Carlos Enrique Fuentes Sánchez | Política y sociedad / EL EDUCADOR

Varias acciones de los últimos días mueven a indignación de la población. La primera es el cínico discurso del presidente de la República ante la ONU. Además de señalar, con mentiras, mejoras en el país, calificar a la Cicig de haber llegado a «ser una amenaza para la paz en Guatemala» raya en el mayor descaro. Como dijo el expresidente de Transparencia Internacional, refiriéndose al discurso: «Sin sangre en la cara para justificar la impunidad». Ciertamente, la Cicig es una amenaza, y muy seria, pero para las estructuras delincuenciales del país, para todos aquellos funcionarios corruptos que, poco a poco, han ido cayendo en las manos de la justicia. La acusación de que la Cicig «ha montado un sistema de terror», que coacciona testigos y los convierte en colaboradores eficaces, es una afirmación que debería ser probada judicialmente ante la justicia y la sociedad guatemalteca. Esto y, algunas cosas más, hacen que el rechazo hacia el presidente vaya creciendo día tras día.

Por otro lado, el Ejecutivo lucha por frenar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en cuanto que el Estado debe permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez a Guatemala. Son ocho los recursos que se han presentado ya y, seguramente, habrá otros más. Es el afán de impedir que Velásquez ingrese al país, para evitar que continúen las pesquisas contra los ladrones de cuello blanco y que la población vaya cobrando cada día más conciencia de las situaciones de corrupción e impunidad que se viven en Guatemala, y que un día la obliguen a actuar de una manera más decidida contra la corrupción y la impunidad, pues los límites de tolerancia de la población están a punto de ser rebasados.

La tercera acción deshonesta de los afines al Gobierno y a la corrupción e impunidad, fue el hecho de traer a la ciudad capital, con engaño, a campesinos de Santa María Xalapán, Jalapa, a quienes, con el ofrecimiento de una trabajo en el Ministerio de Ambiente, condujeron ante la sede de la Cicig, en donde fueron presentados como protestantes contra las acciones de dicha Comisión. Cuando los comunitarios se dieron cuenta del engaño, inmediatamente se retiraron y sus dirigentes dieron declaraciones, indignados por el embuste del que fueron objeto y rechazaron las acciones del Gobierno. Indicaron que investigarán quienes fueron los culpables para denunciarlos, lo cual debe ser acompañado por las organizaciones populares defensoras de los derechos humanos. Hay que recordar que una acción semejante fue frustrada en San Marcos, cuando se supo que miembros de las municipalidades, a solicitud del gobernador departamental, pretendían movilizar a comunitarios para contrarrestar las movilizaciones y concentraciones en contra del presidente desarrolladas en ciudad de Guatemala.

Por su parte, la mayoría de diputados del Congreso de la República no cesan en su intento de aprobar la ley que les permita el transfuguismo. La iniciativa ya cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso y los diputados dedicarán todos los jueves de octubre para discutir y aprobar el o los artículos que sean necesarios para lograr su cometido, en otro evidente hecho tendiente a mantener la corrupción en tal organismo. Este hecho es acompañado por la otra propuesta presentada en cuanto a la prisión preventiva. Nadie niega que, efectivamente, dicha medida se ha alargado en muchos casos hasta más de dos años, pero de ahí a querer rebajarla a seis meses y que las personas mayores de 70 años gozarían de libertad condicional por «razones humanitarias», hay un gran trecho y una evidente intención de favorecer a quienes están ya encerrados por múltiples acciones de corrupción. Es obvio que se pretende retorcer las leyes a favor de todos esos ladrones y matones que jamás creyeron ir a la cárcel. Será interesante ver cómo la sociedad civil organizada responde ante tales agresiones a la justicia.

Entre toda la podredumbre, una sola cosa buena aparece: el acuerdo 2746-2028 del Ministerio de Educación, de fecha reciente, en el cual se prohíbe el cobro para gastos de graduación. Totalmente acertada la medida, ya que tal «graduación» había sido aprovechada por muchos directores de centros educativos públicos y privados para hacer grandes negocios a costa de los sacrificios de los padres de familia. Hacer graduaciones en preprimaria, primaria y secundaria, con toga, bonete y anillo, era un absurdo pero un gran negocio. Esto, no obstante, no quita que se siga indicando que los ministros egresados de la USAC deberían, por dignidad, renunciar a seguir trabajando con este Gobierno y gobernante señalados de tanta corrupción.

Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y Educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo nacional; surgido de los barrios pobres de la Capital pero formado en diferentes departamentos de la republica. participante y decisor en procesos y redacción de documentos de trascendencia en la educación nacional en los últimos años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión Española, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, para todos y todas.

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