-Ricardo Gómez Gálvez / GUATEMALA: LA HISTORIA INCONCLUSA–

Inicio ahora un nuevo ciclo de mi vida pública aprovechando la oportunidad que me brinda gAZeta para exponer algunas ideas, resultados de mis reflexiones a lo largo de cincuenta años de participación política como ciudadano y como militante de un partido político, el extinto partido Democracia Cristiana Guatemalteca.

Como marco de los siguientes artículos, he sostenido tres premisas básicas que informan mis ejercicios de análisis político desde 1972 y de análisis prospectivo en los últimos catorce años.

En primer lugar, la prevalescencia de una historia nacional caracterizada por etapas inconclusas e imperfectas, que no han conseguido materializar las aspiraciones de la población y de los estamentos sociales, en la búsqueda de la armonía social, la justicia y la felicidad humana.

Basta mencionar la llamada independencia patria, que no fue tal cosa, ya que se fraguó al calor de los intereses de un puñado de familias, encabezadas por la familia Aycinena, quienes aprovecharon la debilidad del Imperio español y consumaron una conspiración, para confiscar el sistema fiscal imperante a su favor. De esta manera, también se sembró la semilla de considerar los impuestos como botín y de la dispersión de la provincias coloniales centroamericanas, ya que sus élites, no estaban dispuestas a transitar, en su detrimento, de un monopolio metropolitano español a otro fincado en los intereses de la oligarquía metropolitana de la ciudad de Guatemala, sin beneficio claro a favor de una renovación liberal del régimen político, económico y social de la Centroamérica de la época.

Ese pecado original de la historia de la patria del criollo guatemalteco genera una serie de distorsiones, cuyos efectos aún sentimos en nuestros días. Perdimos una patria grande por un puñado de estados disfuncionales, herederos de esa traición, condenados a una pugna absurda por el tema territorial.
En segundo lugar, ese origen, inspirado en valores retrógrados del Imperio español, tales como la pureza de sangre, la intolerancia religiosa y el desprecio por el trabajo manual y artesanal tesonero y creador, marcaron con fuego una cultura política y social que sobrevive hasta el día de hoy.

El patrimonialismo, el racismo, la violencia y la impunidad estructural, así como la carencia de un imaginario capaz de aprovechar las potencialidades creadoras de una población probadamente laboriosa, lastran la vida social y política. Esto se da a tal punto que también es pensable que la llamada Revolución liberal fue una etapa inconclusa, ya que en la realidad esta jamás lo fue, dado el abismo existente entre el texto de la Constitución de 1879 y el modelo real del ejercicio del poder, calcado a imagen y semejanza del tirano Rufino Barrios, restringiéndose a una modernización económica, destinada a favorecer a los mismos criollos, a la élite mestiza y a los inmigrantes europeos. En ese crisol se funde la oligarquía actual, que tiene los días contados como usufructuaria de un Estado inequitativo y excluyente en proceso de transformación.

En tercer lugar, el Estado guatemalteco ha sido históricamente un constructo político producto de lo externo. Desde la constitución del Estado Republicano en 1824 en el seno de la Federación Centroamericana, retomando las instituciones de la Constitución de Cádiz de 1812, pasando por la fundación del Estado de Guatemala en 1838-1839, al influjo de la influencia inglesa y su pugna con los designios del destino manifiesto de los EE. UU. Luego, la llamada Revolución liberal, inducida por la incorporación de la economía guatemalteca al mercado mundial capitalista, por la vía del cultivo y exportación del café, en la segunda mitad del siglo XIX.

De hecho, Guatemala accede al siglo XX hasta la madrugada del 20 de octubre de 1944, cuando las Cuatro Libertades del Atlántico abren las compuertas de la modernización política de América Latina, en un intento, también fallido en Guatemala, de construir democracias liberales modernas.

Resulta abrumadora la comparación entre el caso de Guatemala y el de Costa Rica. En este, la política de las Garantías Sociales, punto de partida histórico de la construcción de la democracia costarricense, coinciden en el tiempo con las reformas derivadas de los acontecimientos de octubre de 1944 en Guatemala.
Costa Rica ha sido sostenidamente, en los últimos cuarenta años, una de las tres democracia más sólidas de Latinoamérica, solamente comparable con las de Uruguay y Chile. Sus indicadores de calidad de vida se acercan a los de los países altamente desarrollados y democráticos.

En Guatemala, la herencia patrimonialista, racista y primitiva, en términos de institucionalidad pública, interrumpió las reformas democráticas de la Revolución de octubre, con base en la intolerancia, los prejuicios sociales y raciales y la mentalidad finquera de una oligarquía anclada en el pasado colonial. La reforma democrática de octubre naufragó, como producto de los graves errores de los partidos progresistas de la revolución, del liderazgo colapsado del presidente Arbenz y de la conspiración internacional auspiciada por esa oligarquía que ya mencionamos, alimentada por la paranoia anticomunista prevaleciente entonces en los EE.UU., la cual fue capaz de confundir maliciosamente los intereses del monopolio de la United Fruit Company con los intereses vitales de esa nación.

Esa tragedia costó al país cincuenta años de su historia, una larga guerra civil, 200,000 muertos, 50,000 desaparecidos, 50,000 huérfanos y medio millón de desplazados. Además de la herencia maldita de un Estado usufructuado impunemente por los más poderosos y sostenido financieramente por los más pobres: los emigrantes producto de un modelo económico fracasado, exportador neto de pobreza.

Y al final de esta tragedia, aparecen de nuevo las etapas inconclusas; la apertura democrática de 1985 fue cooptada por el viejo modelo de ejercicio del poder, heredado de la guerra sucia contrainsurgente: el naciente Estado democrático diseñado por el texto constitucional quedó atrapado en la maraña perversa urdida por las elites comprometidas con las atrocidades de la guerra, prostituyendo a las instituciones, desvirtuando y haciendo nugatorios los valores y principios expresados en la parte dogmática de la Constitución.

Del mismo modo y con motivo del autogolpe protagonizado por Jorge Serrano, promovido y auspiciado por las élites ya mencionadas, y de la vergonzosa reforma constitucional de 1994, el modelo constitucional entró en un período de hibernación que dura hasta esta fecha. El fracaso de la Consulta Popular de 1999, inducido aviesamente por la mismas élites, congeló lo Acuerdos de Paz, contribuyendo de nuevo a configurar esta Guatemala de las etapas históricas inconclusas. 

Ricardo Gómez Gálvez

Político de vocación y de carrera. Cuarenta años de pertenencia al extinto partido Democracia Cristiana Guatemalteca. Consultor político para programas y proyectos de la cooperación internacional y para instituciones del Estado.

Guatemala: la historia inconclusa