-Jorge Mario Salazar M. / PALIMPSESTO–

El juez Miguel Ángel Gálvez desmenuza uno a uno los incidentes presentados por los defensores del caso La Línea y nuevamente da una cátedra de la manera cómo se utilizan las trampas técnicas para evitar que se llegue a la realización de un juicio. Trampas y triquiñuelas, a veces semánticas, a veces utilizando otras leyes o códigos de los varios cientos emitidos en nuestra legislación. Otras veces perdiendo evidencias, o bien, suprimiendo testigos. El juez, no obstante, atiende todas las incidencias que le plantean los defensores y se toma el tiempo para explicar, con paciencia, las razones y las sinrazones de muchos de los alegatos que le presentan, aunque esto convierta en más largo y tedioso cada uno de los procesos que lleva en su juzgado.

El reclamo de los imputados y los detenidos con respecto a la tardanza para tener una resolución que les libere de enfrentar juicio, o bien que se desarrolle la fase siguiente del proceso, que es en donde se determinará la culpabilidad o inocencia según el caso, no tiene otro propósito que provocar el atraso del cual se quejan. Parece uno de los sin sentidos en la oficiosa defensa que busca a toda costa no llegar a la siguiente fase, ya que temen ser declarados culpables. De esa cuenta, intentan poner en la picota al togado, administrándole una cantidad de incidencias que deben ser atendidas por el juzgador y otras instancias del sistema judicial.

En números, Prensa Libre del jueves 26 de noviembre cita las siguientes incidencias: 29 amparos, 29 apelaciones, 4 exhibiciones personales, 2 recursos de queja, 2 incidentes de inconstitucionalidad en caso concreto, entre otros, de un total de 75 acciones que frenan el proceso y a las cuales todos los ciudadanos tenemos derecho. Acciones que no se pueden desarrollar sin que hayan onerosos gastos en oficios de abogado. Se habla, en casos simples, de una tarifa de Q 1 500.00 por audiencia como honorarios al abogado defensor. Sabemos que en este caso concreto, los costos pueden multiplicarse por diez, por veinte, a pesar de que no todos los 30 imputados pueden pagar las cifras astronómicas que se llevan los abogados de los principales acusados. Además, para el Estado, cada una de las audiencias debe contar no solo con el trabajo de todo el equipo humano y técnico que, poniendo centavo sobre centavo, se lleva una buena parte de los impuestos que pagamos los guatemaltecos.

Esto no es nuevo. Las prácticas de obstrucción de la justicia se han implementado desde siempre. Decía un exministro de Finanzas Públicas, una vez que argumentaba acerca de las leyes en materia fiscal: “Una ley fiscal puede tener unas 20 páginas y tardarse varios años para lograr su aprobación en el Congreso, y al día siguiente un libro de mil páginas que explica como evadirla”. Y así es el Código Penal. Buscábamos garantías de debido proceso para los ciudadanos cuyos derechos han sido pisoteados por los regímenes de dictaduras y pareciera que estas leyes garantistas fueron elaboradas para proteger a los violadores de los derechos. Al final, todo parece ser cuestión de tener los recursos suficientes o no.

Los ciudadanos sufrimos el agravio de funcionarios públicos que no realizan la debida gestión que les manda la ley. Encima de eso, roban los recursos y reparten coima entre sus allegados, si se les descubre y son procesados por esas acciones someten a la justicia a un larguísimo proceso de costos incalculables, ocasionando además desgaste político de las autoridades. Uno de los incidentes sobre los que falló ayer el juez Gálvez se relacionaba con la pretensión de algunos acusados de invalidar la gestión de la Cicig y del mismo juez Gálvez, todo eso, pagado con el dinero que le quitaron al erario público. Vea usted qué ganga nos sacamos. Pero esa justicia no es pareja para todos y todas. Lo que es más injusto es que ellos sigan desgastando a la justicia cuando todos sabemos que con el salario de un ministro, de una vicepresidente o de un general retirado nadie puede llegar a tener helicópteros, aviones, yates, autos de lujo en abundancia, mansiones, hoteles y fincas como las que han ostentado los imputados en el caso La Línea.

En la audiencia del 25 de octubre, recién unos días atrás, pudimos observar un nuevo capítulo de este reality show llamado caso La Línea que supuestamente estaba destinado a culminar con la fase intermedia del proceso penal contra los 30 imputados. Nuevamente, los defensores de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti, seguidos por los demás abogados, interpusieron incidentes para prolongar por otro día la resolución que pueda dar luz verde a la realización del primero de una serie de juicios que deberían poner la tapa al pomo de la impunidad de los corruptos.

Nuevamente, el juez Gálvez con su natural sencillez les repetía a los abogados defensores: “fíjese usted que…”, como la frase que anuncia desde ya, que muchos de los defendidos irán a juicio en el que, esperamos todos los guatemaltecos, sean condenados y paguen por sus delitos en prisión.

Fotografía por Johan Ordoñez/AFP, tomada de Reportaje de: lo bueno.

Jorge Mario Salazar M.

Analista político con estudios en Psicología, Ciencias Políticas y Comunicación. Teatrista popular. Experiencia de campo de 20 años en proyectos de desarrollo. Temas preferidos análisis político, ciudadanía y derechos sociales, conflictividad social. Busco compartir un espacio de expresión de mis ideas con gente afín.

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