Fernando González Davison | Política y sociedad / DING DONG

Andrés Manuel López Obrador presentó cincuenta lineamientos para el combate a la corrupción, implementando la austeridad debida en el gasto público. Quita el antejuicio para el presidente para casos de corrupción, extensible al resto de funcionarios públicos, al eliminar sus fueros y privilegios. En sus procesos no se admitirá al inculpado la libertad bajo fianza. El Ministerio Público tendrá absoluta autonomía. La Fiscalía Anticorrupción será garante de la lucha contra la impunidad y tendrá absoluta libertad. Se reformará la ley electoral para tener una democracia plena.

Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales, así como la de sus familiares cercanos, la cual deberá ser pública y transparente en todos los casos. El presidente ganará menos de la mitad de lo que recibe ahora, sin ningún tipo de compensaciones. No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios ni sistema de cómputo en el primer año. Tampoco habrá más de cinco asesores en cada ministerio. Se eliminan los bonos, dietas, aguinaldos, premios y recompensas. Se limitarán los viáticos al mínimo. No habrá partida para gastos médicos privados. No se viajará al extranjero sin autorización del secretario y la partida se reducirá al mínimo. Se cancelarán los fideicomisos. Nadie tendrá guardaespaldas. Se eliminan las oficinas de prensa. Se reducen a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos que ganan más de cincuenta mil quetzales mensuales. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. Se cancelan las pensiones a los expresidentes de la República. No podrá contratarse a familiares. Se reducirá en 50 por ciento el gasto de publicidad del Gobierno. No más fiestas en los entes públicos pagadas con fondos públicos o por proveedores. Ningún funcionario podrá estacionarse en lugares prohibidos ni remodelará sus oficinas con fondos públicos. Los funcionarios están para servir y no para servirse del Estado.

No se remodelarán oficinas, ni se comprará mobiliario de lujo. Solo tendrán apoyo de choferes los ministros y viceministros. Los policías no estarán al servicio de funcionarios sin plena justificación. Desaparecerán las partidas para vestuario o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al presidente, a sus colaboradores cercanos y a familiares.

Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas; el sistema de inteligencia del Gobierno estará solo dedicado a la prevención de delitos y al combate a la delincuencia. Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas. Las compras del Gobierno se harán de manera consolidada, mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU. Lo mismo en los contratos de obra del Gobierno por licitación pública. No habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados. Ningún funcionario público podrá recibir regalos superiores a los quinientos quetzales.

No se autorizará la contratación para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos. Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado mediante el influyentismo, la corrupción y causen daño a la hacienda pública.

Fernando González Davison

(1948) Escritor, internacionalista y exdiplomático guatemalteco.

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