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Ilegitimidad y desigualdad en la elección a rector

Como sucede cada cuatro años, desde que la Universidad de San Carlos fue creada, estudiantes, profesores y egresados se preparan para elegir a un nuevo rector, en un proceso de delegación de representación en el que ya no existe equidad entre los tres sectores, no solo porque los egresados cuentan con catorce cuerpos electorales, mientras que estudiantes y docentes solo diez, sino porque un amplio grupo de estos no tienen siquiera opción para ejercer el derecho a elegir a su máxima autoridad.

Sucesora inmediata de la universidad del ubiquismo, la Universidad de San Carlos de Guatemala no nació con la anomalía de que los egresados decidieran su destino. El decreto 12 de la Junta Revolucionaria, del 9 de noviembre de 1944, al crearla como autónoma no estableció ese procedimiento electoral. Fueron los sectores conservadores quienes, interesados en mantener el control de la institución, consiguieron que en el decreto 325 del 28 de enero de 1947 se impusiera la práctica colonial de dar poder de decisión a los egresados. No lograron ponerla bajo el control del Estado y, mucho menos, bajo la tutela de la Iglesia católica, como había sucedido con la Pontificia fundada en 1676 y con su remedo en el régimen de Rafael Carrera en 1855, pero le negaron, desde entonces, que fuese una universidad de profesores y estudiantes, como era el propósito de los jóvenes revolucionarios de 1944.

De esa cuenta, desde aquella época, la autoridad máxima es electa por una asamblea de electores en la que se partía del supuesto que participaban en igualdad de condiciones estudiantes, docentes y egresados. Sin embargo, pasados los años, el crecimiento y extensión no planificados de la institución han conducido a una evidente desigualdad que hace ilegal e ilegítima la elección de rector, pues se deja sin participar a un alto porcentaje de docentes y estudiantes que tienen exactamente los mismas calidades que los que sí lo hacen, permitiéndose, además, que sean los que ya no tienen vínculo directo con la institución, como es el caso de los egresados, quienes concentren la mayor proporción de votos.

Como se sabe, el rector es electo por un Cuerpo Electoral Universitario, integrado por electores que, en grupos de cinco, son elegidos por cada uno de los sectores de las distintas facultades. Según la Ley Orgánica de la USAC, la institución está integrada por 10 facultades, pero deja claramente abierta la posibilidad de que se creen nuevas. Sin embargo, el Consejo Superior Universitario, bajo la conducción de los distintos rectores, en los últimos cuarenta años, se ha empecinado en no hacerlo. No hay ninguna norma legal que impida, por ejemplo, que cada centro regional sea considerado facultad, y que las distintas escuelas constituyeran o se reagruparan en nuevas facultades.

La convocatoria para elecciones de rector, período 2018-2022, que aprobó el Consejo Superior Universitario el 24 de enero del corriente año, estableció que participarán escogiendo a sus delegados, solo los estudiantes y profesores titulares de las diez facultades, pero convoca a 14 colegios profesionales, que pertenecen a distintas facultades, dando así no solo mayor representación a los profesionales, sino privilegiando a aquellos donde grupos de interés han creado sus propias organizaciones gremiales, sobrevalorando su peso en las elecciones a decanos y de rector, en detrimento, insistimos, de los estudiantes y docentes.

De esa cuenta, si bien los egresados colegiados de Agronomía, Veterinaria o Farmacia tienen solo 5 electores, aunque en sus facultades se ofrezcan distintas carreras, los egresados de Ciencias Económicas e Ingeniería tienen 10, pues además del colegio de economistas, auditores y administradores de empresas y del de ingenieros, existen el de auditores y de ingenieros químicos. Votarán, además, los egresados de enfermería y psicología, aunque los alumnos y docentes de esas unidades no tengan posibilidad de hacerlo, creando un mayor desajuste.

Los profesionales, en lugar de representar la tercera parte del total del Cuerpo Electoral Universitario, esta vez constituyen ya 41 %, por lo que si un candidato ganase todos los colegios profesionales, con ganar dos cuerpos electorales más (diez votos) sería investido como la máxima autoridad, pues cada elector representa 1.7 % del total de electores. En consecuencia, si se parte del supuesto de proporcionalidad entre los sectores, la ilegitimidad del proceso es evidente, pues existe una clara desproporción a favor de los egresados, quienes, supuestamente, ya no tendrían ningún interés en la vida universitaria, pues ya han pasado por sus aulas y muy pocos de ellos son docentes, con lo que lo que suceda en la institución en nada les afecta.

Pero no todos los alumnos y docentes tendrán la oportunidad de delegar su voto en algún elector. Para el caso de los docentes, la norma establece que solo tienen derecho los titulares, por lo que si bien la USAC tiene contratados a 8 539 personas para impartir clases, apenas 3 113 ostentan tal categoría, constituyendo apenas 36.5 % de todos los docentes universitarios. Mas, los privilegiados son aún muchos menos, pues solamente podrán elegir rector los que laboran en las facultades, es decir, seis de cada diez titulales. Al otro 40 % que labora en los centros regionales o en las escuelas no facultativas les ha sido expropiado ese derecho.

Igual sucede con los estudiantes. De los 215 023 con derecho a ejercer el sufragio, solo 6 de cada diez podrán ejercerlo, pues los únicos que gozarán del privilegio serán los 121 971 inscritos en alguna de las 10 facultades.

El rector ejercerá sobre todos los estudiantes y docentes, y para nada sobre los colegiados, pero lo elegirán todos estos y 60 % de los docentes titulares y estudiantes. En una institución que se dice defensora de la justicia y la equidad, esto no solo resulta contradictorio, sino ilegal, pues niega a estos docentes y estudiantes el ejercicio de un derecho pleno.

Fue por todo ello que el procurador de los Derechos Humanos, licenciado Jordán Rodas, el 31 de enero de este año presentó ante la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, un recurso contra el Consejo Superior Universitario, de manera que en el proceso electoral se permitiera a todos los estudiantes y docentes titulares ejercer su derecho. Sin embargo, el 13 de febrero esa sala resolvió no otorgarlo, «por considerar que las circunstancias no lo hacen aconsejable», sin entrar en la cuestión de mérito. La negativa, pues, no es legal o jurídica, sino circunstancial. Cabe preguntar, ¿bajó que circunstancias es legal negar a un sector de la población universitaria el uso de un derecho?

La negativa motivó que el procurador apelara ante la Corte de Constitucionalidad –CC–, demandando el amparo, acción a la que la Asociación de Estudiantes Universitarios –AEU–, con responsabilidad y coherencia, se incorporó como querellante adhesivo. No obstante lo importante y trascendente de la acción, a pocos días de realizarse un evento electoral ilegal e ilegítimo, la CC no ha resuelto al respecto. Todo apunta a que, como ha sucedido en los últimos cuarenta años, un alto porcentaje de docentes y alumnos no podrán ejercer el voto y que quien resulte electo ejercerá de manera ilegítima el cargo.

Por Virgilio Álvarez Aragón

Imagen principal, Centro Universitario del Suroccidente, tomada de USAC-Cunsuroc.