Jacobo Vargas-Foronda / PUERTAS ABIERTAS–

La dinámica de la corrupción en sus más variadas formas en Guatemala tendrá larga vida mientras continúe existiendo en los centros de poder económico y político con enorme influencia en el quehacer social e institucional de Guatemala, para el caso, Canadá y Estados Unidos.

En los días de las esporádicas euforias de protestas callejeras en Guatemala contra la corrupción, Jorge Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, expondría ante los empresarios guatemaltecos del Cacif “que la diferencia entre Estados Unidos y Canadá…, y el resto de la América Latina… es que en nuestros países la propia ciudadanía se vuelve cómplice. En vez de protestar simplemente accede a este tipo de transacciones ilegales” [1]. Y más adelante, aclarando que la “gran corrupción”, “es un concepto en el que se habla de las grandes esferas en poder político o económico, de grandes cantidades de recursos que tiene impacto en la vida cotidiana de la gente. La corrupción mata, enferma e impide que sus hijos vayan a la escuela”[2], para referirse al caso de Guatemala, y agrego que también en Canadá y Estados Unidos.

Es importante puntualizar que, tanto en Estados Unidos como en Canadá, aceptando entre comillas la percepción de Ugaz, las ciudadanías de ambos países también caen en la complicidad y no solamente con la corrupción al interior de sus países, sino que también con la corrupción que sus empresarios y gobiernos permiten, ejercen y alientan fuera de sus fronteras. En cuanto a Estados Unidos ya es más que conocido los corruptos negocios de su actual presidente, Donald Trump, en Panamá y del fraude electoral que le otorgó la Presidencia, lo cual es otra manifestación de la gran corrupción.

En esta nota nos referiremos particularmente a Canadá. El periódico canadiense, Ottawa METRO, en su edición impresa del 6 de noviembre de 2017 (reproduciendo la misma noticia publicada por Torstar News Service ese mismo día) anuncia en su titular, “Ex primeros ministros entre los 3 000 canadienses vinculados a los paraísos fiscales offshore. Y la base de datos del grupo líder de abogados offshore de Nova Scotia, Appleby, implica cinco veces más canadienses de los que fueron nombrados en los papeles de Panamá” que se estiman, de acuerdo al mismo periódico, en 2 700 individuales y 560 corporaciones.

La misma publicación hace una importante aclaración: “los papeles de Panamá expusieron a la firma jurídica panameña dedicada al juego de los paraísos fiscales, Mossack Fonseca, que ha sido criticada como la mala manzana en los negocios de evasión fiscal en el mundo de los negocios offshore, mientras que la fuga informática de los papeles del paraíso de Appleby revela el negocio de una de las firmas legales más prestigiosas del mundo, que abastece a las corporaciones multinacionales más grandes del mundo y las familias más ricas del planeta”. En otras palabras, Fonseca se relaciona apenas con los jugadores de las ligas menores en el mundo de la corrupción.

Los ex primeros ministros mencionados son: Brian Mulroney (1984-1993, conservador), Jean Chrétien (1993-2003, liberal), y, Paul Martin (2003-2006, liberal). También se menciona que los servicios de Appleby se daban a canadienses aparentemente regulares, incluyendo doctores, ingenieros, geólogos, amas de casa, un oficial de policía, un patologo del habla y un almirante retirado de la marina canadiense.

Es conocido que las actividades offshore en los paraísos fiscales son consideradas “legales”. Y en este punto es donde debemos preguntarnos quien establece esas “legalidades” en el conocido derecho positivo de las llamadas “democracias liberales” del mundo del “libre mercado”. No olvidemos que la ley y su legalidad es la expresión concentrada de sus intereses económicos.

El historial de la firma y los papeles proviene desde 1950 hasta el 2016, cuyos expedientes contienen 6.8 millones de documentos y fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Torstar News Service y CBC/Radio-Canada. No se deja de mencionar que la fuga de los expedientes de Applebey muestra “que la firma conocía múltiples casos en los que aceptaba dinero sucio”.

De acuerdo con Alain Deneault, profesor de la Universidad de Québec, citado por el mismo periódico, “nosotros estamos tan conectados a los paraísos fiscales, que son una parte integral de nuestra economía. Al final, todas las grandes empresas canadienses y las fortunas familiares están estructuradas para eludir las leyes canadienses de tal manera que permitan a los propietarios evitar [el pago de] los impuestos”. Todos sabemos que la evasión del pago de impuestos realizada de manera premeditada es un delito y por consiguiente parte de la corrupción.

A manera de colofón, a parte de llamar la atención que el experto Jorge Ugaz se haya apresurado a excluir a Canadá y Estados Unidos tanto de la complicidad de sus ciudadanías e insinuar que en esos países no existe la “gran corrupción”, vemos que la fuga informativa nos dice otra cosa, y en el caso canadiense, tres políticos al nivel de ex primeros ministros es suficiente ilustración. Ya hemos indicado que mientras tengamos arraigadas las diversas formas de corrupción en los centros de poder económico y político, solo las protestas callejeras en Guatemala no serán suficientes para erradicar dicho cáncer.

Indiscutiblemente, ese malestar ciudadano expresado en las calles y carreteras es un importante inicio en la lucha contra dicho flagelo. No menos vital es esfuerzo realizado por el MP y la Cicig con sus investigaciones y búsqueda de justicia civil y penal a ser aplicada a las personas y funcionarios vinculados a casos de corrupción e impunidad en Guatemala. Sin embargo, no debemos olvidar que la Cicig no va a tener una permanencia eterna en el país y en cuanto al MP, todo dependerá de quien lo encabece en su calidad de fiscal general en el 2018, y subsiguientes períodos. Por lo tanto, también estamos supeditados a tiempos cortos sin llegar al mas amplio y efectivo combate de erradicación de la corrupción e impunidad.

Por ello, en Guatemala, solo una revolución ciudadana y cultural conscientemente dispuesta a erradicar los vicios del sistema económico y social imperante vigente podrá terminar con la corrupción e impunidad, exigiendo además la creación de mecanismos que permitan eliminar esos morbos a nivel nacional e internacional en los centros de poder económico y político del actual modelo económico mundial.

Valga puntualizar que hasta el momento no he leído ni escuchado ninguna manifestación de repudio por parte de la ciudadanía canadiense a manera de protesta por la noticia de los negocios offshore y evasión fiscal que también afecta la vida cotidiana en dicho país, y sí es conocido que hace ya casi 25 años las autoridades fiscales no han rendido un informe oficial de la envergadura de la brecha fiscal provocada por esas evasiones fiscales que afecta al presupuesto nacional y por consiguiente a los beneficios económicos, sociales y culturales como la creación de empleos, en educación, vivienda y salud, entre otros.

[1] “La corrupción es como el SIDA: no distingue clase social, género, edad ni ideología”. ElPeriódico, Guatemala, 5 de noviembre de 2017.
[2] Ibíd.

Imagen tomada de Toronto Star.

Jacobo Vargas-Foronda

Jurista y sociólogo. Aprendiz de escritor, analista y periodista freelance. Libre pensador y autodefinido como gitano, es decir, ciudadano universal.

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