Virgilio Álvarez Aragón | Política y sociedad / PUPITRE ROTO

El presidente Morales ha decidido dejar su impronta irresponsable y tenebrosa en la historia del país. Pasados los años, ya no se le recordará como el cómico que ganó sorpresivamente unas elecciones en las que la sociedad, decepcionada de gobernantes corruptos, optó por un desconocido. Se le recordará como el gobernante que, por defender sus intereses personales, perdió el sentido de responsabilidad e intentó destruir toda la institucionalidad que con tanta dificultad hemos podido construir en este inicio de siglo.

No se le podrá excusar por su bisoñez política o por su ingenuidad religiosa. Se le recordará y estudiará como el oportunista que, considerándose dueño absoluto del poder público, optó por desmontar el frágil andamiaje político jurídico que poco a poco se ha ido estableciendo.

Aislado social y políticamente, Jimmy Morales ha dispuesto usar su poder transitorio para, como en las mafias, vengarse de un supuesto enemigo, que, con pruebas documentales incuestionables, consiguió que jueces competentes pudieran juzgar crímenes contra el patrimonio público y el Estado, y que, en sus investigaciones, se dio de frente con los delitos electorales de quien ahora nos gobierna.

Incapaz de poder demostrar su inocencia ante los tribunales, Morales y quienes le acompañan y apoyan, han optado por atacar a la instancia internacional que, de manera más que transparente y profesional, ha contribuido para que el Estado de derecho impere en el país. Durante más de un año han hecho indecibles esfuerzos para, presumiendo de honestos, ganar impunidad a costa de irrespetar las instituciones públicas.

Si decidir el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad fue un acto abiertamente contrario a la consolidación de la justicia, impedir que el comisionado Iván Velázquez vuelva al país es la muestra, más que evidente, que lo que busca es cerrar las puertas a cualquier investigación en su contra, tratando así de comprar impunidad para él y para quienes le apoyan en este claro y evidente golpe a las instituciones.

Débil y sin mayor respaldo social, ha optado por la amenaza autoritaria contra sus detractores y críticos, escudando sus erráticas decisiones en los tanques y fusiles de un Ejército y una Policía Nacional Civil,que, junto a él, han perdido toda credibilidad y simpatía. Eso es lo que dicen todas las encuestas serias de opinión realizadas en los últimos meses.

Según el levantamiento que a nivel nacional hizo a finales de julio la firma Politik, Jimmy Morales es un gobernante que cuenta con el apoyo de apenas 17.6 % de la población, y al que solo le tiene confianza plena 8.2 % de la ciudadanía.

Por otro lado, en el departamento de Guatemala, donde se concentra la cuarta parte de la población del país, según el levantamiento de Analystic, realizado el fin de semana pasado, 65.8 % considera al actual Gobierno como muy corrupto, y que el principal problema es la corrupción. Notorio resulta que para 89 % de los habitantes de este departamento la corrupción es una lacra que carcome no solo al gobierno sino también a la sociedad en su conjunto.

En contraposición, mientras que en el estudio a nivel nacional la Cicig es una institución en la que tienen mucha confianza 30 % de los guatemaltecos, y cuyo trabajo lo consideran positivo por el 69.4 % de la población, en el estudio circunscrito al departamento de Guatemala, realizado posteriormente al anuncio del cierre de esa Comisión en septiembre del año próximo, 59 % consideraron que esta ha logrado incidir en el combate a la corrupción, por lo que 64 % de los entrevistados desaprobaron la decisión presidencial.

Más de la mitad de los encuestados -55 %- dijeron que el accionar de la Comisión ha sido en búsqueda de la transparencia en la gestión pública, ante 39 % que se hicieron eco de la afirmación de que actúa con fines políticos. Pero, lo más importante, 64.9 % de los residentes en el departamento de Guatemala dijo que Morales quiere suspender a la Cicig porque no le conviene.

Ante ese panorama, la lógica política, la del estadista, la del que esperaría dejar una herencia política significativa en el país, aconsejaría reducir la tensión y el enfrentamiento con el comisionado, y si bien podría tener que responder ante los tribunales por sus actos como secretario general de su partido, se habría ganado la simpatía y apoyo de muchos de aquellos ciudadanos que hoy lo reprueban y le consideran responsable de todo lo malo que sucede en el país.

Pero Morales ha preferido el enfrentamiento, a costas de mayor aislamiento nacional e internacional. Salvar su pellejo y el de sus aliados es lo único que lo mueve y le interesa, usando para ello no solo las medias verdades sino todo el aparato represivo del Ejército y la PNC, que ya se movilizan en la ciudad capital amedrentando a los ciudadanos interesados en protestar.

La expectativa es que, con la expulsión ilegal e ilegítima del comisionado, el rechazo sea aún mayor, y que, en contraposición, aceleradamente se dé la militarización del Estado, en una tendencia más que clara de que Morales quiere terminar su período como el dictadorzuelo del siglo 21 que, por temor a enfrentar a la justicia, pisoteó todo lo que se le interpuso en el camino.

Fotografía tomada de elsalvador.com

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

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