Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

Y bien, parece que la crisis coyuntural desatada tras las nada veladas intenciones del presidente Jimmy Morales de expulsar a Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, como paso que considera esencial antes de darle el nocaut a la Comisión, amenaza convertirse -o posiblemente a estas alturas lo sea- en una crisis muy profunda, que puede conducir a una situación de violencia incontenible, según lo han advertido los expertos.

De pronto, algo que nos hace falta a los guatemaltecos es aprender a hablar claro. Llamar al pan, pan y al vino, vino, y empezar a dejar de lado esa cultura de humo, de metalenguajes o entrelineados a la que nos hemos acostumbrado, a lo cual tampoco escapan nuestras autoridades, ya que al final, las consecuencias no son de tipo semántico, sino hechos que se traducen en pasmosa realidad.

Y en un país así, donde cada quien habla con el propósito de no ser entendido y dice lo que dice pretendiendo decir otra cosa, es difícil entenderse.

Un caso ilustrativo de este galimatías nacional fue por cortesía de la Corte de Constitucionalidad (CC) al emitir su brillante resolución del domingo 16 de septiembre, por medio de la cual amparó provisionalmente, sin mencionarlo por su nombre, al comisionado Iván Velásquez, de la Cicig, ante la intención del Gobierno de prohibir su regreso al país. Pero, lo que debió ser el mecanismo idóneo para zanjar un problema, terminó siendo parte del mismo.

Como suele ocurrir con los dictámenes de dicha corte, este fue otro de sus clásicos «gallo-gallina tirando a pato», que se presta a interpretaciones variopintas, y no solo porque en las redes sociales cualquiera -literalmente- es un erudito del derecho, sino porque la CC no se atrevió a llamar las cosas por su nombre. Mediante sus arcanas resoluciones, los magistrados necesitan quedar bien con los sectores que los patrocinan. Es decir, con Dios y con el Diablo.

Pero esta vez sí se les fue la mano y de manera unánime. Aún para los doctos, resultó tarea menuda encontrar la lógica de «se permita el ingreso al territorio del Comisionado (sic) o la Comisionada (sic) de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (sic)…», pese a que el amparo promovido tenía nombres y apellidos: Iván Velásquez Gómez, comisionado de la Cicig.

«Decidimos no personalizar la resolución», señaló la magistrada presidente, Dina Ochoa, en otra incomprensible declaración y que nada tiene de explicación convincente. A veces se nos olvida que nuestro sanedrín a la Tor Trix, a fuerza de sentencias políticas, se ha convertido en el más grande poder absoluto jamás imaginado en nuestra historia republicana, y a estas alturas ya nadie puede enmendarle la plana.

Ni lerdo ni perezoso, el primero en aprovecharse de la ambigüedad fue el Gobierno de la República, tanto así que el chonte Enrique Degenhart se envalentonó y no dudó en presumir ignorancia a nivel mundial, al hacer la salvedad de que «el ciudadano colombiano Iván Velásquez Gómez tiene prohibido ingresar al territorio nacional».De un plumazo se saltó la orden de la CC y, de paso, el convenio entre Guatemala y Cicig, donde se garantiza la libertad de locomoción para el personal de la misión.

Para dejar mayor constancia de su pasión babélica, cuando Alfonso Carrillo -operador jurídico-político de Dionisio Gutiérrez y ponente del amparo- acudió de nuevo a la Corte a solicitar ampliación en contra del auto dictado, el cual fue resuelto como corresponde, con la salvedad de que la unanimidad se había roto y el marcador registraba nuevamente el 3 a 2 presente en muchas de las sentencias de la CC.

Y para complicar aún más nuestras dificultades de comprensión, el secretario general de la ONU, António Guterres tampoco se desempeñó con la claridad esperada. Ante los abusivos y antidiplomáticos conceptos vertidos por la canciller Sandra Jovel, respondió con frases elusivas como: «no veo motivos para la separación del comisionado» o bien «que siga dirigiendo la comisión desde aquí, y que nombre a un adjunto para que actúe en Guatemala».

Si nos la llevamos de estrictos en cuanto a la observancia de la ley, cabría decir que ni la figura del subcomisionado ni su nombramiento por parte de Velásquez están contemplados en el convenio Cicig-Estado de Guatemala, con lo cual Guterres, en lugar de aportar soluciones, se convirtió en un elemento adicional del problema.

Y mientras, la población se sigue reventando la cara en pro o en contra de uno y otro. Se protesta, se manifiesta, se emiten declaraciones, se ocupan espacios y, acto seguido, viene la contraparte, descalifica, censura, insulta, hace comparaciones absurdas entre el paro nacional del 2015 y el del jueves pasado, es decir, lo mismo que hicieron sus oponentes cuando se celebró la marcha antiaborto. Y así sucesivamente…

Es urgente desenredar este galimatías nacional. Es preciso que hablemos en términos comunes, comprensibles y tolerantes, antes de que el país se vaya a la tiznada. Es imprescindible dejar de lado posiciones individuales o de sector. Nos urge sentarnos a dialogar.

Imagen tomada de Circo iberia.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

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