-gAZeta-

En el referéndum recientemente realizado en Ecuador, una de las preguntas clave, la tercera de siete, se refería tanto a la modificación del proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -CPCyCS-, como a la destitución de sus actuales miembros. Tal Consejo, establecido en la Constitución promulgada en 2008, y conocida como la Constitución de Monte Cristi, tiene a su cargo la designación de las autoridades encargadas del control y la fiscalización ciudadana.

En teoría, este organismo es el motor de la participación ciudadana en la designación de las autoridades, pues tiene a su cargo la nominación, entre otras altas autoridades, del procurador de la Nación, el defensor público, el Consejo de la Judiciatura y el Consejo Nacional Electoral y sus integrantes son escogidos con base en méritos, de entre el conjunto de propuestas que, al momento de la convocatoria, hagan las organizaciones de la sociedad.

En su intento por vaciar de poder al Congreso de la República y aislar a las distintas instancias de la función pública de los intereses muchas veces espurios de los partidos políticos, los constitucionalistas establecieron que este CPCyCS fuera nombrado por el Consejo Nacional Electoral, con lo que lamentablemente se produjo un circulo vicioso: los miembros de un organismo son, posteriormente a su nominación, encargados de seleccionar a quienes integrarán ese ente nominador.

Por si esto fuera poco, en el proceso de consolidación del correísmo, los distintos sectores opositores comenzaron a cuestionar la independencia de este Consejo de Participación Ciudadana, al que se le llegó a considerar como un apéndice de la Presidencia de la República y, en consecuencia, nominador de funcionarios totalmente afines y plegados a las opiniones y decisiones del, para entonces, Presidente.

Para el nuevo Gobierno, en consecuencia, no había posibilidad de alejar del poder al expresidente, pues todos los funcionarios le debían su nominación y, se suponía, respondían a sus intereses. Si bien Lenín Moreno logro ser nominado candidato y ganar las elecciones por el apoyo decidido de Rafael Correa, ejercer el poder en condiciones económicas y políticas adversas, depender de las decisiones del expresidente le resultaba más que complicado.

El régimen presidencialista ecuatoriano parecía así, a ojos de los críticos a Correa, un Gobierno bicéfalo, en el que si bien las decisiones ejecutivas estaban concentradas en el nuevo mandatario, los distintos órganos de control y fiscalización, respondían al anterior gobernante.

De esa cuenta, la tercer pregunta del referéndum no pretendía solamente modificar las formas de propuesta y selección de los miembros de este Consejo, las que ahora deberán realizarse por elección popular, sino, lo más urgente para el presidente Moreno, destituir a sus actuales integrantes para así, poder evitar que en los distintos órganos de control donde se deberán escoger sustitutos, la selección no responda a las orientaciones y decisiones del expresidente.

Si bien esta cuestión, como se comprobó luego del referéndum, es apoyada por más del sesenta por ciento de los sufragios (63.08 %), en términos jurídicos resulta complicada, pues, como ya falló la Comisión Interamericana de Justicia, la destitución de los actuales miembros, aunque decidida en una consulta popular, resulta violatoria a sus derechos, por lo que solicitó que la Corte Interamericana gestione medidas de protección para estos, a lo que el Gobierno de Ecuador se opone, creando desde ya un conflicto con el ente protector de los derechos humanos en la región.

Por lo que se entiende, para la CIDH si bien el cambio en la forma de nominación de los miembros de dicho Consejo de Participación Ciudadana puede llevarse a cabo cuando corresponda, no es legítimo retirar de un plumazo a sus actuales miembros. Y a Moreno no le importa tanto cómo se escoja a los sucesores, lo que le interesa es romper cuanto antes y de manera total el cordón umbilical que le une y ata a Rafael Correa y al correímo en su conjunto, para así poder aplicar las políticas que considere adecuadas para el futuro del país y simpáticas a los sectores de poder que ahora le apoyan. Si bien camina a resolver sus problemas internos, comienza a tener problemas con el derecho internacional que tanto necesita respetar para ser apoyado internacionalmente.

De nuevo, en Ecuador se constata que el presidencialismo es cada vez más una forma de gobierno que en lugar de fortalecer la cultura democrática de nuestros países la debilita. Los presidentes representan al fin de cuentas proyectos personales, mismos que, de una elección a otra, aunque el sucesor sea de la misma organización, se producen quiebres que limitan, en mucho, la continuidad de las políticas públicas establecidas por el antecesor.

Si bien la organización partidaria de Correa fue la misma que apoyó a Moreno, en este momento se encuentra ya fracturada de manera casi irreconciliable. Los correístas pueden considerar que su líder cuenta con el apoyo de la la tercera parte de los electores, quienes de manera clara votaron no en las preguntas políticas claves del referéndum. Es un capital electoral nada despreciable, especialmente si se considera que Moreno obtuvo 39.36 % de los votos válidos en el primer turno de la elección presidencial, que se traducen en 29 % si se considera el total de electores.

Bien puede decirse que el correísmo que votó por Moreno en ese primer turno, en el referéndum se mantuvo fiel al líder. Moreno, por su parte, debió cosechar el 63 % a favor de sus preguntas entre los que no votaron por él en el primer turno de las elecciones presidenciales. Por lo que si Correa no es, para nada, un cadáver político, Moreno tendrá que gobernar con la agenda de quienes esta vez le dieron el espaldarazo para alejar el fantasma de su antecesor, pues, de lo contrario, puede correr la suerte de todos los expresidentes que, anteriores a Correa, no consiguieron concluir su mandato.

Dependerá, tanto de la habilidad de Moreno para gobernar, como de la cordura y visión de largo plazo de Correa para administrar su capital político, que Ecuador no regrese a lo que era antes de 2007.

Por Virgilio Álvarez Aragón, con informaciones de Juan Martines Yanes.

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