Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

La experiencia nos demuestra que son muchos los periodistas en Guatemala que se han creído el cuento de que el ejercicio de esta profesión es una puerta abierta para acusar, mentir y calumniar a terceros, por el simple hecho de que la libertad de expresión está garantizada por la Constitución de la República. Nada más equivocado y fuera de lugar.

Es incuestionable que el respeto a la libre expresión del pensamiento no solo es un elemento inherente a la democracia, sino que es indispensable para que esta se vaya desarrollando y haciendo más sólida a medida que avanza el curso histórico de la sociedad. En este proceso, resulta esencial que la prensa se desempeñe con todas las garantías posibles para su ejercicio, y que se puedan plantear críticas a las autoridades de turno u otros personajes cercanos al poder sin represalias ni obstáculos para que los medios ejerzan su función natural.

Sin embargo, el derecho de libre expresión no es exclusivo de los periodistas. Es un bien natural y jurídico que le pertenece a la humanidad, a los ciudadanos, quienes de esa manera pueden decir, gritar y proclamar lo que piensen de cualquier tema, sabiendo que en una sociedad democrática ningún poder puede imponerles límites a ese derecho.

El caso es distinto cuando se trata de la prensa. Por supuesto, quien ejerce el periodismo puede pensar lo que se le antoje acerca de una persona. El único cuidado que debe considerar es que, al plasmar su pensamiento en un medio de comunicación de cualquier tipo, solo tiene una limitación de orden moral: hacerlo dentro del marco de la ética profesional.

En un artículo publicado el viernes 31 de los corrientes aquí, en revista gAZeta, se hacía un examen del marco de acción que impone el periodismo responsable, tomando como base la reciente decisión de un juzgado de paz de otorgar medidas de seguridad a favor de Sandra Torres, secretaria general de la UNE, como resultado de lo que ella califica como campaña permanente de ataques, calumnias y misoginia de parte de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico.

En dicha columna se expone por qué el derecho de libre emisión del pensamiento, como cualquier otro derecho, jamás puede ser absoluto; que la prensa no puede justificar que sus miembros cometan delitos -difamación o calumnia, entre otros- en nombre de lo que consideran un derecho irrestricto y que las obligaciones que les impone la Ley de Emisión del Pensamiento son soslayadas o eludidas flagrantemente por dicho gremio.

En su respuesta a la resolución que favoreció a la secretaria general de la UNE, el señor Zamora busca hacer un paralelismo entre la denuncia mencionada y la que fue planteada en su momento por la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti. Lamentablemente, este es otro desliz interpretativo del presidente de elPeriódico.

Y es que el artículo 35 constitucional establece diferencias cuando el agraviado es un funcionario o empleado público y cuando se trata de una persona individual; de un ciudadano en pleno goce de sus derechos. En el primer caso, «los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados».

Empero, en la práctica, es imposible la integración de un tribunal de esa naturaleza y ello solo ilustra la perversión de quien plantea dicha vía en lugar de la ruta penal. La Ley de Emisión del Pensamiento establece en su artículo 49 que: «Serán electos veintiún jurados para el departamento de Guatemala: siete por la directiva del Colegio de Abogados, siete por el Colegio de Periodistas y siete por la Municipalidad de la capital». Imposible convocar a representantes de un colegio que no existe, como es el caso del Colegio de Periodistas.

Y en el caso de Sandra Torres, la obligación del medio era publicar sus derechos de aclaración, sin entrar a considerar si estos tenían base o no, tal y como se acostumbra en la mayoría de redacciones nacionales. La ley no le faculta al representante de un medio de comunicación si un derecho de respuesta se publica o no. Simple y sencillamente debe hacerlo.

Además, el famoso artículo 35 de la Constitución señala que: «No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos». Sin embargo, en el caso de Torres y de innumerables personas individuales acusadas por Zamora, no se trata de funcionarios en ejercicio, sino de ciudadanos de pleno derecho, en cuyo caso las acusaciones se deben dilucidar por medio de derechos de aclaración y, de no cumplirse con este mínimo requisito, solo queda el camino de lo penal.

Este caso que ha sido llevado a las últimas instancias jurídicas debería obligar a los medios de comunicación y sus representantes a abrir un profundo debate acerca de las implicaciones que puede tener un periodismo carente de ética. Es urgente, además, dilucidar si es tiempo de reformar una normativa que se remonta al período de Peralta Azurdia, como es el caso de la Ley de Emisión del Pensamiento, y cuyos objetivos han sido rebasados por la dinámica del mundo moderno.

Antes de repetir como letanía que «Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa», los periodistas deberían leer todo el texto que sigue a dicho párrafo y así darse cuenta que el artículo que garantiza su derecho a ejercer la profesión, también define los límites para la misma.

Repitámoslo cuántas veces sea preciso: el periodismo es una herramienta al servicio de la sociedad, que exige un perfil ético intachable para que jamás sea utilizado como un medio para propiciarse impunidad.

Imagen tomada de Twitter.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

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