PUERTAS ABIERTAS–

Guatemala, 31 de agosto 2020

Doctor Diego García-Sayán
Relator especial del Consejo de Derechos Humanos para la Independencia de Jueces y Abogados
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Ginebra, Suiza

Señor relator especial:

Como es de su conocimiento (y así lo indica el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2019 A/HRC/43/3/add.1 de fecha 17 de enero 2020, especialmente en los párrafos 33 a 36 sobre independencia judicial), Guatemala está atravesando por una crisis institucional que ha puesto seriamente en peligro tanto al Estado de derecho como la democracia en su condición de régimen político que se caracteriza por la separación de poderes, la existencia de pesos y contrapesos en el ejercicio de gobierno, así como por la plena vigencia del orden constitucional.

En el año 2015 un movimiento ciudadano obligó a renunciar a la cúpula de gobierno por su involucramiento en hechos de corrupción, cuyo conocimiento se hizo público gracias al eficiente trabajo de la fiscal general de ese entonces, quien contaba con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), instancia internacional cuya presencia fue solicitada por nuestras autoridades –en ejercicio de la soberanía nacional– dando continuidad al apoyo de las Naciones Unidas desde su mediación en los procesos de paz centroamericanos. De esta manera, desde mediados de la década pasada la Cicig apoyó al Ministerio Público en el combate al crimen organizado y las redes de corrupción incrustados en el seno del aparato estatal. Lamentablemente, una recomposición de tales grupos criminales –con el respaldo de un sector de la élite empresarial del país– permitió a la administración del expresidente Jimmy Morales expulsar a la Cicig de Guatemala, retomar el control del Ministerio Público, así como llevar a una mayoría de diputados afines al Congreso de la República, quienes en contubernio con magistrados afines de la Corte Suprema de Justicia –en la práctica– están demostrando que tales organismos han perdido su independencia y no funcionan más como los contrapesos del orden democrático que deberían ser.

El proceso electoral del año 2019 generó la expectativa de que sería posible un cambio en tal situación de facto. Los hechos demuestran que permanece igual y que, por el contrario, la independencia de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad así como la del procurador de los derechos humanos –precisamente por hacer su trabajo con independencia– continúan en grave riesgo, como ya fue advertido por la medida cautelar 28-19 de fecha 25 de octubre de 2019 adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como indicado en el párrafo 35 del informe de la alta comisionada de los Derechos Humanos. Esta crisis interinstitucional y sociopolítica se ha visto agravada por la reciente decisión de la fiscal general (de 7 de agosto 2020, presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos) en la que ha solicitado levantar el derecho de antejuicio a 99 parlamentarios, a 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a 6 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a sabiendas que los magistrados del más alto tribunal constitucional (cuyas resoluciones continúan siendo incumplidas por el Congreso de la República) son los únicos que en realidad corren el riesgo de ser desaforados, dado que son los propios diputados (que se niegan a respetar dichas resoluciones) quienes deben tomar la decisión que procedería. Y para agravar la crisis, en forma parecida estaría actuando una Corte Suprema de Justicia no independiente –cuyo período legal ya está vencido– contra el procurador de los derechos humanos.

En consecuencia, señor relator, consideramos de la mayor importancia que usted haga un llamamiento urgente para que la Fiscalía General, el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia respeten las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad así como los estándares internacionales en materia de independencia de jueces y abogados, no solo porque así lo requiere el respeto irrestricto del Estado de derecho sino también porque su inobservancia conllevaría graves responsabilidades internacionales para Guatemala. Además, es indispensable que en dicho llamamiento se le pida a la fiscal general ser coherente con sus propias decisiones, dado que: 1) de manera insólita dicha funcionaria está intentando iniciar acciones penales contra una decisión que la ampara a ella misma y 2) la base de su petición es absolutamente espuria, ya que conforme a la Ley de Amparo y Constitucionalidad –y la jurisprudencia correspondiente– como garantía del principio de independencia judicial, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no pueden ser perseguidos por las opiniones o las decisiones que ellos adoptan en legítimo ejercicio de su cargo.

Señor relator: los ciudadanos e instituciones de la sociedad civil que firmamos la presente petición también deseamos extenderle una cordial invitación para realizar una visita a nuestro país, a fin de que usted pueda tener mejores elementos de juicio en el informe a la alta comisionada y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Aprovechamos la oportunidad para suscribirnos con las muestras de nuestra mayor consideración,
Muy atentamente,
Jorge Mario García Laguardia, exprocurador de los derechos humanos, expresidente de la Corte de Constitucionalidad
Helen Mack, abogada, defensora de los derechos humanos
Hugo Maúl Figueroa, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral
Homero González, expresidente del Colegio de Abogados
Astrid Lemus, exmagistrada de laCorte Suprema de Justicia
Rodolfo Rohrmoser, expresidente de la Corte de Constitucionalidad, exembajador
Claudia Escobar, exmagistrada de la Corte de Apelaciones, especialista legal en anticorrupción Cesar Conde Rada, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral
Carmen Rosa de León, directora de IEPADES, experta en temas de seguridad
Manfredo Marroquín, presidente emérito de Acción Ciudadana, experto en anticorrupción
Luis Alberto Padilla, presidente de IRIPAZ, profesor universitario, exembajador
Gabriel Orellana Rojas, exanciller, profesor de derecho constitucional
Fernando Carrera, excanciller, exembajador
Alfonso Cabrera Hidalgo, expresidente del Congreso, excanciller
Ariel Rivera Irías, excanciller, exembajador
Edgar Gutiérrez, excanciller, analista político, columnista
Ana Isabel Prera, ex secretaria general de la Corte Suprema de Justicia, exministra de Cultura, exembajadora
Anamaría Diéguez, exvicecanciller, exembajadora
Francisco Villagrán de León, exembajador, profesor en la Universidad George Washington Fernando González Davison, escritor, exembajador, miembro del Consejo Consultivo de IRIPAZ Juan León Alvarado, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, exembajador
Rolando Palomo, presidente de la Organización Guatemalteca de Derecho Marítimo, exdiplomático
Carlos Vassaux, médico cardiólogo, miembro de IPPNW (Médicos en Prevención de la Guerra Nuclear)
Karen Slowing Umaña, médica salubrista, ex secretaria general de la Secretaría de Planificación Económica
Marta Elena Casaús, vicepresidenta de la Fundación MAG, investigadora social, profesora de la Universidad de Madrid
Irma Alicia Velásquez Nimatuj, profesora de Antropología, columnista
Jonathan Menkos, economista, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
Carolina Escobar Sarti, columnista, investigadora y defensora derechos humanos
Victor Hugo de León, miembro de la Asamblea Constituyente de 1985
Julio Coj Vásquez, sindicalista, UNSITRAGUA
Maria Eugenia Solís, abogada, defensora de los derechos humanos
Anabella Rivera, defensora de derechos humanos, Instituto DEMOS
Jorge Morales Toj, abogado, defensor de los derechos de los pueblos indígenas
Roberto Cáceres Estrada, sociólogo, economista ambiental, miembro del Consejo Consultivo de IRIPAZ
Mario Luján Muñoz, exdirector de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, Consejo Consultivo de IRIPAZ
Edgar Amado Sáenz, exdirector de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos
Vinicio Barrientos Carles, matemático, miembro del Consejo Consultivo de IRIPAZ
Mario Vicente Martínez V., abogado, exasesor de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Consejo Consultivo de IRIPAZ
Gustavo Berganza, sociólogo
Jaime Barrios Carrillo, escritor
Luis Eduardo Rivera, Premio Nacional de Literatura
Dante Liano, Premio Nacional de Literatura
Ana Maria Rodas, Premio Nacional de Literatura
Mónica Alvizures, escritora
Anibal Barillas, escritor
Susana Alvarez Piloña, editora y poeta
Carmen Reyna, Otra Guatemala Ya, defensora de derechos humanos
Ramón Cadena, defensor de derechos humanos, Comisión Internacional de Juristas
Frank Larue, asesor legal Fundamedios, exrelator de ONU para la Libertad de Expresión
Carolina Charnaud, abogada
Manuel Angel Castillo, Centro de Estudios Demográficos y Migratorios de El Colegio de México
Mauricio Chaulón Vélez, investigador, profesor de la Universidad de San Carlos
Edelberto Torres Escobar, investigador social
Alejandra Colom, antropóloga, profesora de la Universidad del Valle
Valerio Ibarra, abogado, columnista de prensa, Consejo Consultivo de IRIPAZ
Álvaro Montenegro, periodista, movimiento pro reforma del sector justicia
Manuel E. Lara, politólogo
Trudy Mercadal, investigadora en ciencias sociales
Rodrigo Vásquez, magíster en matemáticas, profesor universitario
Movimiento Justicia Ya
Instituto Demos IEPADES
IRIPAZ

Fotografía principal tomada de AA.