Víctor Manuel Reynoso Angulo | Política y sociedad / INTERÉS PÚBLICO

¿Qué es el Estado? El conjunto de instituciones encargadas de tomar e implementar las decisiones públicas. El Estado mexicano va, de acuerdo a esta definición, desde el presidente de la República hasta el más modesto policía municipal. De manera que si alguien es extorsionado por un agente de tránsito para quitarle algún dinero, bien pude decir que el autor de esa extorsión «fue el Estado».

Lo anterior tiene su lógica, pero suena, y es ridículo. Cuando pensamos en una acción del Estado pensamos en otra cosa: una decisión tomada desde las alturas del poder por algún actor «racional unitario», como dice la teoría: racional, porque fija con claridad sus fines y los medios que considera adecuados para lograrlos, y «unitario» porque se trataría de una acción unificada, bien de una persona, bien de un conjunto de individuos que se pusieron de acuerdo. Los hechos del 2 de octubre de 1968, y los muy distintos de Ayotzinapa en 2014, muestran que esta visión es reduccionista, y por tanto falsa.

Nadie puede dudar que la matanza del 2 de octubre fue una acción de agentes estatales. El Ejército, claramente. También es claro que no se trató de una decisión unitaria. No fue una sola persona (el presidente o el secretario de gobernación) o un conjunto de personas (el gabinete presidencial o un sector del mismo) quienes tomaron la decisión.

Prácticamente todas las narraciones de los hechos coinciden en que el Ejército fue provocado por tiradores que se encontraban en los edificios que rodean la plaza. No está claro quiénes eran esos tiradores, pero todo apunta a que eran parte «del Estado», que respondían a algún grupo o dependencia política. ¿El Estado contra el Estado? Sí, porque no se trata de un actor unitario, sino de un conjunto de organizaciones, grupos, individuos, con perspectivas e intereses distintos, a veces encontrados.

Es claro que el movimiento estudiantil de 1968 nació, creció y terminó debido al autoritarismo del régimen. Sus demandas hoy son triviales. Estamos muy lejos de ese contexto autoritario, en el que realizar una marcha que llegara al Zócalo de la capital era una profanación. Pero, además de ese autoritarismo, todo indica que hubo interés en manipular al movimiento, en hacerlo crecer para que se convirtiera en un problema político. Lo que tiene su lógica si vemos que en esos meses estaba por decidirse la sucesión presidencial, es decir, quién sería el próximo presidente de México.

¿El Estado contra el Estado? Intrigas al interior del aparato de Estado en la búsqueda de hacerse del poder presidencial. Ese es uno de los factores que explica el crecimiento del movimiento y su trágico fin.

¿Y Ayotzinapa? No hay duda de que el «Estado mexicano», en lo que se refiere al ayuntamiento de Iguala, tuvo una participación directa en el secuestro y asesinato de los estudiantes. Parece claro también que el Gobierno del estado de Guerrero participó, quizá por omisión, en los hechos. Y lo mismo de algunas autoridades federales.

De lo que no hay duda tampoco es que la autoridad federal encargada de aclarar el caso, la Procuraduría General de la República, no lo hizo. Su «verdad histórica» no convence a nadie. Le costó el cargo a su titular, y desprestigió fatalmente, junto con otros hechos, al presidente de la República y al PRI. Vinculada a esta falta de la PGR está la mayor derrota electoral en la historia del priismo, la de 2018.

¿Fue el Estado quien asesinó a los normalistas de Ayotzinapa? En cierto sentido sí: diversas instancias del Estado están implicadas, de manera muy distinta. Pero creo que no se puede considerar que el Estado, como actor racional unitario, tomó la decisión de asesinar a los estudiantes y de desaparecer sus cuerpos. No hay que olvidar que una instancia de la autoridad estatal, la federal, encarceló al titular de otra, el presidente municipal de Iguala. El caso muestra que el comportamiento de lo que llamamos Estado es más complejo de lo que generalmente suponemos.

Lo que habría que aclarar es por qué el nivel federal del Estado, la PGR, no aclaró el problema lo suficiente. Supuestamente no estaba implicada directamente con los grupos delincuenciales de la zona, como sí fue el caso del ayuntamiento de Iguala. El Ejecutivo Federal daño así su propia legitimidad y dejó la impresión de complicidad. Pero no puede plantearse que el Estado mexicano actuó como actor unitario.

Víctor Manuel Reynoso Angulo

Profesor investigador de la Universidad de las Américas, Puebla. Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, maestro en Ciencia Política por FLACSO México y licenciado en Sociología por la UNAM.

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