Nery R. Villatoro Robledo | Política y sociedad / HECHOS E IDEAS DE NUESTRO TIEMPO

Dos meses después de haber asumido la fiscala general, Consuelo Porras, se produjo un nuevo jueves de Cicig, esta vez para dar continuidad al caso Caja de Pandora, realizando alrededor de 17 allanamientos en distintas unidades de la Municipalidad de Guatemala. Pero hasta allí.

No debería ocurrir, en teoría, que en una institución se detengan procesos porque las autoridades que recién asumen deben primero “informarse” de la situación institucional para dar continuidad al trabajo. Puede entenderse que sea así respecto a los aspectos generales de la institución, pero no de procesos relativos a investigaciones en curso en asuntos que atañan a la persecución penal en casos de alto impacto, tal como aquellos en los que la Cicig juega un rol fundamental.

Aun con la explicación que públicamente ha dado la fiscala general, afirmando que su silencio obedece a que ha estado en un proceso de diagnóstico de la situación en la que se encuentra al Ministerio Público (MP), no convence respecto a la inmovilidad que se percibe en relación a la “lucha anticorrupción” iniciada en el 2015 con el caso La línea, en el que, por cierto, cada vez es más evidente el litigio malicioso para paralizar el proceso. La última acción en ese sentido la ha dado la exvicepresidenta Baldetti, quien se declaró enemiga del juez Miguel Ángel Gálvez para posteriormente recusarlo.

Meses antes de dejar el cargo, la anterior fiscala general, Thelma Aldana, y el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, afirmaron que en ese momento había casos que se encontraban en proceso de investigación; entre ellos uno que vincula al presidente Morales por financiamiento electoral ilícito. El tiempo se le agotó a la exfiscala y, con la señora Porras al frente del MP, no se ha sabido nada al respecto; se percibe que no se ha hecho gran cosa, o nada, para que avancen.

La suspicacia que levanta ese inmovilismo no es casual. El proceso de selección estuvo rodeado de desconfianza, y cuando la Comisión de Postulación dio a conocer el listado de los seis candidatos fue obvio que entre ellos se encontraba el o la “tapada”; de manera que el nombramiento de la señora Porras confirmó lo que se sospechaba. Empeñados como están en detener al MP y a la Cicig, ese nombramiento parece ser parte de una estrategia para frenar la persecución de quienes han “cooptado” al Estado, para utilizar la expresión del propio MP y de la Comisión, tanto de los que ya guardan prisión como de los que estarían vinculados a casos que aún se investigan (o se investigaban).

Una prueba de fuego, sin duda, será lo que ocurra a raíz de la denuncia de Edgar Gutiérrez en relación al acoso y abuso sexual contra mujeres jóvenes por parte del presidente, actos en los que también estarían involucrados altos funcionarios del Ejecutivo. Solamente una investigación exhaustiva dirá si lo que se denunció es cierto o no. Ello corresponde hacerlo al MP.

Hechos como los que denunció Gutiérrez no son nada nuevo; han sido un “secreto a voces”. Recuerdo que hace varios años una persona, que en ese momento trabajaba en una organización de promoción y protección de la niñez, afirmó que en la trata de personas hay empresarios y altos funcionarios involucrados. Años más tarde, alguien que ha trabajado en alguna organización que lucha contra la violencia hacia las mujeres afirmó también que altos funcionarios están involucrados en la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Ninguna de ellas quiso dar nombres por temor. Se ha sospechado que en los hechos ocurridos en el llamado, paradójicamente, Hogar Seguro, hay un asunto de trata que se temía fuera denunciado por algunas de las víctimas.

Por ahora, no se percibe que el MP vaya a seguir por la línea que venía trabajando desde el 2015. Al contrario, insisto, se respira un aire de estancamiento y retroceso. Ello, en medio de una ofensiva internacional dirigida desde el Legislativo y el Ejecutivo con el propósito de lograr la remoción del comisionado de la Cicig y debilitar el papel de la fiscala.

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa. Ejerce el periodismo de opinión desde hace 25 años. Es autor de estudios sobre la cuestión agraria, la tenencia y mecanismos de acceso a la tierra, y la seguridad alimentaria. Autor de varios ensayos políticos en revistas especializadas, y de más de mil artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita.

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