Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

No, el problema sustancial del sistema político guatemalteco no consiste únicamente en la presencia –real o ficticia– de un ramillete de partidos políticos. Tampoco lo es solamente la carencia de liderazgos notables o candidatos idóneos. El problema, repito, sustancial, es que en Guatemala se volvió prohibitivo hacer política.

Y no se trata si esta es buena o mala, o si es vieja o nueva. Simplemente no se puede hacer política, por mucho que la ciudadanía tenga las más sanas intenciones de participar en dicha actividad. Y no se puede porque no existe tal cosa como una verdadera política y porque la propia Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) estimula dicho déficit.

Tanto se ha calificado a las organizaciones partidarias de «máquinas electorales», pero al final la citada normativa vino a convertirse en un factor que las propicia. Y aquella romántica ilusión de asignarles a los partidos un rol determinante en la discusión de los problemas nacionales, simplemente se volvió una utopía.

La famosa «campaña anticipada» vino a derribar toda posibilidad de construir una institucionalidad partidaria, para centrar su actividad solo en lo electoral. Estoy seguro que numerosos ciudadanos, militantes o no, estarían encantados de canalizar sus inquietudes en materia social, económica o cultural, pero la amenaza de que la contribución al debate nacional se convierta en un acto criminal, resulta ser un poderoso disuasivo.

Siempre he sostenido que la famosa propaganda anticipada –que en esencia constituye una severa restricción a la libertad de expresión– es un obstáculo muy fuerte a la difusión de las ideas políticas y al empobrecimiento del debate político. ¿Cómo se pretende que se tenga una ciudadanía formada políticamente, si el ente encargado de dicha tarea es el primero en imponer todos los bloqueos imaginables?

Hasta hace poco, quien deseaba aspirar a la Presidencia de la República, a una diputación o alcaldía, podía iniciar su campaña desde años antes de la elección. En el proceso, se aprovechaba para fijar posiciones respecto de los temas que iban apareciendo en las coyunturas políticas de entonces. Nadie vio algo malo en eso, hasta que dicha actividad promocional fue sustentada con fondos públicos o con recursos del crimen organizado.

Sin embargo, esto último es otra historia. Si un candidato determinado tiene vínculos criminales, que se le persiga y procese. De lo contrario, no es justo castigar al electorado y condenarlo a la indiferencia política tan solo porque a un grupo de diputados se les ocurrió que adelantarse en la campaña era un crimen y debía «prohibirse».

Pero hay otros elementos que están contribuyendo a transformar el sistema político, de una manera perversa e inaceptable.

Y es que en lugar de que la legislación establezca las reglas de juego de una manera racional, clara e inobjetable, lo que hace es otorgarle un poder discrecional e inconcebible a los funcionarios responsables de los asuntos electorales. Así lo evidenció recientemente Óscar Sagastume, inspector general del TSE, cuando declaró: «lo que se hace es una valoración del mensaje y la imagen y así se determina la intencionalidad de la propaganda».

Y así, desde la comodidad de su escritorio, él puede decidir si una declaración, una entrevista, un artículo de opinión, la presencia de un secretario general en una asamblea partidaria o una simple tarjeta de Navidad se incluyen en la infeliz figura de campaña anticipada. Solo así… con base en su pura percepción personal.

Es decir, lo administrativo se establece como impedimento al ejercicio político. Así es imposible construir una ciudadanía activa o un liderazgo sólido y reconocido.

Tenemos problemas gravísimos en educación, en salud, en combate a la desnutrición, en seguridad y en medio ambiente, pero aunque nuestros dirigentes tengan propuestas para cada uno de ellos, no les será posible darlas a conocer sino hasta en marzo entrante, cuando las aberrantes disposiciones legales les permitan darlos a conocer.

Esa manera perversa de bloquear el debate es propia de dictaduras del siglo XX. Me pregunto ¿cómo habrían hecho Manuel Colom Argueta, Alberto Fuentes Mohr, Francisco Villagrán Kramer, René de León Schlotter e incluso el Mico Sandoval, para dar a conocer sus argumentos en relación con la problemática nacional?

Pero no solo la LEPP representa una amenaza para la actividad política. También lo es la concepción generalizada de dirimir cualquier conflicto político por la vía penal, contradiciendo así uno de los pilares fundamentales de la política: la preeminencia del diálogo, de la negociación si es preciso, y acudir a los tribunales únicamente en casos extremos, cuando se ha agotado toda posibilidad de solución pacífica.

Cada vez que se dirime un conflicto político por la vía judicial, no solo se le está concediendo a la judicatura un poder que en realidad no tiene, sino que se están sepultando las posibilidades de que la política emerja y se desarrolle de acuerdo con el papel de mediador social que por naturaleza le corresponde.

Así como estos elementos burocráticos, también es preciso denunciar un elemento externo a la institución electoral que influye en última instancia sobre esta: la polarización que fomenta la idea de que todo lo político es necesariamente negativo y que en lo empresarial –y en sus grupos satélites– es donde se expresa «lo bondadoso, lo positivo, lo bueno».

Este escenario es el que espera a Guatemala en las próximas elecciones generales. El financiamiento electoral privado ha venido a ser un problema menor –aunque cierto columnista que está en plena campaña electoral anticipada se niegue ferozmente a entenderlo–, no solo porque hay legislación específica, porque se fija un techo de campaña y porque se ha fortalecido la fiscalización ciudadana.

Conclusión: en poco tiempo se ha construido una ruta hacia la destrucción de la política y de lo político, pero no para erigir un nuevo sistema, sino apenas para sustituirlo por otro donde las posibilidades de la acción político-partidaria (no importa si esta es o no de nuestro agrado) se dirimen en ámbitos administrativos o penales. Es decir, en las oficinas del TSE o en los juzgados; ya no en la sede partidaria y eso es mucho más perverso de lo que tenemos y entendemos ahora como política.

Imagen tomada de Desarrollando ideas.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

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