Nery R. Villatoro Robledo | Política y sociedad / HECHOS E IDEAS DE NUESTRO TIEMPO

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó, hace pocos días, el informe sobre los derechos humanos en Guatemala, correspondiente al 2017. No cabe duda que, pese a una serie de instrumentos de carácter universal de los cuales Guatemala es parte, la situación en esta materia continúa siendo preocupante.

Guatemala es uno de los países en el mundo cuya historia de violación de los derechos más elementales de la población es inconmensurable, recogida en gran parte en los informes del proyecto REMHI y de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

El país no vive hoy una guerra interna, como la ocurrida entre 1960-1996, en cuyo contexto el Estado cometió todo tipo de crímenes como la desaparición forzada y el genocidio. No obstante, la ofensiva del modelo de producción y de distribución de la riqueza vigente, particularmente fuerte a partir de 1997, al año siguiente de la finalización definitiva de la guerra interna y de haberse firmado la paz, tiene fuertes impactos en materia de violación y no garantía de los derechos humanos. Particularmente de ciertos derechos cuya violación evidencia la condición de un Estado racista, patriarcal, misógino y excluyente; que aumenta las desigualdades, garantiza la acumulación de capital y la concentración de la riqueza, incluso por mecanismos ilícitos y delictivos como la corrupción.

El informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala aborda varios aspectos de los que detalla su estado actual: justicia y lucha contra la impunidad, justicia transicional, seguridad, pueblos indígenas, defensoras y defensores de derechos humanos, violencia contra las mujeres, derechos de la niñez, de la diversidad sexual, de personas con discapacidad, entre otros; los cuales analiza partiendo de una breve contextualización del país.

En su parte contextual, el informe recoge algunos indicadores y datos como los siguientes: 60 % de pobreza total, que en el área rural asciende a 76.1 % y en la población indígena a 79.2 %, habiendo comunidades en las que sobrepasa 95 %; la desnutrición crónica de 46.5 % en niños y niñas menores de cinco años, que en el caso de la niñez indígena afecta a 61.2 %. De acuerdo con el informe, alrededor de 20 % del presupuesto del Estado es «vulnerable» a la corrupción, y la lucha contra ella enfrenta una feroz resistencia de los grupos y estructuras vinculados a ese flagelo.

A estas cifras que recoge el informe se pueden agregar otras como la brecha cada vez mayor entre el quintil de la población con mayores ingresos y el quintil con ingresos más bajos; o el incremento de la brecha entre la remuneración salarial (la parte que va a los salarios de los trabajadores) y el excedente de explotación (es decir, la plusvalía, la ganancia de los empresarios) que pasó de 4.8 a 11.4 puntos porcentuales entre 2001 y 2011.

El resultado de aquello es que Guatemala tiene hoy uno de los coeficientes de GINI de desigualdad más altos a nivel mundial. Según el informe de desarrollo humano 2016 del PNUD, dicho coeficiente es 0.63, lo cual coloca al país en un estado sumamente crítico.

Las luchas por la defensa del territorio y la reivindicación de derechos sobre la tierra son aspectos en los que se muestra con crudeza la naturaleza del Estado y la violación a los derechos humanos. Según el informe, solo en el 2017 se manifestaron 776 conflictos de tierras y socioambientales. En muchos de esos conflictos la respuesta del Estado fue el desalojo, la mayoría violentos, obviando el cumplimiento de los protocolos y, peor aún, sin haber realizado investigaciones exhaustivas que demostraran la validez o no de los reclamos.

Las respuestas del Estado a estas luchas son la criminalización, represión y persecución, produciéndose violaciones a muchos de los derechos a los que se refiere el informe: de la niñez, de las mujeres, de pueblos indígenas, de defensores y defensoras, a la seguridad; al derecho a la alimentación, educación, vivienda digna, entre otros.

Las violaciones a los derechos humanos no ocurren por generación espontánea. Son resultado del tipo de Estado que hoy tiene Guatemala y que es el extremo opuesto de lo que, en teoría, plantearon los acuerdos de paz hace poco más de 21 años: si no uno nuevo, sí la transformación democrática del Estado a partir de un nuevo pacto que buscaba anular el pacto de la «transición democrática» de 1985 (véase mi artículo El Estado pactado del pasado domingo 25, en la sección Puertas abiertas de esta revista).

Pero el camino de la implementación de los acuerdos de paz, cuyos compromisos, según datos de la SEPAZ, se han cumplido o parcialmente cumplido solamente 50.4 %, no ha sido favorable a la transformación de Estado. El informe mencionado, cuya lectura y estudio son necesarios, es una referencia importante.

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa. Ejerce el periodismo de opinión desde hace 25 años. Es autor de estudios sobre la cuestión agraria, la tenencia y mecanismos de acceso a la tierra, y la seguridad alimentaria. Autor de varios ensayos políticos en revistas especializadas, y de más de mil artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita.

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