El sector informal en nuestras economías

-Fernando Zúñiga Umaña / EN EL BLANCO

El sistema económico de un país sería más eficiente si todos sus agentes se formalizaran. ¿Será eso cierto? Tendrá que ver el subdesarrollo con la existencia de informalidad, o viceversa. Según estadísticas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en América Latina hay cerca de 130.0 millones de personas trabajadoras en condición de informalidad, lo cual representa 47.7 % del total de trabajadores. El empleo informal incorpora a los trabajadores remunerados, ya sea por cuenta propia o asalariados que no se insertan dentro del marco jurídico, y no tienen ni las obligaciones ni los derechos de que gozan aquellos que son sometidos a las normas jurídicas y al conjunto de reglamentos laborales vigentes en un país. Hay tres aspectos que son resultado de la informalidad. (1) Esa cifra sorprendente implica que si relacionamos informalidad con la calidad del trabajo tenemos una enorme masa de trabajadores que tienen niveles diferentes de calidad de vida, si los comparamos con los del sector formal. (2) También se podría decir que dentro del sector informal hay una menor productividad, lo cual influye en la eficiencia global del sistema económico. (3) Y en el plano económico, se tiene lo que podríamos denominar «evasión» de impuestos por parte del informal.

La menor calidad de vida es producto de salarios inferiores, ausencia de seguridad social, riesgos del trabajo, salud ocupacional y un alto nivel de inestabilidad laboral que afecta emotivamente al trabajador, al no poder proyectar su situación en el tiempo. Debe agregarse que el impacto de la ausencia de seguridad social se amplía al núcleo familiar.

La productividad del sistema económico se reduce con el crecimiento del sector informal. En realidad esta afirmación no puede generalizarse, hay actividades informales que son muy eficientes, lo cual a mediano plazo motiva a estas empresas a la formalización. No obstante, la empresa formal tiene que ser más eficiente que la informal, para poder cubrir los costos de tal formalización y aun así mantener las ganancias.

La informalidad reduce el pago de impuestos por parte de las empresas, esto hace que el Estado se vea afectado en sus ingresos al dejar de percibir los impuestos que pagarían las empresas y sus trabajadores. Estos impuestos, además del que corresponde a las utilidades, incluyen licencias, permisos, patentes, pagos de cargas sociales, seguros, software, impuestos de ventas, etcétera.

En general, estos tres factores, que se convierten en consecuencias de la informalidad, afectan a trabajadores por cuenta propia, a propietarios y a asalariados del sector informal. También se vuelven elementos negativos de la sociedad civil, ya que aquellos contribuyentes del sector formal, que se ajustan al cumplimiento del pago de impuestos, son los que están financiando las obras del Estado, el sistema de salud, infraestructura social, educación, etcétera. Mientras que el sector informal solamente se está beneficiando y en buena parte disfrutando de los beneficios derivados de la acción estatal.

Se podría concluir hasta aquí que, ante un sector informal que afecta a sus participantes e indirectamente a la sociedad como un todo, la alternativa es su reducción, o sea, el establecimiento de políticas que busquen incrementar la formalización del sistema económico. Pero, en la apariencia, los gobiernos se mantienen muy pasivos ante esta situación, más bien son entidades internacionales, como el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quienes se encargan de estudiar el fenómeno y de plantear soluciones a los diferentes países.

Los gobiernos se benefician con el sector informal, dado que constituye un «colchón» entre el empleo y el desempleo, amortiguando el impacto de las diferentes crisis económicas que se presentan. Son alternativas para resolver el desempleo abierto, aunque ello incremente el subempleo y haga decrecer lo que la OIT ha dado en llamar trabajo decente, o sea gente que trabaje en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

Al empleo informal ingresan aquellos que salen del sector informal (desempleados), o aquella fuerza de trabajo que recién ingresa al sistema productivo y no pueden insertarse dentro del sistema formal. También lo hacen algunos retirados o jubilados con pensiones insuficientes para su supervivencia.

Se plantean muchas soluciones, los teóricos legalistas enfocan el problema en las barreras legales e institucionales para formalizarse. Promueven reducir las exigencias y requisitos, bajar los costos y los montos correspondientes al sistema impositivo. Ahí hay toda una gama de posibles soluciones, que por supuesto muchas tienen que ver con el burocratismo. Otros se refieren a la asistencia técnica para dar a conocer la transición a la formalización, capacitando a los informales y dándoles asistencia técnica. Enfoques estructuralistas se refieren a la promoción de empresas formales competitivas de alta productividad, que ingresen al mercado compitiendo con el sector informal a través de esa mayor eficiencia.

En todo caso, solamente con la persistencia de los diferentes gobiernos y con políticas que combinen los aspectos económicos y sociales en búsqueda del bienestar. El Estado debe tener una institución especialmente dedicada a esta labor y darle los recursos necesarios. Dicha institución tiene que ver con el sector económico, el laboral, el de ciencia y tecnología, y con hacienda.

La región centroamericana tiene prácticamente 60.0 % de su población económicamente activa en calidad de informal. Los gobiernos y el sector privado formal no hacen esfuerzos marcados en este campo, se habla mucho de emprendedurismo y de bienestar social, pero tal parece que nuestras economías descansan sobre débiles cimientos, que solamente se fortalecen dando una mayor inserción de las empresas en el sector formal, promoviendo el trabajo decente y la calidad de vida de los trabajadores.


Imagen principal por Fernando Zúñiga.

Fernando Zúñiga Umaña

Costarricense, estudioso de la realidad económico social y política nacional e internacional. Economista de formación básica, realizó estudios en la Universidad de Costa Rica y en la Flacso México. Durante más de 30 años laboró en la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente es director del Doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Consultor privado en el campo de la investigación de mercados, estudios socio económicos.

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