Ricardo Barrientos | Política y sociedad / MANIFIESTO

No solo los pandilleros son delincuentes dedicados a la extorsión. Al igual que los mareros, un grupo de exmilitares también demuestra su afición a ese delito.

El 20 de mayo de 2019, Francisco Calmo De León, supuesto líder de la Asociación de Soldados Veteranos Militares de Tropa, grupo que no está formalmente constituido ni tiene personería jurídica, espetó en el Salón del Pueblo del Congreso de la República: «Los soldados que están en el Congreso tienen capacidad de armar bombas y hacer muchas cosas que aprendimos en el Ejército. No le vamos a temer a sus policías. Si nos toca morir, como morimos en las montañas, lo vamos a hacer en las calles, peleando nuestros derechos». Cinco días antes, este mismo grupo manifestó en la zona 1 capitalina en contra de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral que revocaron la inscripción de Zury Ríos como candidata presidencial (al mejor estilo del denominado Jueves Negro de 2003), y amenazó que «sin resarcimiento, no habrá elecciones».

Deberían resultar evidentes los delitos que este grupo esta cometiendo. El Centro para la Defensa de la Constitución pidió al Ministerio Público (MP) investigarlos, mientras que el fiscal de delitos electorales del MP informó que ya han sido citadas 8 personas en calidad de testigos y han identificado a dos de los instigadores, considerando la posibilidad de realizar capturas conforme las investigaciones avancen.

Además de la evidente ilegalidad de las acciones de este grupo, salta a la vista el carácter imposible, si no risible y ridículo, de sus exigencias. Primero, dicen ser alrededor de 1.7 millones, cuando el Ejército de Guatemala no ha tenido más de 100 000 efectivos, ni siquiera en el período más cruento de la guerra. Pero, suponiendo que este grupo sí tenga ese número de integrantes (con lo cual deviene muy dudoso que hayan estado de alta en el Ejército), la exigencia de un resarcimiento de Q 85 000, una casa y un seguro médico para cada uno, es imposible.

Suponiendo una vivienda sencillísima de Q 200 000, incluyendo terreno (un supuesto heroico), y un seguro médico con una póliza de hasta Q 100 000, más el resarcimiento de Q 85 000, suman Q 385 000 para cada uno, por los 1.7 millones que dicen ser, el costo fiscal de cumplir sus exigencias ascendería a Q 654 500 millones… ¡Casi 7 veces y media el techo presupuestario total vigente en 2019 de Q 87 963.7 millones! Esto sin tomar en cuenta la enorme estupidez que supondría dar gusto a estos exmilitares extorsionistas como un prioridad superior a las urgencias nacionales legítimas en términos de salud, educación, infraestructura, seguridad y la solución a los gravísimos problemas que padece Guatemala.

De verdad, los 1.9 millones de niñas, niños y adolescentes que hoy están fuera del sistema educativo, o la mitad de la niñez padeciendo desnutrición crónica, los considero prioritarios. ¿Existirá algún estúpido criminal capaz de dar gusto a estos exmilitares extorsionistas antes que a la millonaria niñez y juventud guatemalteca sin salud ni educación? Por desgracia sí, una vez más casi de manera infalible, el gobierno de Jimmy Morales lo tiene.

Se trata de Sergio Alejandro Flores Cruz, que ostenta el cargo de comisionado presidencial del Diálogo, y quien, en vez de hacer ver a los exmilitares extorsionistas lo ridículo de sus exigencias, se mostró obediente y se dispuso a trabajar para encontrar la forma de satisfacerlos. E incluso fue más allá, los defendió diciendo que la verdadera amenaza a las elecciones son los «grupos que cortan energía eléctrica», refiriéndose a agrupaciones campesinas.

Repudio un gobierno al servicio de exmilitares extorsionistas que menosprecia a la niñez y la juventud.

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

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