Víctor Manuel Gálvez Borrell | Política y sociedad / DESDE ESTA ORILLA

Uno de los efectos de las movilizaciones sociales de 2015 que se han mantenido casi permanente, aunque con altibajos hasta la fecha, ha sido la lucha por renovar el Congreso de la República. En efecto, los escándalos por las “plazas fantasmas” develados en 2016; el creciente número de antejuicios a diputados; el desprestigio y la indignación ciudadanas; la lucha contra el “pacto de corruptos” en 2017, traducen una de las peores crisis de representatividad política en Guatemala. La pregunta es si esto tendrá resultados distintos en la composición futura del Congreso en 2019 o no. Es decir, si la ciudadanía buscará “liberarse” de la idea según la cual “estas personas no me representan como nación” para referirse a los y las diputadas o si, por el contrario, marcará dócilmente las casillas, aunque no sepa ni por quién votar. Si el resultado será entonces, más o menos de lo mismo para 2019.

La verdad es que el Congreso de la República nunca fue un organismo caracterizado por su alta representatividad política. Tal vez lo fue durante los años de la Revolución (1944-1954), cuando varios diputados fueron representantes de las nuevas juventudes recién incorporadas a la política y cuando ser miembro del Congreso, no significó las prebendas económicas ni los sobre sueldos, como sucedió más adelante. No obstante, en los últimos años de la “democratización”, pese a mantenerse la percepción negativa hacia el Congreso, se sigue votando por diputados y diputadas desde lo local.

Una de las expresiones de lo anterior, fueron los últimos votos para diputados de los Partidos LIDER y Patriota en las elecciones 2015, que luego se incorporaron al Partido FCN-Nación. Ello a pesar de la debacle de sus candidatos presidenciales, lo que llevó por ejemplo a Baldizón, a pensar en un fraude electoral (como era que él perdía y sus diputados ganaban). Es posible avanzar la hipótesis según la cual, cuando los partidos políticos tienden a perder más contenido ideológico (como ha sucedido en Guatemala después de 1996), basan su búsqueda en identidades regionales, locales o culturales para los efectos de caracterizar a sus representantes, perdiendose así su carácter nacional. Y esto produce mayor distancia entre representantes (en el Congreso) y representados (ciudadanía).

La crisis de representación también tiende a acelerarse como efecto de la reelección y, sobre todo, cuando ésta se produce con cambio de partido y transfuguismo. Al final, se convierte en lo que conocemos: diputados que se eternizan durante varias legislaturas, aunque aparentemente y por oportunismo, se cambien de partido. De allí la consigna anterior: estas personas no me representan como nación, que se expresa cada vez más entre la ciudadanía.

A un año de la próxima elección (julio de 2019), el panorama en el Congreso de la República es confuso. Por una parte, el número de diputados objeto de antejuicio tiende a crecer. Los congresistas intentan que la CC deje sin efecto la redacción del artículo 295 “Ter” de la LEPP, para que puedan cambiarse el último año de partido y reelegirse. Por otra parte, si logran cambiar el artículo del Código Penal sobre el financiamiento electoral ilícito y se exculpan mutuamente, si se retrasa la cancelación del Partido FC-Nación por el TSE y eventualmente, también el del Partido UNE y si el MP solicita el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. El resultado final alteraría los efectos sobre la elección de los representantes al futuro Congreso. Resta por ver también la decisión de la ciudadanía sobre los listados a candidatos a diputados; si ésta logra presionar y oponerse a la decisión de los partidos o sigue sus consignas obedientemente. Si se organizan proyectos que fiscalicen, cuestionen y denuncien a los candidatos o si simplemente, se aceptan para tener un Congreso semejante al actual.

Víctor Manuel Gálvez Borrell

Doctor en Sociología, de la Universidad de Paris I. Trabaja en la Universidad Rafael Landívar como coordinador de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

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