Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

Como discípulos de Protágoras de Abdera, uno de los más importantes sofistas de la Antigua Grecia, los escasos defensores que le van quedando al presidente Jimmy Morales han lanzado una ofensiva mediática para exculparlo de toda responsabilidad en el caso de financiamiento electoral ilícito que se le ha imputado, la cual constituye una grosera ofensa al intelecto, porque se trata de sofismas insostenibles y que pretenden convertir en virtuosa la aberrante acción del mandatario.

Un sofisma es una falacia. Un argumento que se presenta como válido, pero que en esencia contiene una falsedad. Tal es el carácter de la declaración de Rodrigo Arenas, dirigente de los libertaroides chapines que se agrupaban en el Movimiento Cívico Nacional, cuando declaró que «El ahora presidente no les pidió dinero, sino apoyo para evitar un posible fraude en las elecciones del 2015». Entonces se acordó facilitar fiscales electorales, que era una debilidad del partido FCN.

La anterior fue declarado por Arenas durante la audiencia con la comisión pesquisidora designada por el Congreso para investigar las posibilidades de levantar el derecho de antejuicio de que goza el presidente. Y en el paroxismo de la desfachatez declaró, todo un épico defensor de la República: «Lo que yo hice fue un aporte cívico».

Sí, así mero. En lugar de poner al presidente en la picota y tildarlo de criminal, debemos festejar, estar agradecidos, y «bendecir» –palabra favorita de Morales– porque con el dinero que una de las facciones de la oligarquía le entregó, se logró evitar una catástrofe para la democracia.

Sin embargo, esa línea discursiva tan perversa, coincide con otra falacia construida durante semanas por el embajador Acisclo Valladares, y por medio de la cual exonera al presidente Morales de la comisión de financiamiento electoral ilícito «porque ese dinero, el de los empresarios, no tenía un origen oscuro sino era producto de actividades empresariales lícitas».

Y en cuanto al destino de los recursos (que supuestamente fueron entregados directamente a los fiscales de mesa de FCN para que cumplieran su misión «cívica»), Valladares plantea la descabellada versión de que al no haberlos entregado al entonces candidato presidencial, Jimmy Morales, quien era secretario general de dicha agrupación, este no tenía obligación alguna de reportarla y, por lo tanto, no hay delito que perseguir.

Lo que se pretende desfigurar con argumentos como los anteriores, es que el dinero para los fiscales fue canalizado por la empresa Nova Servicios, relacionada con Paulina Paiz, y que al hacerlo de esa manera tenía el carácter de donación. Y las donaciones deben ser reportadas como parte de los aportes que percibe una organización partidaria.

El artículo 21 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, vigente al momento de las elecciones de 2015, establecía: «Corresponde al Tribunal Supremo Electoral el control y fiscalización de los fondos públicos y privados que reciban las organizaciones políticas para el financiamiento de sus actividades permanentes y de campaña. El reglamento regulará los mecanismos de fiscalización».

Y, además, la literal b del citado artículo prescribía: «b) Las contribuciones a favor de candidatos a cargos de elección popular deberán canalizarse por medio de las respectivas organizaciones políticas. Dichas contribuciones en ningún caso podrán ser anónimas». Entonces, si ese dinero fue trasladado a los fiscales de mesa, en la práctica fue dinero entregado al partido FCN, el cual debió declararse. Y, para rematar, asentaba en la literal g): «El incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas, conlleva la aplicación de sanciones administrativas o penales que determine la ley, así como la eventual cancelación de la personalidad jurídica de la organización respectiva».

Otro discurso de los defensores ex officio de Jimmy Morales, muy sofistas ellos, consiste en afirmar que las actividades realizadas por los fiscales de mesa no cuentan como campaña electoral, «porque esta se suspende 36 horas antes del día de elecciones». Falso de toda falsedad: aparte es el tiempo autorizado para hacer propaganda y, aparte, el período que dura el proceso electoral. La convocatoria de elecciones abarcaba desde el momento de producirse esta, hasta la declaración de validez de los resultados y adjudicación de cargos por parte del Tribunal Supremo Electoral, lo cual ocurrió hasta un mes después de celebrarse la segunda vuelta.

Quizá por estos antecedentes, en las reformas a la Ley Electoral acordadas en 2016 se dedica un artículo al tema de las donaciones (aunque la figura no existía en el 2015), en la práctica eso fue lo que hicieron los empresarios al financiar los gastos de los fiscales electorales. El artículo 21 Ter, literal a de la Ley Electoral y de Partidos Políticos actual prescribe que: «Queda prohibido hacer donaciones de cualquier especie a favor de los candidatos, y las personas vinculadas o relacionadas con ellos, todas las donaciones deberán canalizarse a través de la organización política».

No se necesita demasiada erudición para interpretar los artículos anteriores, cuya transgresión pretende ser beatificada por los sofistas. En pocas palabras: al financiar a los fiscales de FCN, se estaba financiando al partido por medio de donaciones disfrazadas. Esos recursos no fueron para cubrir gastos de fiscales de ningún otro partido. Por ende, se trata de una contribución al hoy partido oficialista, que nunca fue reportada. Es decir: se trata de financiamiento electoral ilícito. (Para entonces, octubre de 2015, aún no se había emitido el dictamen de la Corte de Constitucionalidad por medio del cual instó al Congreso de la República a separar las figuras de financiamiento electoral ilícito de la de financiamiento electoral anónimo). Por tanto, el no haber reportado esos fondos al Tribunal Supremo Electoral constituye delito.

De manera que, tarde o temprano, el mandatario tendrá que comparecer para dar cuenta de estas acciones al margen de la ley. Y los sofistas que pretenden haber otorgado recursos con fines altruistas, ojalá encuentren reales argumentos para defender lo indefendible. La ley es la ley, diría Acisclo.

Imagen principal tomada de Cicig.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

Democracia vertebral