-Virgilio Álvarez Aragón / PUPITRE ROTO–

Luego de las masivas y entusiastas movilizaciones y concentraciones del miércoles 20 de septiembre es necesario ver el la crisis política con detenimiento, tratando de separar lo deseado y lo posible. Si en lo primero cada grupo y sector puede tener sus propias expectativas, en lo segundo es necesario que lo alcanzable beneficie de alguna manera a todos los sectores que definitivamente se oponen a la corrupción y la impunidad. No es, pues, hora de diálogos sino de negociaciones serias, claras y transparentes entre los distintos sectores, sabiendo que nadie puede imponer al cien por ciento su agenda y que nadie podrá ganar todo lo que espera.

Antes que nada, es necesario dejar claro que esta no es una pugna intraoligárquica, como algunos formadores de opinión simplistamente han diagnosticado. Para serlo tendría que partirse del supuesto que los distintos grupos que integran el bloque en el poder son todos oligárquicos. Y eso no es cierto. El nivel de desarrollo del capitalismo criollo, aunque deformado, ha dado lugar a la creación de una burguesía cada vez más se asume como clase para sí, y que en esta coyuntura está enfrentada con la oligarquía que ha basado su enriquecimiento en los negocios turbios con el estado y las mafias.

Esta burguesía, que si bien construyó su capital también con base en relaciones espurias y hasta fraudulentas con el Estado, tiene años de estar propugnando por un régimen capitalista liberal, en el que los negocios ilícitos, monopólicos y expoliadores no sean más la base para la acumulación, dado que están vinculadas al mercado exterior donde ya no caben los piratas ni los abigeos, mucho menos los traficantes de estupefacientes. A este sector, como a los distintos segmentos de asalariados y pequeños productores, la corrupción les perjudica, y es por ello que en las movilizaciones de la semana pasada coincidieron en su rechazo a los corruptos y propiciadores de impunidad, siendo que el grueso de los movilizados fueron las clases medias, portadoras de la ideología burguesa, ya no comprometida al cien por ciento con el discurso oligárquico.

Los analistas y formadores de opinión que promovieron el ausentismo en las movilizaciones, en consecuencia, también se equivocan al considerar el retroceso en el Congreso como una simple consecuencia de negociaciones intraoligárquicas, como si los diputados respondieran mecánicamente a una u otra de esas fracciones.

Aquellos dieron marcha atrás en la aprobación de sus estúpidos decretos porque son el actor político que más directamente nota, siente y padece la crítica y la movilización social. En el Congreso se enfrentan actores que, independientemente de la pugna oligarquía-burguesía, responden a grupos de interés diversos, muchos de ellos, pero no todos, vinculados de manera estrecha con prácticas económicas delictivas diversas.

Los congresistas de distinta pelambre entendieron que para salvarse de presiones, denuestos y hasta denuncias, debían retroceder en los decretos proimpunidad, actitud que asumieron, sobre todo, los del bajo clero, esos que llegan solo a levantar la mano y a recibir las migajas de los negocios políticos, pero que son la mayoría. Sin la presión social, que fue diversa y no debe entenderse solo como la ejercida por los grupos que rodearon el congreso el 15 de septiembre, los diputados no habrían dado marcha atrás. El Gobierno y sus secuaces tampoco la valoraron, y es ese error el que ahora están pagando caro. Si bien los medios de comunicación no cooptados por los sectores de la ultraderecha procorrupción hicieron mucho, también lo hicieron los distintos ciudadanos que se movilizaron en los departamentos, lo que, supuesto de antemano, vino atemorizar a los diputados distritales y les sigue asustando.

No hubo pues, componendas intraoligárquicas. No hay evidencias empíricas que sustenten tales señalamientos y el análisis no debe hacerse, insistimos, a partir de lo que deseamos, mucho menos de lo que resulte útil discursivamente para boicotear la movilización social.

Debe quedar claro, además, que esta vez el Cacif y toda la élite económica se enredó en sus problemas y no pudo ponerle freno ni control a las movilizaciones. Esto las hace diametralmente diferentes a las de 2015, dejando también en abierto su futuro.

Pero la cuestión no está resuelta, ni será tan fácil de resolver como la ultraderecha anticomunista y sectores vinculados de distintas maneras a la corrupción quisieran creer. Morales continua en el poder, cada vez más debilitado y aislado, pero nadie asegura que se mantendrá por lo que resta de su mandato.

Todo dependerá que sectores populares, clases medias y burguesía liberal entiendan que, además de negociar y no simplemente dialogar sobre la agenda de país, deben primero aislar al delincuente que ahora gobierna –la recepción de un “bono” ilegal lo coloca ya claramente en esa categoría– y para ello necesitan presionar en el Congreso, no para la renuncia de los diputados, sino para que aprueben cuanto antes el antejuicio.

Mientras los sectores que han comenzado a movilizarse no continúen haciéndolo y concentren su demanda en el antejuicio, presionando para ello a todos los diputados, la cuestión estará a favor de los corruptos y promotores de impunidad. Juntos, Congreso y Gobierno, no pueden ser atacados al unísono, pero con el antecedente del juicio al presidente todos los demás deberán modificar comportamientos.

Las reformas a la LEPP solo podrán ser de avanzada si en el Congreso se construye, de nuevo, una mayoría a favor de las reformas, y eso solo la movilización social puede conseguirlo, siempre y cuando se acepte que estos diputados estarán allí hasta que la correlación de fuerzas cambie.

Como esta crisis no es entre izquierdas y derechas, ambas deberán repensarse y recomponerse para dar lugar a organizaciones democráticas, y eso no surge de la noche a la mañana. Y mientras eso sucede, las alianzas en favor de la democracia y contra la corrupción son las que deben privilegiarse, no importa si en la mesa están sentados lilas, rosas, rojos, morados y desteñidos. Los que sí definitivamente no caben en estos procesos son los camisas negras o blancas que promueven el neofascismo, ya que los seudorojos, aquellos que promueven el abstencionismo en las movilizaciones por ser un pleito entre oligarcas, ya se han autoexcluido.

Fotografía por José Antonio Castro.

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

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