-Mario Polanco / NO MÁS IMPUNIDAD–

Un conjunto de organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), ha impulsado a partir de junio de 2001, una serie de investigaciones encaminadas a unir familias que fueron separadas como consecuencia de la acción de terror impulsada por el Ejército y otras fuerzas de seguridad, hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado interno (CAI).

Sin apoyo estatal, las organizaciones de derechos humanos han logrado que durante estos 17 años cientos de familias hayan sido unidas a través de programas de reencuentro impulsados en cada uno de los departamentos del país y en algunos países como Estados Unidos, México, Honduras y algunos europeos.

Uno de esos casos es el de la familia Escobar Arriola, residentes a inicios de los años 80 de Chal, que en esa época era aldea del municipio de Dolores en el departamento de Petén. La familia se dedicaba al comercio, ello significaba que eran conocidos en el municipio, mantenían amistad y relación comercial con quien deseara adquirir sus productos, eso provocó que fueran acusados por el Ejército de venderle productos de primera necesidad a la guerrilla y que por lo mismo eran colaboradores y simpatizantes de la insurgencia.

En 1981 el Ejército inició incursiones en comunidades de la misma aldea Chal, capturando, torturando y asesinando a quien fuera sospechoso de pertenecer o colaborar con las fuerzas insurgentes. La familia tomó la decisión de abandonar sus bienes y escapar hacia México, llegando a los campamentos de refugiados en los estados vecinos a ese norteño departamento.

La familia Escobar Arriola estaba compuesta por nueve hermanos, padre y madre, además Marta Escobar ya estaba casada con Miguel Arévalo con quien había procreado dos niños. Los 14 integrantes salieron de Guatemala, sin embargo Marta, su esposo y los dos hijos tomaron la decisión de regresar a Guatemala y, según ellos para evitar la persecución, decidieron radicarse en Santa Rosa. Sin embargo, para el Ejército ese retorno no pasó desapercibido, seguramente fueron detectados, y en 1989 Miguel fue capturado ilegalmente y desaparecido.

Luego de muchos años Marta pidió ayuda al GAM, organización que impulsó un proceso de investigación que permitió ubicar a parte de la familia, entre ellos la madre y cuatro hermanos. El reencuentro fue posible en la ciudad de México el día 8 de marzo de 2018, que coincidentemente es el Día Internacional de la Mujer, una forma de dignificación tanto para ella como para su madre, como mujeres víctimas de la intolerancia y el odio.

Casos de separación de familias como resultado de acciones de violación a los derechos humanos cometidas por el Ejército son numerosos, se estima que al menos cinco mil familias continúan sin lograrse reencontrar debido a que desconocen el paradero e incluso no saben si están con vida las personas a las que buscan.

Los reencuentros constituyen una de las formas de conocer la verdad acerca de lo que sucedió. Las familias separadas, al momento de presentar su testimonio, son fieles testigos de la forma en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos, de la brutalidad con que actuaron las fuerzas de seguridad al momento de perseguir a la población civil cuya única intención era la sobrevivencia.

A través de una política pública, el Estado debiera asumir el compromiso de impulsar la búsqueda de las personas que están separadas, con el objetivo de reunificarlas, de esa manera aportaría de manera activa a la reconciliación. Pero, mientras continúe actuando como si no hubieran habido violaciones a los derechos humanos, la sociedad continuará confrontada.

Mario Polanco

Graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con Maestría en Seguridad y Defensa por la Universidad Mariano Galvez, actualmente director del Grupo de Apoyo Mutuo. Activista de derechos humanos, haciendo esfuerzos para que no haya más impunidad.

No más impunidad