Manuel R. Villacorta O. | Política y sociedad / NUESTRA TIERRA

El modelo económico, político y social de Guatemala es inviable. Al menos para la mayoría de la población. Este modelo tenía que llegar a un punto –en el que ya estamos– en el cual se exacerbasen sus propias contradicciones y, con estas, se evidenciara una crisis sistémica sin precedentes. En lo social, Guatemala presenta prácticamente los peores indicadores en América Latina y en todos los ámbitos. El 70 % de la población vive en pobreza o en pobreza extrema. Uno de cada dos niños padece desnutrición. La baja escolaridad y la limitada tecnificación laboral se tornan como las principales limitaciones para mejorar la competitividad y favorecer inversiones y el crecimiento económico. Y en ese contexto –el económico–, analicemos brevemente la situación. Seguimos basados en un modelo económico primario, dual, inestable y dependiente, como lo expresara Raymond Barré. Los precios internacionales de los productos agropecuarios que exportamos han caído o, en el mejor de los casos, no muestran incremento. Importamos casi el doble, en volumen financiero, en relación a lo que exportamos. De no ser por esos 9 mil millones de dólares que envían los migrantes por concepto de remesas familiares, lo que permite una balanza comercial equilibrada, hace mucho que nuestra economía hubiese llegado a un colapso definitivo. La recaudación fiscal este año se proyecta menor a la del 2018. Al alarmante nivel de desempleo se suma una virtual inexistencia de oferta de trabajo. Más del 70 % de las personas que trabajan lo hacen en el mercado informal. En síntesis, el modelo socioeconómico de Guatemala es aberrante, inhumano y sin perspectivas de modificarse debido a sus propias raíces, a su defecto congénito: no se construyó para generar beneficios sociales, se constituyó en un contexto de imposiciones y prebendas para una élite incapaz de interpretar holísticamente, lo que significa el desarrollo económico y social integral. Y sobre todo, humano y justo.

En su estructura jurídico–política, el Estado de Guatemala anuncia una infección estructural de la cual ya no se salva. Las instituciones son infuncionales. La corrupción es su principal carburante. Terminó siendo un maloliente botín político, sometido a una descarada cooptación. Las mafias, similares a la hienas que se disputan los despojos, compiten sin escrúpulo alguno por los restos del aparato público. El presupuesto del Estado y el listado geográfico de la obra pública son la sangre dulce para una diversidad de parásitos especializados en el saqueo y la corrupción. Es un Estado fallido, porque un país en donde el 96 % de los delitos –desde el hurto hasta el asesinato calificado– quedan en la impunidad, es irreversiblemente un Estado fallido. En una rara simbiosis que ya se anuncia: Estado fallido/narco Estado con prospectiva de convertirse en un Estado bárbaro, sin autoridades y sin ley, plagado de conflictividad.

Transformar ese Estado Frankenstein no es viable ya. Del mismo solo puede esperarse su inminente colapso, su autodestrucción. No tengo duda alguna respecto a que las elecciones de este año eran la última y quizá la más remota posibilidad para intentar la regeneración del mismo, pero terminaron siendo un aberrante fracaso. Elecciones que fueron la consumación de un fraude sistémico, gradual y estructural. Pero, ¿quiénes son los responsables, los obscuros arquitectos de este Estado Frankenstein que desde 1524 –independientemente de su accidentada metamorfosis– ha condenado a millones de millones de guatemaltecos a la pobreza y al sufrimiento? Las élites hegemónicas: los grandes empresarios, los altos mandos militares, la partidocracia corrupta, las jerarquías judiciales y, ahora, los grandes medios corporativos de comunicación. Todos en alianza, alrededor de ese lúgubre quirófano, cuyo producto fue esta fantasmagórica estructura jurídico–política–económica.

Guatemala no es un país normal. Es una estructura rara, en donde conviven millones de guatemaltecos condenados a la sobrevivencia, mientras otros buscan afanosamente emigrar, con recursos naturales degradados y un Estado monstruo que no puede ya ser analizado desde la perspectiva sociológica tradicional. Es un Estado en donde todo intento por entenderlo y conocerlo, hace necesario insertarse en los conceptos y las categorías de la sociología criminal. Y es en ese escenario, nos agrade o no, en donde quienes luchamos por un país mejor, tenemos que dar la batalla. El objetivo es acelerar la desaparición de ese Estado Frankenstein, pretendiendo, simultáneamente, el menor costo social posible. Tomar el quirófano es sin duda alguna y a partir de ahora, nuestra tarea principal. Ya no tenemos opción.

Manuel R. Villacorta O.

Licenciado en Ciencia Política, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctor en Sociología Política, egresado de la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Consultor, investigador y profesor universitario.

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