Carlos Enrique Fuentes Sánchez | Política y sociedad / EL EDUCADOR
Como resultado del foro “Por un pacto educativo con propósito”, realizado el 31 de mayo, uno de los periódicos se señala: “Pacto relega calidad educativa. Acuerdo contempla privilegios para los docentes que disparan los costos para el Estado pero sin exigencias viables de mejora”, refiriéndose al pacto Colectivo firmado entre el Mineduc y el STEG.
Un participante señaló que los pactos colectivos no han demostrado tener resultados positivos para los educandos. Contrariamente, el TERCE indica que se ha mejorado en Matemáticas y Lenguaje en los últimos años. También señaló que en la actualidad más del 80% del presupuesto del Mineduc se destina al pago de salarios, pero no aclaró que de porcentaje los maestros reciben solo 60% y que son los funcionarios y asesores del Mineduc quienes se llevan 21% en salarios. Tampoco dice que el reajuste salarial para los maestros, en promedio, será de Q.145.00 mensuales.
Por aparte se señala que el trabajador gozará de licencia el día de su cumpleaños o cuando sea citado judicialmente o por cuestiones de servicio, que son derechos consignados en otras leyes vigentes. Indica, además, que el Mineduc pagará al trabajador la diferencia de lo que no pague el IGSS en una suspensión, lo cual resulta legal y justo, ya que el IGSS no paga el monto total del salario del maestro cuando éste es suspendido por enfermedad.
También señala el diario, que las maestras gozarán de permiso pre y postnatal de 30 y 80 días respectivamente, lo cual no es un privilegio, sino una necesidad. En países noreuropeos, además de la maestra, también esposo goza de tal período de descanso, para que ambos puedan darle los primeros cuidados al recién nacido. Por otro lado, que se otorgará 10 salarios mínimos a los deudos del trabajador que fallezca estando en servicio, lo cual es necesario, dado el número de maestros que han sido asesinados en los últimos años, incluso en la escuela, y aquellos que trabajan en zonas de alto riesgo por la delincuencia o en hogares “seguros”.
En tal foro faltó recordar que, según el artículo 77 de la Constitución Política de la República, “Los propietarios de las empresas industriales, agrícolas, pecuarias y comerciales están obligados a establecer y mantener, de acuerdo con la ley, escuelas, guarderías y centros culturales para sus trabajadores y población escolar”. No se niega que algunos empresarios lo hacen, pero 99% jamás han cumplido tal mandato, lo cual influye en la calidad educativa.
Además, el artículo 73 de la Constitución señala, con respecto de los centros privados que “Como centros de cultura gozarán de la exoneración de toda clase de impuestos y arbitrios”, pero esto está referido al servicio educativo en sí, no a la venta de uniformes, útiles escolares, monogramas, calzado, etcétera, que en la mayoría de los centros privados se comercia sin pagar los impuestos debidos, lo cual también influye en la calidad de la educación.
Faltó mencionar, además, que el financiamiento electoral ilícito que ejecutan algunos empresarios perjudica la calidad de la educación, no solo por el mal ejemplo de corrupción sino porque permite que personas sin capacidad lleguen a ocupar altos cargos de los cuales saben nada, y se escudan en que son puesto políticos y que no necesita saber de los temas del ministerio.
¿Y la elusión de impuestos? ¿Acaso no es sabido como algunas empresas privadas ejecutan proyectos de educación, salud y recreación a cambio de ser exonerados de los impuestos que tendrían que pagar? Invierten poco a cambio de exonerar mucho.
Cierto que la calidad de la educación en Guatemala dista mucho de ser la ideal, pero de eso no tienen la culpa los maestros ni los pactos colectivos. Como indicó el Viceministro de educación, son muchos los factores que influyen en dicha calidad; entre ellos, la deficiente o inexistente infraestructura de las escuelas, la falta de recursos de enseñanza; la desnutrición de las y los niños, el escaso apoyo de los padres de familia; falta de bibliotecas escolares; y, en general, falta de los llamados estándares de oportunidad de aprendizaje.
Así que, para hablar de calidad educativa, el Estado deberá asignar lo legal al sector educación (35% del presupuesto de la nación). Para ello, los empresarios deben dejar de evadir y eludir el pago de sus impuestos y cumplir con establecer y mantener escuelas y guarderías en sus empresas. Por allí se debe comenzar. La calidad de la educación en un país desarrollado, depende en 35% de los maestros. En un país tan pobre como Guatemala, solo depende en 20% de los mismos.
Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y Educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo nacional; surgido de los barrios pobres de la Capital pero formado en diferentes departamentos de la republica. participante y decisor en procesos y redacción de documentos de trascendencia en la educación nacional en los últimos años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión Española, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, para todos y todas.
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