Virgilio Álvarez Aragón | Política y sociedad / PUPITRE ROTO

El drama humano por el que están pasando miles de niños centroamericanos, en centros de detención estadounidenses, tiene sin cuidado a los que cínica y holgazanamente se aprovechan de los efectos económicos de las remesas. Gobierno y élites económicas centroamericanas, como siempre, miran para otro lado cuando de la protección y defensa de los derechos de los más pobres se refiere.

De Salvador Sánchez Serén a Juan Orlando Hernández, pasando por el cómico Jimmy Morales, los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala, solo interactúan con Estados Unidos para extender la mano y pedir limosnas, que luego embolsan sus ineficientes oligarquías. O ponen la espalda para recibir latigazos, que sufren y lloran los más aguerridos y decididos ciudadanos que, cansados de tanta miseria, aceptan la expulsión de su patria, imaginando que lo hacen por cuenta propia y que van al país de las maravillas de Alicia.

El régimen despótico estadounidense ha dispuesto, de nuevo, enjaular a los niños centroamericanos y programadamente, difundir las imágenes para, según sus tenebrosos planes, inhibir temporalmente el flujo de inmigrantes. La consigna es clara: fuego a los indígenas desprevenidos, como sucedió con el asesinato de Claudia Patricia Gómez, o jaula de metal reforzado a los detenidos. Separar a los niños de sus padres resulta así una medida violenta más, pues lo que les interesa es evidenciar que allá se trata peor que a perros callejeros a los que humildemente llegan a buscar trabajo porque en sus países las esperanzas les han sido extirpadas.

Durante décadas los estadounidenses y las élites económicas centroamericanas han lucrado y vegetado a costas del esfuerzo de los inmigrantes. Allá se les explota y trata como seres de segunda categoría, pero tienen ingresos que, administrados sabiamente, les permiten alimentar y sostener a sus familias, beneficiando con su consumo a un empresariado incapaz de modernizar su producción y dar trabajo digno a los ciudadanos.

Los cientos de miles que, sin papeles, trabajan de sol a sol, sin fines de semana y sin ninguna protección laboral, lo hacen porque así conviene a la economía estadounidense. Si en verdad allá quisieran contralar el flujo migratorio, la no contratación de inmigrantes indocumentados sería una solución. Pero Estados Unidos los necesita para hacer los trabajos más inhumanos, para realizar, por bajos salarios y sin protección, las tareas que los ciudadanos y residentes legales en el país ya no aceptan hacer.

Pero el flujo migratorio desde las economías fracasadas centroamericanas simplemente va en aumento, en proporciones mayores a los que el mercado negro de trabajo estadounidense es capaz de absorber, pues ésta es también una economía que no encuentra ya formas para salir del atolladero al que sus propias políticas neoliberales le han llevado. De allí que humillar, agredir y hasta asesinar a los que buscan trabajo es parte de la estrategia, más electoral que económica, del autoritario y miope gobierno estadounidense.

El gobierno de Jimmy Morales ha decidido dejar que el régimen dictatorial de Trump agreda y violente los derechos de los guatemaltecos migrantes, sin siquiera guardar las formas, pues al final de cuentas él y su séquito están en los cargos para disfrutar las mieles del poder y no para defender a los ciudadanos. Los consulados guatemaltecos que, por obligación, y como lo manda el Convenio de Viena sobre las Relaciones Consulares, en su artículo 5 inciso h) están para “salvaguardar, dentro de los límites impuestos por las leyes y regulaciones del Estado receptor, los intereses de los menores de edad” de su país, y que en el i) establece, además, que deben: “conseguir en el Estado receptor representación, o disponer representación adecuada (…) con el propósito de obtener, medidas provisionales para la preservación de los derechos e intereses de esos ciudadanos”, no tienen por el momento, ni siquiera, la lista actualizada de adultos y menores detenidos y separados, mucho menos providenciando defensa adecuada para que sus derechos sean respetados.

Los millones que envían los migrantes, y que de inmediato más del 15% se convierten en recursos públicos cuando las familias realizan gastos, no solo pueden ser usados para equilibrar las cuentas de una economía fracasada que ingresa, por exportaciones, mucho menos que lo que anualmente envían los que han sido expulsados del país. El Estado Guatemalteco está en la obligación, no solo de brindar ayuda consular de calidad a todos esos ciudadanos ahora detenidos, sino debe poner a su servicio ayuda legal para que sus derechos no sean mancillados, y no limosnear ayuda gratuita en onegés estadounidenses.

Los niños guatemaltecos, sean del color y clase social que sean, merecen ser tratados con dignidad y respeto, y sus padres, trabajadores en búsqueda de oportunidades laborales, protegidos como todo ciudadano guatemalteco. Si Estados Unidos quiere menos o ningún inmigrante centroamericano, debe encontrar formas adecuadas para que éstos ya no sean expulsados de sus países, asumiendo, al final de cuentas, que todo lo hecho, hasta ahora, ha sido un total y rotundo fracaso.

Imágenes tomadas de AFP.

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

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