Víctor Manuel Gálvez Borrell | Política y sociedad / DESDE ESTA ORILLA

El miércoles 28 de febrero, 52 participantes de diversos grupos sociales conformaron el Frente Ciudadano Contra la Corrupción. Se trató de una iniciativa de empresarios (más de una docena) pero también de ciudadanos; exfuncionarios públicos; periodistas y columnistas; religiosos; académicos; dirigentes estudiantiles; sindicalistas y de autoridades ancestrales indígenas. La conformación del Frente, coincidió con la visita de la embajadora de EE. UU. ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Halley a Guatemala, para entrevistarse con el presidente Jimmy Morales, la fiscal general y el comisionado Iván Velázquez. En esta medida, se insistió en el «mensaje doble» que, desde dos vías, se lanzaba al presidente para la lucha contra la corrupción.

La mayor parte de medios destacaron la composición variada de representantes del Frente y su agenda mínima. Ello producto de la carta abierta que sus miembros dirigieron a la ciudadanía, invitándola a suscribirla. La agenda se centra en el proceso de continuidad de la Cicig y del MP. Es decir, presenta un campo bastante acotado, que muestra la convergencia de intereses aparentemente tan diversos. En efecto, destacan tres: a. el apoyo al Comisionado de la Cicig hasta 2019 y a la fiscal, hasta que concluya su período; b. el apoyo y fiscalización a la elección del o de la próxima fiscal, para que sea transparente; c. el reconocimiento a la comunidad internacional en el combate a la corrupción.

El carácter circunscrito de la agenda mínima del Frente lleva a pensar, por una parte, en las circunstancias que llevaron a su composición y al logro de acuerdos. Pero también a la importancia de la continuidad del trabajo del MP contra la corrupción. Es decir, a la forma como se percibe la designación que el presidente de la República hará, hacia el mes de mayo, de los seis candidatos(as) que la Comisión de Postulación le dirija y dentro de los cuales, escogerá al futuro(a) fiscal general. La importancia del/la sucesor(a) de Thelma Aldana, ha llevado al grupo de miembros del Frente, a considerar el «parteaguas» que se dibuja ahora en Guatemala. Esto significa considerar lo determinante que será dicha elección para la continuación de la lucha contra la corrupción, vía el sistema de justicia y la depuración futura de la política electoral (campaña, candidatos y elecciones próximas). Es posible que estas consideraciones hayan hecho variar las opiniones dominantes de empresarios y de otros miembros del Frente, y los hayan llevado a aceptar esta nueva y determinante coyuntura.

La presión del Frente Ciudadano hacia el presidente de la República, hace imaginar un escenario en el que se dibujan, por lo menos, tres opciones tendenciales para elegir fiscal. Una, en la que la Comisión de Postulación envíe una lista, semejante a los perfiles de los candidatos «tradicionales», anteriores a las dos últimas fiscales (Claudia Paz y Paz / Thelma Aldana). Se trataría de la peor lista posible para los intereses de la justicia. Otra, con una nómina diferente, con perfiles similares a las de las dos últimas fiscales, que correspondería a la mejor lista posible. Y una tercera, en la que hubiera un número de entre dos o tres candidatos óptimos. Y entonces el presidente elegiría.

Las reacciones a la publicación del Frente Ciudadano Contra la Corrupción no se hicieron esperar. Entre sus críticas, por ejemplo, la relativa a su composición: no es lo diversa que se esperaba o deseaba y la agenda mínima tampoco es suficiente. Otra relacionada con algunos de sus miembros: varios podrían ocultar actos de corrupción anteriores y aprovecharon el momento. Con independencia de lo anterior, la importancia de la agenda contra la corrupción es real. La coyuntura exige una presión permanente y una nómina que garantice de continuación del trabajo del MP. El parteaguas está ya dibujado y no pareciera haber vuelta atrás. Los días por venir marcarán la pauta.

Víctor Manuel Gálvez Borrell

Doctor en Sociología, de la Universidad de Paris I. Trabaja en la Universidad Rafael Landívar como coordinador de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

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