresiva intensidad y extensión no solo se explican a partir de amenazas de orden natural, sino también -y sobre todo-, a partir de condiciones de indefensión (vulnerabilidad) que se derivan del deterioro estructural del país. Este deterioro estructural es el resultado de un profundo déficit histórico para planificar con sentido de largo plazo, de «hacer» con base en evidencia (conocimiento) y en apego a la ley (desterrando la captura de la economía a través de la captura de la política), en la capacidad de promover condiciones materiales tangibles para contribuir a que las personas se agencien de medios de vida y vivan la plenitud de los derechos humanos fundamentales y en la capacidad de construir ciudadanía en el sentido amplio y profundo del término. Con la permanencia de sendos déficits, ya hemos constatado que los eventos naturales que se expresan fuera de sus límites normales de ocurrencia alcanzan, casi invariablemente, niveles de desastre.
Variados hallazgos de investigación y hechos concretos en diferentes espacios territoriales muestran la profundización de la vulnerabilidad de orden sistémico en el país. Siendo la vulnerabilidad intrínseca a un sistema (desde una pequeña comunidad, una cuenca, una ciudad, un país o una región integrada por varios países) y, por lo tanto, «manejable», resulta útil entender cómo se define y expresa. La vulnerabilidad se refiere a una condición a partir de la cual una población -un sistema- está o queda expuesta frente a una amenaza. Está asociada a la idea de exposición y susceptibilidad.
La definición de la vulnerabilidad ha evolucionado en la última década para fortalecer su uso y aplicabilidad. En tal sentido, diversos expertos han planteado un enfoque multidisciplinario que se basa en el entendimiento de la naturaleza coevolutiva del desarrollo social y los sistemas naturales, es decir, que se basa en la premisa que los ecosistemas y las sociedades flexibles y resistentes pueden enfrentar de mejor manera las influencias y los cambios físicos del exterior [1].
Bajo un enfoque sistémico, la vulnerabilidad del sistema de referencia depende: (i) del estado de cada uno de los subsistemas (natural, sociocultural, económico y político-institucional); (ii) de las relaciones recíprocas entre estos y (iii) de las interacciones con un sistema mayor, el entorno. En el caso del «sistema país», los dos primeros aspectos se refieren al ámbito local (nacional) y el tercero al ámbito global.
En este sentido, la primera dimensión se refiere a la vulnerabilidad del sistema derivada de la calidad del subsistema natural y se relaciona con los esquemas de utilización del territorio y de los bienes y servicios ambientales presentes en este. Se manifiesta cuando esos esquemas de utilización no consideran la propia capacidad de recuperación de los mismos, generando evidentes niveles de agotamiento, deterioro y contaminación. Estos hechos, consecuentemente, afectan de manera directa al «sistema de referencia», al mermar su propia resiliencia -de soportar y sobreponerse a situaciones límite-.
La segunda dimensión se refiere a la vulnerabilidad derivada de características sociales, incluidos aspectos demográficos y culturales, es decir, del subsistema sociocultural. Aunque no se profundiza aquí en estos aspectos, es imprescindible indicar que los niveles de pobreza que afectan a la población guatemalteca y que se derivan de un «proceso de desarrollo» desigual y excluyente, son determinantes en la explicación de los niveles sociales de vulnerabilidad imperantes. En la realidad de los países latinoamericanos se plantea que la pobreza es la que tiene mayor impacto en el acceso a alimentos, medios de vida (viviendas seguras, por ejemplo), seguridad económica y oportunidades en general.
La tercera dimensión se refiere a la vulnerabilidad derivada de las características del subsistema económico establecido. Se refiere no solo a la vulnerabilidad del subsistema en sí mismo, sino también, a las contribuciones que este hace para impulsar la vulnerabilidad en otros subsistemas, es decir, la que se deriva de la calidad del subsistema natural y del subsistema sociocultural. Transitar hacia un sistema con menor vulnerabilidad derivada de la economía, significa, en términos generales, generar condiciones para mejorar los niveles de distribución de riqueza por la vía del empleo y los impuestos, pero sobre todo, modificar los criterios de inversión pública para generar infraestructura de beneficio social a fin de que se amplíe el número de beneficiarios de los ingresos correspondientes al capital.
En el segundo caso, ya se ha señalado también que la matriz económica dominante en el país genera importantes impactos ambientales que provocan el agotamiento, la degradación y la contaminación ambiental, cuestiones que no cambiarán, por un lado, hasta que el ambiente no se asuma como un bien público que necesita capacidades (humanas, físicas y financieras) de gran envergadura para su protección efectiva y, por otro, que la economía transite desde esquemas extractivos a esquemas de producción acotados por los límites de la naturaleza.
La cuarta dimensión se refiere a la vulnerabilidad derivada de la calidad de las instituciones, es decir, al subsistema político-institucional. Bajo un enfoque sistémico, para el análisis de la vulnerabilidad, las instituciones de carácter público están concebidas, entre otros aspectos, para generar balances entre los subsistemas -anteriormente abordados-, evitar excesos, exclusiones, privilegios y la depauperación de la persona; procurar el bien común; estimular o regular dinámicas en función de la maximización de los beneficios nacionales; en fin, evitar que las libertades de uno comprometan la dimensión de bien público. Cuando el conglomerado de instituciones es disfuncional -cuantitativa y cualitativamente hablando- sucede lo contrario en todos los aspectos antes citados.
Estos elementos, unidos a la ausencia de espacios de diálogo constructivo, conducen constantemente a las manifestaciones sociales de inconformidad que, junto a la desconfianza en el accionar público o privado, generan un círculo vicioso perverso que conduce a la ingobernabilidad. Estas dinámicas representan un desperdicio de energías sociales que solo alimenta la vulnerabilidad sistémica. No obstante, en no pocos casos, estas manifestaciones de inconformidad y resistencia son los últimos recursos de las comunidades para defender ciertos niveles de calidad social y ambiental en sus territorios.
En referencia al clima, la vulnerabilidad está relacionada al grado con el cual un sistema es susceptible o incapaz de hacerle frente a los efectos adversos que un cambio dentro del sistema; por su carácter, magnitud y rapidez; puede ocasionar, por ejemplo, la variabilidad y extremos climáticos. De esta manera, la vulnerabilidad es una función de la: exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación que tiene un sistema [2].
La vulnerabilidad de los individuos y las comunidades a los impactos del cambio climático no está simplemente determinada por la ubicación de sus asentamientos, sino también por la forma en que estos son atendidos por los gobiernos locales y por la misma capacidad de respuesta de tales comunidades frente a los impactos del clima cambiante. Es un hecho ampliamente aceptado que las comunidades más pobres son los más vulnerables, porque no tienen acceso a los servicios más elementales, lo cual las coloca en una situación de desventaja comparativa. Esto implica un desafío a sus capacidades para asumir esfuerzos adicionales causados por el cambio climático. La complejidad del cambio requiere respuestas integrales que enlacen la adaptación y la mitigación, así como esfuerzos para el desarrollo sostenible, que procuren mejoras en su capacidad de adaptación y resiliencia [3].
La amenaza, por su lado, refiere a un peligro latente asociado con un fenómeno físico en un sitio específico y en un tiempo determinado, que produce efectos adversos en personas y su entorno. La amenaza también puede expresarse matemáticamente como la probabilidad de exceder el nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad en un cierto sitio y en cierto período de tiempo [4]. Algunos autores asocian el término amenaza con el de peligro, y coinciden en afirmar que la misma puede ser de origen natural, tecnológico o antropogénico [5].
Finalmente, se define al riesgo como la probabilidad de que existan consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas, que resultan de la interacción entre las amenazas naturales o antropogénicas y las condiciones de vulnerabilidad. Así pues, la intensificación y la extensión del riesgo conducen a la ocurrencia de desastres. Cuando se hace referencia a eventos climáticos, se entiende el riesgo como la probabilidad y la magnitud de las consecuencias (adversas) después de un evento climático de peligro (sequía, inundación, helada, entre otros). Esta probabilidad es una función de la interacción entre las posibles amenazas y la vulnerabilidad de un sistema [6].
El riesgo, en consecuencia, se refiera a un estado latente. Su desenlace siempre es un desastre cuya magnitud depende del grado de la amenaza que ya se ha consumado y del grado de indefensión o vulnerabilidad presente en el sistema de referencia. Está claro, además, que el desastre repercute tanto en componentes físicos como en socioeconómicos y afecta la vida en todas sus formas.
El proceso de dimensionar y georreferenciar el riesgo a desastres derivado de la sinergia entre la vulnerabilidad sistémica y las amenazas, es posible en la medida que se disponga de series de información para un número razonable de indicadores pertinentes, previamente seleccionados.
En este contexto, el mapa de vulnerabilidad se deriva de la combinación de mapas específicos de vulnerabilidad elaborados para cada una de las 4 dimensiones del sistema socioecológico (natural, social, económica e institucional). Estos, a su vez, se derivan de la expresión georreferenciada de 15 indicadores seleccionados que reflejan, según su valor, un determinado nivel de vulnerabilidad.
El mapa de amenazas se deriva de la combinación de los mapas elaborados para cada una de las cuatro amenazas que se ciernen sobre el territorio nacional, vinculadas al cambio y la variabilidad climática, principalmente las variaciones en la precipitación pluvial y en la temperatura. Las amenazas relacionadas con la precipitación son los deslizamientos y las inundaciones, y las que se relacionan con la temperatura son las heladas y las sequías.
El mapa de riesgo se elaboró a partir de la combinación de los mapas de amenazas y vulnerabilidad. Los valores de cada mapa fueron procesados algebraicamente para generar nuevos valores que se reclasificaron en función de una regla de decisión basada en una matriz de doble entrada conformada por las categorías de vulnerabilidad en las columnas y las categorías de amenaza en las filas, ordenadas, en ambos casos, de menor a mayor.
En relación a los hallazgos y con respecto a la vulnerabilidad sistémica, se determinó que poco más de cuatro quintos del territorio nacional (84.76%) exhibe categorías de vulnerabilidad media, alta y muy alta (esta última representa el 5.59% del territorio). El 15.24% restante corresponde a las categorías de vulnerabilidad baja y muy baja (esta última representa el 0.44 % del territorio nacional). El subsistema institucional es el de mayor peso, pues la mayor parte del territorio exhibe niveles de vulnerabilidad muy alta, siendo los indicadores de organización y de inversión municipal (por persona) los más determinantes. Le sigue el subsistema económico, en cuyo caso, la mayor parte del territorio nacional exhibe niveles de vulnerabilidad alta y muy alta, dominan los indicadores de infraestructura y la mayor presencia de población económicamente activa dedicada a la agricultura. En sinergia con estos dos subsistemas, se expresa la vulnerabilidad del subsistema social. Los mayores niveles los exhibe la zona noroccidental del país, siendo los indicadores de desnutrición (niños entre seis y nueve años), las necesidades básicas insatisfechas, la educación y la proporción de población en pobreza extrema los más determinantes. Los indicadores del subsistema natural analizados en este ejercicio no se encuentran en una situación tan crítica, pues la mayor parte del territorio nacional exhibe niveles de vulnerabilidad baja y muy baja, a excepción del indicador de intensidad de uso de la tierra, que puede alcanzar niveles de vulnerabilidad media en algunos departamentos del país.
El análisis a nivel departamental muestra que 19 de los 22 departamentos del país tienen más del 50% de su extensión territorial dentro de las categorías de vulnerabilidad media, alta y muy alta. Los departamentos que tienen menos del 50% de su extensión territorial dentro de las categorías de vulnerabilidad media, alta y muy alta son Guatemala (26.61%), Sacatepéquez (44.0%) y Zacapa (47.05%). De los 19 departamentos señalados anteriormente, cuatro tienen más del 60% de su extensión territorial dentro de las categorías de vulnerabilidad alta y muy alta, siendo estos; Alta Verapaz (73.25%), Huehuetenango (76.%), Quiché (78.67%) y San Marcos (65.28%). Tan solo tres departamentos tienen más del 50% de su extensión territorial dentro de las categorías de vulnerabilidad muy baja y baja, siendo estos: Guatemala (73.39%), Sacatepéquez (55.99%) y Zacapa (52.95%).
Con respecto a las amenazas, se estableció que el 50% del territorio nacional está expuesto, al menos, a alguno de los tipos de amenazas analizadas en el presente estudio. El resto del territorio tiene una incidencia nula o muy baja. El análisis a nivel departamental muestra que 15 de los 22 departamentos del país tienen más del 50% de su extensión territorial dentro de las categorías de amenaza media, alta y muy alta. Destacan, Baja Verapaz (64.51%), El Progreso (78.32%), Escuintla (80.6%), Jalapa (63.25%), Retalhuleu (84.79%) y Zacapa (60.99%).
Los niveles de vulnerabilidad de un territorio determinado, en sinergia con la posibilidad de ocurrencia de alguna de las amenazas anteriormente indicadas, establecen niveles de riesgo (a ocurrencia de desastres) que van desde medio a muy alto en poco más del 70% del territorio nacional. El resto, exhibe niveles de riesgo que van desde bajo a muy bajo. El análisis a nivel departamental señala que 17 de los 22 departamentos del país tienen más del 60% de su extensión territorial dentro de las categorías de riesgo medio, alto y muy alto.
Respecto a los centros poblados, se estableció que más del 70% de estos se ubican en territorios con niveles de riesgo que van desde medio hasta muy alto. Estos poblados albergan al 57.26% del total de la población del país. El resto de la población se encuentra en centros poblados ubicados en territorios con niveles de riesgo que van desde bajo a muy bajo. De esta porción poblacional, el 48.77% pertenecen a los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango.
El estudio resumido aquí reafirma con evidencia la condición de «país de riesgo sistémico y extensivo». Al mismo tiempo, provee suficientes elementos para asumir integralmente la gestión del riesgo, al recurrir a sus bases, es decir, la vulnerabilidad. En este contexto, también se revalorizaron aquellos elementos de orden natural o construido que son fundamentales para atenuar las amenazas. Al proveer datos georreferenciados, también se aportan las bases para apuntalar la gestión del riesgo con enfoque territorial, al priorizar dentro de cada territorio a los grupos humanos más expuestos o bien a los elementos naturales que deben ser protegidos en favor de estos.
Al hacer énfasis en las amenazas de orden climático, también se puede colegir que el riesgo aquí señalado (potencialmente devastador), puede ser relativamente conservador frente al que se deriva de amenazas de mayor envergadura, principalmente aquellas de orden geológico (terremotos y erupciones) o de enfermedades zoonóticas.
Ojalá llegue a interlocutores clave, aquellos que trabajan interesados por el cambio basado en evidencia. De igual manera, se espera que el estudio sea útil en procesos de formación formal e informal y que nutra las agendas de investigación de otros centros interesados en concretar un salto cualitativo en la gestión integral del riesgo en el país.
[1] Adger, W. N. (2006). Vulnerability. Global Environmental Change, 16(3), 268–281. Recuperado de Science Direct.
[2] Panel Intergubernamental de Cambio Climático. (2001). Cambio Climático 2001: impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resúmenes del grupo de trabajo II. En IPCC Resumen para responsables de políticas, Tercer Informe de Evaluación. (pp. 80). Suiza: IPCC.
[3] Laukkonen, J., Kim Blanco, P., Lenhart, J., Keiner, M., Cavric, B. y Kinuthia-Njenga, C. (2009). Combining climate change adaptation and mitigation measures at the local level. Habitat International, 33, 287-292.
[4] Ídem, IPCC. (2001).
[5] Cardona, O. (1993). Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Elementos para el ordenamiento y la planeación del desarrollo. En A. C. Maskrey. Los desastres no son naturales (pp. 51-73). Colombia: Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina; Tercer Mundo Editores.
[6] Ídem Adger, N. (2006).
Juventino Gálvez
Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables [Guatemala], Maestría en Gestión de Recursos Naturales y Biodiversidad [Costa Rica], Curso de Posgrado en Economía Ecológica [Holanda] y doctor en Ciencias Políticas y Sociología [Universidad Pontificia de Salamanca]. Ex secretario ejecutivo de Conap. En su gestión se cumple uno de los Acuerdos de Paz [Socio-económico y Agrario] más tangible, relacionado con el otorgamiento de, al menos, 100 000 hectáreas de tierras bajo concesión a grupos rurales organizados. Director-fundador del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad [IARNA-URL]. Exvicerrector de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar [URL]. Actualmente Investigador de IARNA-URL y presidente de la Junta Directiva del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza [CATIE]. Opiniones estrictamente personales.
Correo: juvenjuveng@gmail.com
0 Commentarios
Dejar un comentario