-Jorge Lara Borges / POLITEIA–
El mes de septiembre vuelve a quedar marcado en la historia de las tragedias en México. No solo por los terremotos que sacudieron la geografía nacional, principalmente los días 7 y 19 de septiembre de 2017, sino también por el impacto de los huracanes y tormentas que azotaron en estas fechas gran parte del territorio mexicano. Estos fenómenos naturales causaron múltiples pérdidas humanas, materiales y económicas. Siendo el 19 de septiembre el día más simbólico, no solo por ser el día cuando más muertes se produjeron en el corazón del país, sino porque justamente ese día, 32 años atrás, se había suscitado otro terremoto de gran magnitud en la capital del país, que había dejado un saldo de más de 10 mil muertos y media Ciudad de México destruida. Sin embargo, los efectos de estos fenómenos han alcanzado a dañar los cimientos del poder político mexicano en, al menos, 3 aspectos importantes.
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La percepción de la corrupción. Hay quienes defienden que los terremotos no matan, sino que es la corrupción la causante de las pérdidas humanas, al permitir malas o defectuosas construcciones en zonas con riesgos. Los terremotos de septiembre en Chiapas y en la capital mexicana afloraron no solo la enorme corrupción burocrática que hay en el país, sino también la fuerte corrupción política. Por un lado, la corrupción política, esa que conecta a políticos de alto nivel con empresarios donantes de sus campañas electorales. En este sentido, se puede observar como una de las principales zonas afectadas por el terremoto del 19S en la capital de México se e encuentra en un corredor de edificios de nueva construcción, donde se ha permitido edificar gracias a un boom inmobiliario, al amparo y protección de políticos de alto nivel, en zonas y bajo permisos que nunca debieron ser permitidos ni otorgados. Por otra parte, la corrupción burocrática, aquella que por acción o por omisión no permitió la supervisión y aplicación de la normativa vigente en la materia y de protección civil. Hay muchas obras irregulares que sucumbieron por su falta de supervisión. El caso que mayor ejemplifica la corrupción burocrática y política es el de la escuela primaria Enrique Rébsamen en la Ciudad de México, donde de manera irregular la directora construyó un apartamento de uso residencial en la última planta del edifico que se colapsó el 19 de septiembre, y donde perdieron la vida al menos 32 niños y 5 adultos. Esto ha hecho que la corrupción sea vista por los ciudadanos mexicanos como el principal flagelo que afecta sus vidas.
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Un mayor divorcio entre la sociedad política y la sociedad civil. En medio del duelo nacional mexicano por los estragos de dichos fenómenos naturales y ante las necesidades materiales y económicas de miles personas afectadas, que perdieron su patrimonio y sus trabajos por estos sucesos, se hizo necesario el planteamiento de cómo se iba a apoyar a este sector de la población. El gobierno federal mexicano estimó los daños en unos 36 mil millones de pesos, unos 2 mil millones de dólares americanos. Por eso, diversos actores políticos y gubernamentales empezaron a apelar a la solidaridad del pueblo mexicano para apoyar a la reconstrucción, ofreciéndose para ser intermediarios de esta ayuda y “entregársela” a los damnificados. La respuesta de la sociedad civil no se hizo esperar, apoyando, pero también cuestionando a la clase política. Y a través de las redes sociales, se les pidió a los partidos políticos que hicieran lo mismo: que donaran parte de su millonario presupuesto que tienen destinado para el próximo año, año electoral y relevante para sus aspiraciones políticas. La falta de sensibilidad y solidaridad de las fuerzas partidistas hizo que al inicio desecharan esta propuesta. Pero al crecer el malestar ciudadano y verse evidenciados al querer lucrar electoralmente con la tragedia, empezaron un demagógico debate sobre quién aportaba más y quién era el primero en ofrecerlo. Esta situación ha llevado a que se planteé la desaparición del financiamiento público a los partidos en México. Pero, más allá de este falso debate, el problema de fondo se observa en la fractura cada vez más enorme entre la clase política y la sociedad, la cual cada vez más se siente menos representada por sus gobernantes.
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El resurgimiento de la sociedad civil. Uno de los aspectos más importantes y posiblemente positivos de la tragedia de los últimos días, es la unión y solidaridad del pueblo mexicano con sus hermanos afectados. Los puños levantados han sido el símbolo de este nuevo movimiento ciudadano. Ha sido increíble la solidaridad espontánea por parte de ciudadanos de todas partes del país que se unieron sin importar diferencias religiosas, económicas o políticas y que desde el minuto 1 tomaron la iniciativa para rescatar a las víctimas, coordinar las labores de apoyo y crear centros de acopio para las víctimas. Esto evidenció y puso a prueba en muchos momentos la propia capacidad de reacción de las autoridades, debido, en gran parte, a la facilidad de comunicación que permitieron las redes sociales y las nuevas tecnologías de comunicación, pero sobre todo a un sentimiento de solidaridad y una causa de lucha; lo que sin duda ha ayudado a crear un movimiento fuerte ciudadano, no solo en la capital sino en todo el país. Es de llamar la atención que, hasta hace poco tiempo, la sociedad mexicana se mostraba desunida, débil y hasta cierto punto apática ante los problemas del país. Pero con los sismos, esto cambió. Una nueva mentalidad social se ha creado a partir del 7S y, sobre todo, del 19S. Mentalidad que amenaza con tener consecuencias políticas muy fuertes, sobre todo de cara al proceso electoral del próximo año.
Es importante señalar que el cambio político en México de los últimos años no se puede entender sin las consecuencias sociales, económicas y políticas que dejaron los sismos de 1985. Ahora, al igual que en 1985, existen las condiciones para que toda esta masa de ciudadanos unidos por la tragedia decida asociarse por una causa común hacia objetivos políticos más concretos. En 1985, cuando las autoridades mexicanas brillaron por su incapacidad fueron los ciudadanos que organizaron el proceso de rescate y recomposición. Esto ocasionó que en la ciudad de México se crearan organizaciones sociales y políticas que posteriormente se conformaron entorno a un nuevo partido político, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual ha sido clave en el desmoronamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó durante 7 décadas al país y a la capital. También, gracias a este movimiento, desde 1997 hasta ahora la izquierda ha gobernado la ciudad de México. La diferencia entre los temblores de 1985 y 2017 es que ahora el desencanto es hacia toda la clase política, lo que implica que este movimiento puede ser similar o hasta más fuerte que el de 1985.
Por ello, los fenómenos naturales del mes pasado en México, durante los cuales lamentablemente perdieron la vida centenares de personas y miles se vieron afectadas en sus patrimonios, han creado como efecto un terremoto político que amenaza con derrumbar el statu quo del establishment plutocrático mexicano y da esperanza a una nueva generación de mexicanos deseosos de reconstruir su país. 
Fotografía tomada de Noticieros Televisa.
Jorge Lara Borges
Politólogo e investigador asociado al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo, Suecia. Candidato a doctor en Ciencias Políticas y de la Administración, y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, España. Maestría en Ciencia Política por la Universidad de Södertörn, Suecia. Diploma de Estudios Avanzados, por la Universidad de Salamanca, España. Investigador invitado en el Instituto Universitario Europeo, Florencia, Italia. Licenciatura en Ciencia Política en la UAM, México. Ha trabajado como asesor parlamentario en las dos cámaras del Poder Legislativo en México. Consultor electoral y de gobiernos locales. Profesor invitado en la Universidad Iberoamericana, México. Fundador y coordinador del primer Observatorio Ciudadano en México. Temas de interés: democracia, transición democrática, gobernabilidad, partidos políticos, financiamiento partidista, corrupción, transparencia, paradiplomacia, modelo nórdicos, entre otros.
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