-Ricardo Barrientos / MANIFIESTO–

Aprobar el proyecto de presupuesto para 2018, tal como fue dictaminado en el Congreso, generaría peligros mucho muy graves que los problemas de no aprobarlo.

Por desgracia, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República en el dictamen favorable que emitió para la iniciativa de ley del proyecto de presupuesto para 2018 introdujo alteraciones que empeoran severamente la propuesta original presentada en septiembre pasado por el Gobierno de Jimmy Morales. De forma que, tal como la semana pasada lo manifestó públicamente el Icefi, si el Pleno del Congreso aprobara estas alteraciones realizadas por la CFPM se producirían deterioros serios, por lo que recomendó no aprobarlo.

En su análisis, el Icefi empieza destacando que la CFPM no ajustó la proyección de ingresos tributarios para 2018, la cual está calculada con base en la meta recaudación de este 2017, aún y cuando las autoridades ya han reconocido públicamente que no alcanzarán esa meta. Con esta falencia, inevitablemente la proyección resulta demasiado optimista, y de ser aprobada así condenarían a las finanzas públicas a que en 2018 se vuelva a sufrir otro «agujero fiscal».

Pero sin duda lo más grave es una suerte de «autopista de alta velocidad» para la corrupción y el abuso incluida por la CFPM en el hoy vergonzosamente célebre artículo 94 del dictamen para el presupuesto. Originalmente una propuesta de Edwin Escobar, alcalde municipal de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala, la CFPM dictaminó favorable que el Congreso «pre-autorice» una ampliación presupuestaria destinada al pago en 2018 de las obras de arrastre de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) que posean contrato, convenio y anticipo de recursos al 29 de diciembre de 2017, a financiar con saldos de caja, pero no especifica monto o techo para esta ampliación. Esta omisión es un peligro muy grave, ya que de ser aprobada el Ejecutivo tendría autorización del Congreso para ampliar el presupuesto para este fin, sin límite alguno.

El adefesio legislativo de ese artículo 94, además de ser posiblemente inconstitucional, sería un verdadero cheque en blanco para los Codede. Una prebenda escandalosa, a todas luces inaceptable para entidades más conocidas por su opacidad fiscal y por una corrupción enquistada al servicio de alcaldes municipales, diputados distritales y gobernadores.

La CFPM decidió, además, desechar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo Programa para mejoramiento de la cobertura y la calidad educativa, pero no reemplazó los ingresos de ese crédito con otras fuentes de financiamiento, con lo cual recortó el presupuesto de los programas de preprimaria (Q 169.8 millones), primaria (Q 56.1 millones), diversificado (Q 37.8 millones) y el aporte a la Comisión Nacional de Alfabetización (Q 140.0 millones), totalizando Q 403.7 millones, todos fundamentales para la educación. Pero, eso sí, el Congreso recibe y escucha con toda atención las demandas del sindicato de maestros por más de Q 1 000 millones para aumentos salariales en 2018.

El dictamen de la CFPM prácticamente desecha el Modelo Incluyente en Salud (MIS) al recortar en Q 700 millones el programa de recuperación en salud, pero incrementa en Q 600 millones los programas de infraestructura. Es decir, al prácticamente reemplazar el MIS por proyectos de infraestructura, la CFPM condenaría al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a su pasado nefasto de oficina pagadora de contratistas y farmacéuticas, en vez de un verdadero y legítimo ente rector de la salud pública.

Se concluye entonces que aprobar lo propuesto por la CFPM en su dictamen generaría daños muchísimo más graves de los que enfrentaríamos al no aprobarlo y ejecutar en 2018 el presupuesto de 2017.

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

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